Autor Ana Bazo Reisman
El Ministerio Público analiza
la denuncia contra el expresidente y otros dos exfuncionarios por las
irregularidades en la concesión del Metro de Lima a la empresa
Odebrecht.
Presuntos delitos. Los tres exfuncionarios afrontarían una acusación fiscal por delitos contra la Administración Pública. La Procuraduría no explicó que delitos habrían cometido. Sin embargo, el abogado penalista Carlos Caro Coria explicó a RPP Noticias que en este tipo de casos suelen configurarse, por lo menos, dos delitos: colusión desleal y negociación incompatible.
- Colusión desleal: es un tipo penal cometido por un funcionario que, debido a un acuerdo previo, utiliza su cargo para beneficiar a un tercero en un proceso de contratación o licitación. El artículo 384 del Código Penal sanciona esta conducta con tres a 15 años de prisión.
- Negociación incompatible: también es conocida como aprovechamiento indebido del cargo. Este delito es cometido cuando el funcionario o servidor público centra su interés en un contrato para sacar provecho propio o beneficiar a un tercero. El artículo 399 del Código Penal castiga este delito con cuatro a seis años de cárcel.
Consultado sobre la posibilidad de que la Procuraduría haya señalado el delito de cohecho pasivo (recibo de coima), el especialista respondió que "sería muy aventurado formularlo, pues primero la Procuraduría tendría que manejar indicios sobre la existencia de sobornos o pagos a los involucrados".
A esa misma ceremonia asistió Jorge Barata, quien en ese momento era director ejecutivo de Odebrecht en el Perú. La empresa brasileña había ganado la concesión de la Interoceánica, que se firmó durante el Gobierno de Alejandro Toledo.
Extraña movida. Tras este encuentro con Barata en Cusco, asegura el medio, García reunió de emergencia a su Gabinete de Ministros. ¿El motivo? Cambiar de administración al nuevo proyecto del Metro de Lima. La obra estuvo en un inicio encargada a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que encabezaba el alcalde Luis Castañeda Lossio.
Sin embargo, la noche que García retornó a la capital, se decidió pasar la obra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Cornejo. Esta modificación fue aprobada mediante Decreto de Urgencia, que se publicó el 28 de febrero.
¿Qué hizo el MTC? Al mando de Cornejo, el ministerio tuvo control sobre los recursos de la obra. A través de otros cinco decretos supremos, se reforzó el poder sobre el proyecto y las entidades fiscalizadoras como la Contraloría y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) no pudieron intervenir.
Para diciembre, diez meses después de la convocatoria de urgencia, el proyecto ya tenía contrato. El ganador de la concesión fue el consorcio Tren Eléctrico Lima, integrado por Odebrecht y la peruana Graña y Montero. La inversión inicial fue de 410 millones de dólares.
Detenidos. La licitación de la obra no fue limpia y los primeros involucrados ya cayeron. Como parte de un acuerdo de información entre las fiscalías de Brasil y Perú, se supo que la empresa brasileña depositó unos 500 mil dólares en sobornos a Edwin Luyo en una cuenta offshore a su nombre. Luyo era el presidente del Comité de Licitación del Metro de Lima y fue detenido el 20 de enero pasado.
A él le siguieron el exviceministro de Comunicaciones del MTC, Jorge Cuba; el exfuncionario del MTC, Miguel Ángel Navarro; y la pareja de Cuba, Jessica Tejada. El exviceministro habría recibido dos depósitos que sumaron cerca de dos millones de dólares. Los movimientos bancarios se realizaron con ayuda de una empresa offshore, de la cual Tejada tenía la mayor parte de las acciones.
EL ROL DE PLASENCIA
Según la Comisión Lava Jato del Congreso, el ex
director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima
(AATE), Oswaldo Plasencia, fue pieza clave en el caso. Un informe del
grupo de trabajo parlamentario explicó que tuvo "plenos poderes para
aprobar adendas, adicionales de obras, expedientes técnicos definitivos
sin necesidad de contar con la opinión de la Contraloría".
Trabajó como colaborador de Enrique Cornejo y exasesor de García en el
despacho presidencial por disposición de Provías Nacional.
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