Una sentencia dictada el 14 de junio de 2013 por el Tribunal Constitucional (TC) había determinado que...
no hubo crímenes de lesa humanidad en la matanza ocurrida en el desaparecido penal El Frontón, en julio de 1986, durante el mandato de Alan García.
no hubo crímenes de lesa humanidad en la matanza ocurrida en el desaparecido penal El Frontón, en julio de 1986, durante el mandato de Alan García.
De acuerdo a la resolución, no existían indicios que probaran una gestión premeditada de la gestión de García Pérez para
acabar con la vida de los internos que se amotinaron. Asimismo, el TC
afirmaba que “tampoco puede ser entendido como un ataque generalizado y
sistemático contra la población civil, punto fundamental para calificar
lo ocurrido como crimen de lesa humanidad”.
PUEDE VER: El Frontón: camino a la sentencia
Sin embargo, este viernes 3 de marzo, el TC emitió una resolución en la que subsana esta sentencia de 2013 y en el que cuatro magistrados determinan que el caso sí fue un delito de lesa humanidad y, que por lo tanto, no prescribe.
Esto se dio en respuesta a una solicitud de la Procuraduría Pública Supranacional para que se “subsane el oficio del dictamen ya que contenía errores materiales” relaciones al voto de los jueces.
La sentencia señala que uno de los magistrados
-de los cuatro que votaron a favor de que lo sucedido en El Frontón no
fue lesa humanidad- se contradijo. Por ello, se alegó que su votación
debe ser nula y que, en consecuencia, se determine que no se contó con
los votos necesarios sobre el mencionado caso.
Según refiere Perú 21, el exmagistrado Fernando Calle
indicó que con esta medida se reabre el caso y que el juez incluso
puede incluir nuevos investigados en el caso de los 133 internos que
murieron, en 1986, durante un motín en el Pabellón Azul de El Frontón.
Cabe determinar que por este caso, a 33 miembros de las Fuerzas Armadas
se les imputa la muerte de los internos. Antes de esta subsanación, la
justicia le quitaba la calificación de crimen de lesa humanidad a este
hecho. Ello significaba que los delitos prescribían después de 20 años.
Ahora la figura cambia.
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