¿QUIÉN ES QUIÉN EN LOS ‘NARCOINDULTOS’?

A la luz de las nuevas revelaciones y acontecimientos, conviene hacer una guía completa de un caso con varios personajes, una trama que se va complejizando y varios datos a los que habría que prestar atención. 

LA HIPÓTESIS CENTRAL:


Tiene dos partes. La primera es el impulso de...
una política gubernamental, durante el segundo periodo de Alan García, para combatir el hacinamiento en las cárceles a través de indultos y conmutaciones. Esta política se llevó a cabo sin tomar en consideración que la mayor parte de los reos beneficiados eran sentenciados por narcotráfico, y que la potestad de gracia es una salida excepcional por su propia naturaleza, dado que supone una intromisión en las decisiones del Poder Judicial.


La segunda fue mencionada ayer por el diario El Comercio citando al Ministerio Público:


“Bajo la llamada política de deshacinamiento de penales se procedió a conceder conmutaciones de pena a internos por delitos de tráfico ilícito de drogas, entre otros, a cambio de un pago aproximado de US$10 mil por año de pena conmutada, monto que podía variar conforme las condiciones económicas del interno, así como del ilícito cometido por el recluso”, dice el documento de investigación preparatoria de 76 páginas.


Los montos de coimas habrían llegado, según el Ministerio Público, a un acumulado de 240,000 dólares. Con o sin pago, se liberó a bandas de narcotraficantes, grupos familiares y, por cierto, militantes apristas, con reducciones de pena bastante significativas. Todo ello en un país que tiene el dudoso honor de ser el primer productor mundial de cocaína del mundo.


MIGUEL FACUNDO CHINGUEL:


Principal implicado en la investigación que hace el Ministerio Público y flamante inquilino del sistema penitenciario peruano. Durante su gestión, como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, se produjeron la mayor cantidad de conmutaciones e indultos, así como las irregularidades y los posibles delitos cometidos. Asimismo, fue en su periodo que se contrató la mayor cantidad de personal dedicado a captar reos para otorgarles la gracia presidencial. La Fiscalía estima que en dicho grupo de trabajo existió “una estructura organizada destinada a cometer delitos”. También fue miembro del directorio de Serpost, institución a través de la cual varios conmutados volvieron a traficar drogas.


LOS DENUNCIANTES:

Con nombre y apellido se conoce a tres de ellos. Óscar Benítez Linares, cuyo testimonio fue clave para condenar al empresario Fernando Zevallos; Carmen Delgado de Rivera, condenada por estafa; y Carlos Butrón dos Santos (a) ‘Brasil’. Los tres han señalado la existencia de cobros para la salida de presos de la cárcel a través de las conmutaciones de penas. En el caso de los dos primeros casos, revelados por el programa #esnoticia, se tratan de pedidos para su propia salida, la cual no se produjo. El testimonio de Butrón es clave, pues no solo fue beneficiado con la conmutación de su pena, sino que también colaboró con Facundo Chinguel y su comisión. Butrón tiene la doble condición de testigo y procesado.


A ellos, se suman 4 colaboradores eficaces que han señalado nuevos casos de cobros, vinculados con presidiarios extranjeros, a quienes que se cobró diversas sumas de dinero. Varios de ellos, cabezas de organizaciones de comercialización de drogas.


FACILITADORES Y FUNCIONARIOS DE LA COMISION DE GRACIAS PRESIDENCIALES:


Varios de los investigados han sido funcionarios de la Comisión de Gracias Presidenciales o facilitadores de la misma. Estos últimos eran las personas que iban a los penales, para recabar las solicitudes de conmutaciones en forma masiva. Entre los denunciados se encuentran:


a) Roxana Gómez Paulet, secretaria ejecutiva de la Comisión de Gracias y Renato Dávila Asín, promotor. El segundo de los nombrados fue acusado de supuestos cobros por conmutaciones. En su defensa, Dávila Asín dijo que Gómez Paulet estaba al tanto de los hechos. Como veremos, la abogada también ha caído en otras contradicciones.

b) Dámaso Luyo Vicente: Abogado de la comisión. Según el periodista Daniel Yovera, fue funcionario de una empresa en la que Facundo Chinguel ocupó un cargo gerencial. Luego de salir de la CGP, montó un estudio de abogados con Manuel Huamán Montenegro, otro facilitador aprista que había sido sentenciado por sus conexiones con la banda de narcotraficantes “Los Norteños”, cuya identidad fue revelada por El Comercio. Luyo recibió a ‘Brasil’ en su despacho en el MINJUS.


c) Manuel Carrera Toribio: Sindicado como el “cajero” de la operación de cobros. Es militante aprista y reside actualmente en España. También cercano a ‘Brasil’.


