En diversas oportunidades los fujimoristas han calificado de “injusta”
la condena que han recibido tanto su líder, Alberto Fujimori, como los
miembros del grupo Colina, sentenciados a 25 años de prisión por los
crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Martha Chávez, por ejemplo, ha justificado el accionar criminal de...
esta organización paramilitar porque, según ella, el objetivo, que era controlar el terrorismo, así lo ameritaba.
La idea de la congresista de que el fin justifica los medios fue la que instauró el régimen de Fujimori en la década del 90. Eso está plasmado en la acusación fiscal por el caso del asesinato de Mariela Barreto.
“La finalidad fue eliminar toda posibilidad de detección, por parte de la opinión pública, acerca de la política de exterminio de grupos terroristas que venía realizando el régimen de Alberto Fujimori”, señala la fiscal superior Delia Espinoza Valenzuela.
Queda claro, entonces, que Fujimori tenía conocimiento de que el grupo Colina, dirigido por Santiago Martín Rivas, realizaba ejecuciones extrajudiciales. En otras palabras, cometía violaciones a los derechos humanos de manera sistemática.
Sobre el ilegal accionar de los colina, la fiscal superior Espinoza Valenzuela señala que “los medios empleados, habiendo usado personal de las Fuerzas Armadas debidamente armado y camuflado”, eran parte del modo en que este grupo paramilitar actuaba en los diversos operativos que llevó a cabo.
Otro punto que destaca la fiscal superior es que los miembros del grupo Colina fueron en contra de su deber, ya que ellos, al ser agentes militares, “tienen como premisa proteger a los ciudadanos de cualquier hecho ilícito”. Lo que ocurrió en realidad es que ellos fueron los que actuaron de manera ilegal.
LA CABEZA FUE FUJIMORI
Asimismo, la fiscal superior no tiene dudas de que el expresidente Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento del accionar del grupo Colina y también del plan Tigre 96.
“Respecto al régimen de Fujimori, se puede constatar que el nivel superior estratégico fue compuesto por él, como presidente y comandante de las Fuerzas Armadas; Vladimiro Montesinos, como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); y Nicolás de Bari Hermoza Ríos, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, señala.
Como se sabe, el plan operativo Tigre 96, que habría sido elaborado por Montesinos con conocimiento de Fujimori, tenía como objetivo detectar, identificar, neutralizar y capturar al personal militar que había entregado información a los medios de comunicación durante el régimen de Fujimori, que “ponía en riesgo su perpetuidad”.
Por esa razón, la fiscal superior ha solicitado la cadena perpetua para Vladimiro Montesinos y exmiembros del grupo Colina, así como el pago de una reparación civil de 900 mil soles.
TESTIMONIOS CONTUNDENTES
La acusación de la fiscal superior se basa, por ejemplo, en la declaración de instructiva que brindó el procesado Juan Yanqui Cervantes, quien en la fecha del asesinato de Mariela Barreto era director de Inteligencia del Ejército.
“En su condición de director del Ejército reconoce la existencia del plan operativo Tigre 96 (…) Dicha versión corrobora la existencia del plan operativo para eliminar a las personas que aparentemente filtraban información confidencial a la prensa a fin de que la opinión pública tome conocimiento de los graves delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori, que obstaculizaban su permanencia en el cargo”.
De igual manera, está la declaración testimonial del excolina Julio Chuqui Aguirre, quien señala que en 2001, cuando se encontraba recluido en el penal de Lurigancho por el caso Barrios Altos, también ingresó como detenido Ángel Pino Díaz, chofer y hombre de confianza de Santiago Martín Rivas.
Según Chuqui Aguirre, Pino Díaz le confesó que tenía conocimiento de que los excolinas Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola y José Alarcón Gonzales habían matado a Mariela Barreto.
EL DATO
En su denuncia, la fiscal superior Delia Espinoza Valenzuela presentó a 27 testigos para que sean citados a declarar por el caso del asesinato de Mariela Barreto.
Martha Chávez, por ejemplo, ha justificado el accionar criminal de...
esta organización paramilitar porque, según ella, el objetivo, que era controlar el terrorismo, así lo ameritaba.
La idea de la congresista de que el fin justifica los medios fue la que instauró el régimen de Fujimori en la década del 90. Eso está plasmado en la acusación fiscal por el caso del asesinato de Mariela Barreto.
“La finalidad fue eliminar toda posibilidad de detección, por parte de la opinión pública, acerca de la política de exterminio de grupos terroristas que venía realizando el régimen de Alberto Fujimori”, señala la fiscal superior Delia Espinoza Valenzuela.
Queda claro, entonces, que Fujimori tenía conocimiento de que el grupo Colina, dirigido por Santiago Martín Rivas, realizaba ejecuciones extrajudiciales. En otras palabras, cometía violaciones a los derechos humanos de manera sistemática.
Sobre el ilegal accionar de los colina, la fiscal superior Espinoza Valenzuela señala que “los medios empleados, habiendo usado personal de las Fuerzas Armadas debidamente armado y camuflado”, eran parte del modo en que este grupo paramilitar actuaba en los diversos operativos que llevó a cabo.
Otro punto que destaca la fiscal superior es que los miembros del grupo Colina fueron en contra de su deber, ya que ellos, al ser agentes militares, “tienen como premisa proteger a los ciudadanos de cualquier hecho ilícito”. Lo que ocurrió en realidad es que ellos fueron los que actuaron de manera ilegal.
LA CABEZA FUE FUJIMORI
Asimismo, la fiscal superior no tiene dudas de que el expresidente Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento del accionar del grupo Colina y también del plan Tigre 96.
“Respecto al régimen de Fujimori, se puede constatar que el nivel superior estratégico fue compuesto por él, como presidente y comandante de las Fuerzas Armadas; Vladimiro Montesinos, como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); y Nicolás de Bari Hermoza Ríos, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, señala.
Como se sabe, el plan operativo Tigre 96, que habría sido elaborado por Montesinos con conocimiento de Fujimori, tenía como objetivo detectar, identificar, neutralizar y capturar al personal militar que había entregado información a los medios de comunicación durante el régimen de Fujimori, que “ponía en riesgo su perpetuidad”.
Por esa razón, la fiscal superior ha solicitado la cadena perpetua para Vladimiro Montesinos y exmiembros del grupo Colina, así como el pago de una reparación civil de 900 mil soles.
TESTIMONIOS CONTUNDENTES
La acusación de la fiscal superior se basa, por ejemplo, en la declaración de instructiva que brindó el procesado Juan Yanqui Cervantes, quien en la fecha del asesinato de Mariela Barreto era director de Inteligencia del Ejército.
“En su condición de director del Ejército reconoce la existencia del plan operativo Tigre 96 (…) Dicha versión corrobora la existencia del plan operativo para eliminar a las personas que aparentemente filtraban información confidencial a la prensa a fin de que la opinión pública tome conocimiento de los graves delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Alberto Fujimori, que obstaculizaban su permanencia en el cargo”.
De igual manera, está la declaración testimonial del excolina Julio Chuqui Aguirre, quien señala que en 2001, cuando se encontraba recluido en el penal de Lurigancho por el caso Barrios Altos, también ingresó como detenido Ángel Pino Díaz, chofer y hombre de confianza de Santiago Martín Rivas.
Según Chuqui Aguirre, Pino Díaz le confesó que tenía conocimiento de que los excolinas Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola y José Alarcón Gonzales habían matado a Mariela Barreto.
EL DATO
En su denuncia, la fiscal superior Delia Espinoza Valenzuela presentó a 27 testigos para que sean citados a declarar por el caso del asesinato de Mariela Barreto.
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