Lo que queda después de escuchar al flamante jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, no solo es la certeza de que su reorganización no se dará en 180 días, sino que el sistema peni t enc i a r i o atraviesa una grave situación de inseguridad, déficit de infraestructura y falta de personal, que convierten a las cárceles del país en verdaderas bombas de tiempo.
Con menos entusiasmo que el premier Salomón Lerner, quien ante el Congreso dijo que en seis meses se reorganizará el INPE, Pérez precisó que en ese tiempo solo se “plantearán las bases y se darán los lineamientos” de un proceso que “será a mediano y largo plazo”.
No obstante, y tras referir que su presupuesto para el 2012 será de 400 millones de soles, el funcionario dejó bien en claro que la reorganización del sistema no será completa sin la asignación de mayores recursos, por ejemplo, para cubrir el déficit de 22 mil trabajadores que tiene el INPE.
Pérez explicó que debido a esta situación es imposible controlar el ingreso de celulares y chips a penales importantes como el de Lurigancho, donde los fines de semana entran 10 mil visitantes. “No estamos en capacidad de revisarlos uno por uno. Con un bloqueador de celulares, esto se soluciona”, indicó.
No obstante, nuevamente surge el problema presupuestal, pues un bloqueador tipo paraguas, sumando su instalación y mantenimiento por cinco años, cuesta dos millones y medio de dólares. Como se sabe, algunos delincuentes presos siguen operando desde sus celdas a través de teléfonos celulares.
“Si queremos seguridad, tenemos que invertir en seguridad (…). Yo creo que no nos podemos dar el lujo de no gastar en el sistema penitenciario”, remarcó. A esto se suma el grave hacinamiento que viven las cárceles, situación que hace necesaria la construcción de 10 nuevos penales. Para ello, añadió, se necesitarían más de mil millones de soles que no cree que destine el actual gobierno de forma inmediata.
Pérez aclaró que hablar de la privatización de los penales es algo irreal porque estos no son rentables en el momento y que lo que podría darse es concesionarlos. Sin embargo, en esto también hay dificultades legales y, sobre todo, presupuestales.
NI EL FRONTÓN, NI EL SEPA
Al consultársele sobre la propuesta del fiscal de la Nación, José Peláez, de reabrir el penal del Frontón para los presos más peligrosos, Pérez dijo que hacer eso “puede ser muy costoso” y que, por lo mismo, “no es una primera alternativa” ahora.
Lo mismo pasa con el Sepa (Ucayali), cuya reapertura fue propuesta por Ollanta Humala para enviar allí a los corruptos. “Habría que analizar lo que se necesitaría para implementarlo y cuánta gente podría ir allí. (…) Es un caso diferente (al Frontón) porque entran no solo elementos presupuestales. Es una alternativa que se puede analizar a mediano plazo”, indicó a diario16.
Hacer que los presos trabajen, tampoco es cosa fácil
En la campaña, el ahora presidente Ollanta Humala también dijo que en su gobierno los presos tendrán que trabajar para ganarse sus alimentos e, incluso, dijo que ellos podrían hacer obras como carreteras.
No obstante, Pérez explicó a diario16 que “habría que ver la viabilidad del tema”, porque solo se podría exigir trabajo a los presos con sentencias que, según sus propias palabras, solo es un tercio de los presos; el resto solo está procesado.
“También hay que ver qué tipo de trabajos serían, y cuánto costaría el tema de la seguridad para que realicen esos trabajos”, añadió. Más temprano, se había referido a la posibilidad del uso de grilletes por parte de los presos, algo que ayudaría a reducir el hacinamiento en las cárceles, aunque dijo que el tema está siendo evaluado precisamente por un problema presupuestal.
Fuente:
http://diario16.pe/noticia/8908-inpe-reconoce-grave-situaciaon-de-los-penales