LOS FUNCIONARIOS DE PALACIO DE GOBIERNO:


Un primer funcionario de Palacio de Gobierno mencionado en la investigación es el exsecretario del Consejo de Ministros del Despacho Presidencial, Julio César Zavala Hernández. Según indicó Yovera, existen registros de varias reuniones en Palacio con Facundo Chinguel para ver el tema de indultos y conmutaciones. Su cargo es importante, dado que en su despacho se preparan las resoluciones supremas que debe firmar el presidente de la República. Ayer, Zavala Hernández reconoció que autorizaba los ingresos de Facundo Chinguel a Palacio, y el personal de su despacho revisaba el trabajo con Facundo. Quien tomaba la decisión final sobre las gracias era Alan García, según el abogado.


Sin embargo, existen varias contradicciones en las versiones que varios de los implicados han dado sobre el rol de esta oficina. Facundo Chinguel reconoció que llevaba personalmente los expedientes a esta oficina y se reunía con el abogado Renato Quiroz Zegarra, para tratar estos temas. Esta misma versión fue suscrita, ante la Megacomisión, por la abogada Gómez Paulet, secretaria ejecutiva de la Comisión de Gracias Presidenciales. Sin embargo, Quiroz Zegarra indicó ante el grupo de trabajo encabezado por Sergio Tejada que la función que desempeñaba era “acopiar cajas y paquetes”, llevadas por Facundo Chinguel para que su jefe, Zavala Hernández, despachara los expedientes con Alan García.


Un tercer funcionario mencionado es César Candela Jara, quien también trabajó en la Secretaría del Consejo de Ministros. Según Butrón dos Santos, ambos revisaban los expedientes de las conmutaciones antes que las firmara García. Candela formó parte de la Comisión de Gracias Presidenciales como miembro no permanente, pero ha negado las acusaciones.


Dato curioso: Zavala Hernández y Candela Jara son socios en el mismo estudio de abogados y también son militantes apristas.


Finalmente, otro funcionario mencionado a lo largo del caso es Luis Nava Guibert, secretario general de Palacio de Gobierno y hombre de confianza de García. Yovera encontró una reunión entre Nava y Facundo Chinguel en Palacio, en 2008. Ayer, Nava reconoció la existencia de 6 reuniones con el funcionario, pero negó que se trataran temas vinculados a gracias presidenciales, los cuales se trataban, según Nava, con Zavala Hernández. Facundo Chinguel colaboró con la campaña de Nava al Parlamento Andino, tanto con contribuciones económicas como con obras sin permiso en San Juan de Lurigancho.


LAS AUTORIDADES POLÍTICAS:


El más complicado de los funcionarios de alto nivel es el exministro de Justicia, Aurelio Pastor. El fiscal de la Nación ha iniciado una investigación contra él debido a los siguientes hechos, relatados por el diario La República:

El informe de la Fiscalía Anticorrupción se sustenta en las declaraciones de tres testigos acogidos a la colaboración eficaz y una serie de documentos encontrados en el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República.

Los testigos detallaron la forma y las circunstancias de los pagos realizados por los presos por narcotráfico, el checo Eugen Csorgo, el israelí Zeev Chen y el polaco Jacenty Maciej, para lograr la conmutación de sus penas y salir en libertad.

En estos casos, se encuentran comprometidos personas cercanas a Pastor, entre ellos, su asesor José Marruffo.

Con fuerte responsabilidad política se encuentra Rosario Fernández, quien ocupó dos veces el despacho de Justicia durante el gobierno aprista. Fernández nombró a Facundo Chinguel, durante cuya gestión se otorgó la mayor cantidad de conmutaciones y, además, se expidió una ley por la cual condenados extranjeros por tráfico ilícito de drogas pueden salir libres y volver a su país sin pagar la reparación civil.


Finalmente, Alan García Pérez. Está pendiente de esclarecer si puede ser comprendido en el caso por omisión de deber de garante, al no revisar adecuadamente los expedientes, o si se le puede inhabilitar por infracción a la Constitución, al vulnerar algunos principios fundamentales como la separación de poderes –al llevar el indulto al carácter de institución de liberación de presos en masa– o el carácter preventivo general de las penas. En todo momento, García ha estado a la defensiva en el caso, se ha jactado de haber revisado exhaustivamente estos casos e incluso invocó a la divinidad como garante de sus decisiones. Su última decisión denota desesperación: acaba de interponer una acción de amparo contra la Megacomisión para que, en lo que le concierne, las investigaciones vuelvan a fojas cero. Tal vez sea porque, ante ese grupo de trabajo, García terminó defendiendo a Facundo Chinguel.

Fotos: Jennifer Torrealva

Fuente: http://diario16.pe/noticia/31323-a-quia-n-es-quia-n-en-los-narcoindultos