Este proyecto aprobado en el seno del Ejecutivo buscaría en la práctica colocar trabas a los pobladores de provincias que pudieran sentirse afectados por la presencia de obras de inversión privadas en sus zonas y que, por ejemplo, sean realizadas sin el debido estudio previo de impacto ambiental.
Así lo advirtió la vocera del Grupo de Lucha Contra la Corrupción (GLCC), Inés Arias, quien dijo que esta propuesta vulneraría el derecho a la justicia de la población, pues obliga al pago de una caución que no podría ser pagada por los afectados.
Acotó que esta norma se suma a los cuestionados decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo que flexibilizan el estudio ambiental requerido para iniciar una obra de inversión privada.
Fue la propia ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien al término del Consejo de Ministros informó complaciente a la prensa la aprobación de este proyecto presentado por su despacho.
Dijo que esta iniciativa modifica parte del Código Procesal Constitucional sobre medidas cautelares “conseguidas de manera indebida, incluso por jueces al interior del país relacionados a procesos de inversión privada o que impliquen paralización de servicios públicos”.
Afirmó que muchas personas interesadas indebidamente en muchos casos recurren a jueces al interior del país. Agregó que este proyecto fue elaborado en la Comisión de Alto Nivel Contra la Corrupción que integra su portafolio.
Aseguró que para la confección de esta iniciativa se recogieron las necesidades reclamadas por los pobladores y se ufanó en sostener que esta medida no busca favorecer la inversión proveniente de grupos de poder económico.
Pero, lo que no dijo es que fue el gremio que reúne a los empresarios peruanos, es decir, la Confiep, miembro de esta comisión, la que propuso este proyecto y que –incluso- participó en el equipo técnico que lo elaboró.
Tampoco informó la ministra, aunque luego tuvo que reconocerlo al ser consultada por diario16, que algunos casos presentados en provincia serán vistos por jueces de Lima.
En este sentido, la vocera del Grupo de Lucha Contra la Corrupción (GLCC), Inés Arias, advirtió que lo que el gobierno pretende es centralizar en Lima algunos casos para que sean vistos por jueces de la capital. Este hecho contraviene la actuación de un juez natural y restringe el derecho al acceso de justicia de las poblaciones locales. “Es como si nos dijeran que solo los jueces de provincia pudieran ser corruptos y los de Lima no”, arguyó.
Consideró que es función de la Comisión de Alto Nivel velar por la probidad y la imparcialidad de los magistrados y no realizar modificatorias vinculadas a la inversión privada en el país, lo que – sostuvo- le parece extraño.
Además, criticó que se generalice y se presente todo reclamo ante un juez, de ser producto de la piconería de algún postor que perdió en una licitación.
Vilma Escalante vescalante@diario16.com.pe
Fuente: http://diario16.com.pe/noticia/1321-se-abre-nueva-pola-mica
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