Los últimos pasajeros

En los últimos meses se han verificado algunos casos de flagrantes conflictos de intereses en el gobierno relacionados, principalmente, con asuntos mineros y ambientales, que han sido destapados por la prensa. Al parecer algunos ministros, como el de Energía y Minas (MEM), Jorge Merino Tafur, y  del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, pese a su experiencia profesional y académica, no son duchos en detectar cuando incurren, ellos o sus subordinados, en esta irregularidad que podría constituirse en delito.

 

No se necesita ser abogado para entender que un funcionario público incurre en esta falta y/o delito cuando “…el servidor tiene un interés que compromete, parezca comprometer o es posible que comprometa su objetividad en la toma de decisiones… o constituya un provecho  para sí o para otra persona con la que tenga una relación directa o indirecta.” (Diccionario Jurídico).

 

Luis Zavaleta Vargas: Director General de Hidrocarburos del MEM

 

Fue removido del cargo el 29 de marzo pasado, a poco más de un mes de ser designado (22/2/2012). Se descubrió que era el propietario de...

una de las mayores empresas acopiadoras y exportadoras de oro del país, -Universal Metal Trading S.A.C., fundada en 1999,  la misma que “desde hace un tiempo está en la mira de las autoridades que luchan contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, por existir indicios que compra oro obtenido ilícitamente, a través de dos oficinas que operan en los centros de las mafias de extracción ilegal de este metal en Puerto Maldonado, y Huepetuhe (El Comercio 24/2/2012)”. ¿No conocía el ministro Merino la trayectoria de quien había nombrado?

 

Susana Vilca: Viceministra de Minas

 

El 21 de enero de este año fue aceptada su renuncia, aunque luego fue designada como Jefa del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (Ingemmet). Se habló de conflicto de intereses al registrar la titularidad de 17 concesiones mineras durante varios años, que no fueron incluidas en la declaración jurada al momento de jurar el cargo. Se supo que hasta el año pasado, cuando era viceministra figuraban en el registro del Ingemmet tres concesiones vigentes a su nombre: La Quebradita, VHL y Brandon HV. Las primeras dos ya fueron transferidas y la última está en proceso  desde el 2005, razón por la que aún figura a su nombre y que tampoco mencionó en su declaración jurada. (El Comercio 23/11/2012).

 

Gustavo Luyo Velit: Viceministro de Minas

 

El ingeniero Luyo duró apenas 3 días en el cargo. El sábado 21 de enero salió la resolución mediante la cual reemplazaba a la renunciante exviceministra Susana Vilca, y el martes 24 fue removido del puesto. Según se conoció se vio obligado a renunciar al percatarse que tenía incompatibilidad con el cargo,  al registrar concesiones de minería artesanal a su nombre y de su sociedad conyugal, sin que esta sea su única fuente de ingresos. Según explicó el analista Miguel Santillana, su renuncia se debió a que “se ha descubierto que aún tendría temas pendientes que resolver vinculados a su gestión profesional, y no hacerlo afectarían la gestión del Gobierno”.

 

Jorge Merino Tafur: Ministro de Energía y Minas

 

Juramentó el 11 de diciembre del 2011. El ministro ha cuestionado el Programa de Reestructuración presentado por la empresa, refiriéndose a las demandas planteadas por Doe Run Perú en el exterior, así como a la responsabilidad en la remediación de los suelos contaminados por plomo. 

 

Merino olvida que fue uno de los artífices de la privatización de la refinería de La Oroya en octubre de 1997, y que el contrato de privatización lleva su firma a nombre del Estado. Allí se establece que los juicios relacionados con la contaminación de plomo corren por cuenta de Centromin Perú. Este contrato negociado por Merino con DRP señala: “…Centromin asumirá la responsabilidad por cualesquier daños, perjuicios y reclamos de terceros atribuibles a las actividades de la empresa, Centromin, y/o sus predecesores… inclusive, hasta después del vencimiento del PAMA.” (art.6.2 y 6.3).

 

En el mismo contrato Merino decidió que la remediación  de suelos contaminados por plomo acumulados durante 90 años de explotación (desde 1922 a la fecha) quedaba a cargo de Centromin Perú, hoy Activos Mineros. Es más, este problema se pudo solucionar durante su gestión como Presidente del Directorio de Centromin Perú (1998 – 2002), pero incumplió esta obligación contractual y moral de descontaminar los suelos de La Oroya, para el cual contaba con fondos por US$ 60 millones.

 

Manuel Pulgar Vidal: Ministro del Ambiente

 

Ingresó el mismo día 11, durante la recomposición del gabinete Valdés. Ha señalado que “DRP tiene que cumplir sus obligaciones ambientales, sin iniciar procesos judiciales por todos lados”. Sin embargo, este ministro “olvida” que cuando fue director ejecutivo de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), (1994 al 2011), él sí estaba a favor de las demandas internacionales. Más aún, promovió la presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice y CEDHA, de Argentina (Petición 1473-06), contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por acciones y omisiones estatales frente a la contaminación ambiental a que eran expuestos los pobladores de La Oroya (5/8/2009). Se basaban en estudios de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud.

 

La petición especificaba que el Estado había omitido las obligaciones que le correspondían, “específicamente la recuperación del suelo y partículas sedimentarias, siendo notorio que sin la remediación del suelo… las campañas de limpieza tienen poco valor”. Ahora, dando un giro de 180 grados,  pretende que DRP se haga cargo del pasivo ambiental del Estado peruano.  

 

Finalmente, es importante señalar que llama la atención que todos estos conflictos de intereses se desarrollen en el sector más dinámico de la economía, el minero, muy relacionado con el tema ambiental.

Fuente: http://diario16.pe/noticia/15298-los-aoltimos-pasajeros