Tribunal de Conciencia condena al Estado peruano por violaciones sexuales durante el conflicto armado y las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori.
conflicto armado interno y las esterilizaciones forzadas en el segundo gobierno de Fujimori. En su pronunciamiento emitido señala que ambos casos constituyen delitos graves y sistemáticos, y que el Estado peruano no garantizó los derechos humanos sino que los vulneró.
Tras los testimonios de Carmen y Doris víctimas de violaciones sexuales por parte de las fuerzas armadas, el Tribunal señaló que estas violaciones se realizaron sistemáticamente a merced de las fuerzas militares que tenían el total control y poder en las zonas donde habían bases militares durante el conflicto armado interno, “en el Derecho Penal Internacional estos casos constituirían delitos de lesa humanidad”, señaló Cecilia Medina, miembro del Tribunal.
La violación sexual constituye una de las afectaciones más graves contra las mujeres, porque es una intrusión contra el cuerpo de las mujeres. En el caso de “Carmen” no se respetó minoría de edad, sin posibilidad de dar consentimiento, y por esa condición debía ser protegida. Y, en el caso de “Doris”, además de la violación sufrió tratamientos prohibidos por el derecho internacional, dice Medina. En ambos casos las víctimas testimoniaron y demandaron justicia.
Delitos siguen impunes. Medina dijo que el Estado negó a las mujeres el acceso a la justicia, ya que hubo numerosos años sin investigación pese a la denuncia del padre de “Carmen”, que la investigación se inició en 2008, sin resultado visible a la fecha.
Esterilizaciones forzadas
Los casos de esterilización forzada (EF) se dieron a conocer por el hijo de Mamérita Mestanza y por el hermano de Celia Ramos, ambas fallecidas a causa de una operación realizada en pésimas condiciones.
En estos casos el Tribunal de Conciencia explicó que se trató de una política que va contra la Convención Americana de Derechos Humanos, en el caso de Celia Ramos se violó el derecho a la vida de la víctima, quien murió a consecuencia de la EF, pues el Centro Médico no contaba con instrumentos ni equipos para responder ante emergencias, es decir tenía carencia de condiciones mínimas, siendo esta conducta responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de ejercer la supervisión de las prestaciones de salud.
“Las consecuencias de la EF, en el peritaje escuchado, da cuenta de los efectos negativos que esta tiene para la mujer, particularmente en una región del Perú en la que la identidad de las mujeres está estrechamente relacionada con la procreación. Todo ello constituye una violación al art. 5 de la Convención Americana. En este tipo de juicio corresponde al Estado iniciar una investigación criminal y llevarla a su término, archivar este caso es totalmente improcedente” señaló Medina.
El Tribunal estuvo conformado por Cecilia Medina, ex Jueza y Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jairo Rivas, ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Reparaciones en Perú, y actual asesor de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia y Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Datos:
- Entre los años de 1996 a 2001 se realizaron 271,028 ligaduras de trompa, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, solo en un caso el Estado reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos, el caso de Mamérita Mestanza, las demás denuncias siguen a la espera de justicia.
- El Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia registró 3,282 casos de violaciones sexuales hasta octubre de este año, sin embargo, no hay ninguna sanción a los responsables, pese a que la gran mayoría de los casos han sido cometidos por miembros de las fuerzas del orden.
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