Pretende que el Estado le devuelva lo que gastó.
El regidor y presidente de la comisión de Asuntos legales del Concejo Metropolitano de Lima, Marco Antonio Zevallos, criticó la pretensión de los promotores de la revocación a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de pedir el reembolso del dinero utilizado en este proceso que pretende desestabilizar la gestión municipal.
"Pretende que le devuelvan el dinero de campaña para... revocar a Susana Villarán. "
Marco Tulio Gutiérrez, el operador principal de los revocadores, dijo
que está en pleno recojo de información para cobrarle al Estado,
amparándose en la Ley 26300, el dinero que gastó en el proceso.
Gutiérrez calculó en 600 mil soles el costo de los planillones en los que llenó un millón 200 mil firmas recolectadas, de las cuales solo eran válidas poco más de 400 mil.
Según la Ley 26300, de los derechos de participación y control ciudadanos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendría que rembolsar el dinero solamente si se logra la revocatoria de la alcaldesa y de los regidores, pero antes el revocador tendría que demostrar de dónde provienen los gastos.
El regidor Zevallos indicó que “es contradictorio que se pretenda este reembolso cuando todavía ni siquiera se ha dado todo el proceso de consulta popular”.
Indicó que la ley exige la devolución del dinero siempre y cuando los gastos estén acreditados debidamente, pero los revocadores “hasta ahora no han demostrado de dónde sacaron el dinero no solo para comprar los planillones, sino para los otros gastos de su campaña”.
Añadió que no ha existido ninguna fiscalización o contabilidad que pueda certificar los gastos. “Hasta ahora estamos esperando lo que el señor Marco Tulio señaló con respecto a que iban a pasar en 24 horas una sustentación de sus gastos, cosa que hasta la fecha no se ha hecho”, dijo.
INTELIGENCIA FINANCIERAA su vez, el personero de Fuerza Social, Juan Manuel Velarde, coincidió con Zevallos que los promotores de la revocatoria deben aclarar la procedencia de los fondos que utilizaron para financiar la campaña contra la gestión edil antes de pensar en el reembolso que pagaría el Jurado Nacional de Elecciones.
“Tienen que demostrar todos los gastos, el JNE debe investigar de dónde vienen estos fondos, he solicitado que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue porque hay cosas turbias”, señaló.
Indicó que el máximo ente electoral debe investigar la procedencia de los fondos porque la poca transparencia mostrada en la recolección de firmas puede demostrar una perversión en la voluntad de los firmantes.
“La unidad de Inteligencia Financiera debe intervenir porque si revisas el artículo 186 de la Constitución verás que la ley dice que la voluntad debe ser libre, auténtica y espontánea, y si te doy fideos a cambio de firmas dónde queda aquello de La Libertad, autenticidad y la espontaneidad”, finzalizó.
Ramiro Angulo M.
Redacción
Gutiérrez calculó en 600 mil soles el costo de los planillones en los que llenó un millón 200 mil firmas recolectadas, de las cuales solo eran válidas poco más de 400 mil.
Según la Ley 26300, de los derechos de participación y control ciudadanos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendría que rembolsar el dinero solamente si se logra la revocatoria de la alcaldesa y de los regidores, pero antes el revocador tendría que demostrar de dónde provienen los gastos.
El regidor Zevallos indicó que “es contradictorio que se pretenda este reembolso cuando todavía ni siquiera se ha dado todo el proceso de consulta popular”.
Indicó que la ley exige la devolución del dinero siempre y cuando los gastos estén acreditados debidamente, pero los revocadores “hasta ahora no han demostrado de dónde sacaron el dinero no solo para comprar los planillones, sino para los otros gastos de su campaña”.
Añadió que no ha existido ninguna fiscalización o contabilidad que pueda certificar los gastos. “Hasta ahora estamos esperando lo que el señor Marco Tulio señaló con respecto a que iban a pasar en 24 horas una sustentación de sus gastos, cosa que hasta la fecha no se ha hecho”, dijo.
INTELIGENCIA FINANCIERAA su vez, el personero de Fuerza Social, Juan Manuel Velarde, coincidió con Zevallos que los promotores de la revocatoria deben aclarar la procedencia de los fondos que utilizaron para financiar la campaña contra la gestión edil antes de pensar en el reembolso que pagaría el Jurado Nacional de Elecciones.
“Tienen que demostrar todos los gastos, el JNE debe investigar de dónde vienen estos fondos, he solicitado que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue porque hay cosas turbias”, señaló.
Indicó que el máximo ente electoral debe investigar la procedencia de los fondos porque la poca transparencia mostrada en la recolección de firmas puede demostrar una perversión en la voluntad de los firmantes.
“La unidad de Inteligencia Financiera debe intervenir porque si revisas el artículo 186 de la Constitución verás que la ley dice que la voluntad debe ser libre, auténtica y espontánea, y si te doy fideos a cambio de firmas dónde queda aquello de La Libertad, autenticidad y la espontaneidad”, finzalizó.
Ramiro Angulo M.
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