IDL-Seguridad Ciudadana
“Estamos reuniéndonos en Fiori. Somos un buen grupo, coordinamos por WhatsApp. La situación es insoportable. No tenemos bien con qué comer, de qué vivir. Preferimos volvernos a...
nuestras tierras. Somos varios. Si el Gobierno no nos quiere apoyar, llegaremos caminando”, afirmó convencido Edgar Yenque, natural de Sullana, región de Piura. Así como él, un gran número de peruanos y peruanas han emprendido un largo éxodo hacia sus regiones. ¿Pero por qué huyen estas personas? ¿Por el virus? ¿Por el miedo a la enfermedad? No, es por la falta de recursos para subsistir.
La pandemia provocada por el nuevo coronavirus no solo ha traído una inédita crisis sanitaria, sino que viene causando una crisis humanitaria sin precedentes. Cada día, se pueden escuchar innumerables noticias sobre cientos de migrantes internos que se desplazan por las avenidas principales de Lima, rumbo a las carreteras interregionales. El Gobierno y las fuerzas del orden se han visto sorprendidos e impotentes ante tal situación. El aislamiento social obligatorio, en este caso, viene incumpliéndose con creces. Y no es para menos. A estas personas, una parte de la prensa y el imaginario social vienen llamándolos “caminantes”. Pero tal figura fílmica, cuasi-apocalíptica, es incorrecta. En realidad son retornantes, migrantes desplazados que se han visto obligados a volver a sus regiones por falta de ingresos y recursos básicos para su subsistencia, los que no pueden conseguir por la prolongación de la cuarentena. No es el miedo al virus la causa de este retorno, es el miedo al hambre.
En Lima Metropolitana, según el último censo nacional del 2017, se han registrado 3 404 581 personas nacidas fuera de la ciudad, en las diferentes regiones del país. Es decir, 1 de cada 3 personas en la capital son migrantes internos. Y ni qué decir de sus hijos o sus nietos. La bibliografía académica calcula que 9 de cada 10 limeños tienen orígenes en el interior del país desde que empezaron las grandes migraciones a mediados del siglo XX. Aquí se han formado, desde hace décadas, redes de apoyo y esfuerzos en conjunto entre migrantes. Pero cuando la situación se hace insostenible, el último recurso que queda es el retorno. Y se vuelven a apelar a los lazos comunitarios.
“Nos hemos organizado gente que viene de Sullana, Bayóvar, La Unión. Así entre varios queremos irnos. Por lo menos en nuestras tierras está nuestra familia, tenemos allí las chacras, los negocios, algo con qué vivir. Aquí ya no hay con qué. No nos han dado bono, se agarran las canastas, qué vamos a tener AFP. No hay nada. ¿Qué más nos queda?”, comenta Juan Antón, proveniente del Bajo Piura.
Ante tal desplazamiento, y un buen número de grupos organizándose en toda la capital, el Gobierno ha decidido facilitar traslados humanitarios interregionales. Pero esto no ha hecho más que incrementar la demanda de personas que quieren volver a sus lugares de origen. Los Gobiernos regionales han sido los encargados de elaborar listas en donde se prioricen a personas vulnerables (como mujeres gestantes, adultos mayores, discapacitados, personas de bajos recursos económicos, entre otros). Tan solo en Cajamarca se registraron 31 025 solicitudes de retorno.[1] Todo un problema. Y si bien el Gobierno central ha dicho que solo concederá un número limitado de vacantes para los traslados, las personas se organizan cada vez más y se concentran en las carreteras exigiendo apoyo.
¿Cuáles son las causas más profundas de esta crisis? La pandemia y la dureza de la cuarentena no han puesto más que en evidencia la precariedad del sistema social y las estructuras económicas de nuestro centralizado país. Según el INEI,[2] se estima que en Lima un 20.5 % de sus habitantes vive en pobreza y un 2.8 % en pobreza extrema. El cálculo se hace desde el enfoque de pobreza monetaria, que considera que el gasto mínimo mensual por persona —para no ser considerado pobre— es de S/ 344. Quiere decir que una familia de cuatro integrantes (mamá, papá y dos hijos) necesitaría un mínimo de S/ 1366 para su canasta familiar básica.
Las críticas en torno a tal cálculo metodológico no han faltado. ¿Acaso es posible considerar que una familia promedio, de cuatro integrantes, pueda ser considerada no pobre si tiene un ingreso de S/ 1400 mensuales? De hecho, bajo este criterio se le consideraría de clase media. La crisis provocada por la pandemia desenmascara esta falacia. Nuestras precarias clases medias, ante la imposibilidad de obtener recursos continuos, vienen engrosando rápidamente el sector de pobreza desde la declaración de cuarentena. El maquillaje utilizado para ocultar tal situación se hace insostenible, y terminan echando abajo los discursos triunfalistas de “eliminación de la pobreza” que los distintos Gobiernos han venido proclamando desde, por lo menos, hace dos décadas.
Pero para comprender mejor las dimensiones de la pobreza, y los mecanismos que la provocan, es necesario mirar más allá de los ingresos económicos. En un país donde el acceso a servicios básicos, alimentación, salud, vivienda, educación, cultura, entre otros, tiene serios problemas de calidad y cobertura, no hace más que evidenciar las brechas de desigualdad que existen con respecto a sectores más holgados. Aquellos que no sufren por igual esta cuarentena. Y para eliminar estas brechas, es necesario construir los indicadores adecuados, donde no se maquille tal precariedad. Así, resulta llamativo que en Lima Metropolitana, donde se calcula que existen 5 230 300 personas que forman parte de la población económicamente activa (PEA), se afirme que el 60.8 % de personas ocupadas se encuentren “adecuadamente empleadas”.[3] Nuevamente se echan por la borda este tipo de afirmaciones, en un contexto de pandemia en donde la mayor carga del impacto económico la vienen sosteniendo los trabajadores.
“Yo estuve como ayudante de cocina en un restaurante. Tenemos un contrato, sí, pero ahora dicen que nos han suspendido. Igual pienso que no me iban a renovar, porque el contrato es de tres meses. Cada tres meses te hacen nuevo contrato […]. No tengo ahorros, me vence el alquiler y el casero quiere botarnos. ¿Qué hacemos?”, se pregunta Fátima Zapata, quien ha empezado a tomar contacto con un grupo de retornantes que quieren dirigirse a Huancayo, la tierra de sus padres.
Con el correr de los días, la propagación del virus se hace más aguda y los enfermos más graves están a punto de colapsar el sistema sanitario. Sin embargo, la extensión de la cuarentena y la suspensión de actividades económicas están poniendo entre la espada y la pared a muchas personas. Ya es evidente que existe una crisis humanitaria para miles de peruanos y peruanas. Ante esta situación, los migrantes de retorno siguen desplazándose por todos los rincones de la ciudad, exponiéndose al contagio del virus, como ya ha venido ocurriendo. Las subvenciones otorgadas por el Gobierno son insuficientes y no han sido debidamente focalizadas. Urge una respuesta que no solo sea un mero paliativo de la crisis, como el que finalmente ha terminado provocando que cada día más y más personas se expongan a la enfermedad para no padecer los estragos del hambre.
[1] Noticias SER: http://www.noticiasser.pe/opinion/mas-de-31-mil-personas-solicitan-retorno-humanitario-cajamarca.
[2] Las últimas estimaciones son del 2018.
[3] La estimación es del INEI, para el primer trimestre de este 2020.
Publicado en: https://idl.org.pe/los-retornantes-por-que-existe-un-exodo-de-migrantes-internos-hacia-las-regiones/