El colectivo cívico Grupo Basadre
ha encendido las alarmas denunciando la posibilidad de que Chile tenga
en...
su poder gas venenoso, capaz de desatar el infierno ante un eventual
escenario de guerra. Ad portas del fallo de La Haya, analizamos los
antecedentes “químicos” de nuestro vecino.ESCRIBE: LLAMIL VASQUEZ V.
El ex comandante general del Ejército
Roberto Chiabra y la historiadora María Elsa Pons Muzzo, en
representación del colectivo cívico-patriótico Grupo Basadre,
advierten que si Chile oculta la posesión de armas químicas enturbiaría
la confianza del Perú en que el vecino del sur cumpla con la sentencia
de la Corte de La Haya sobre la controversia de delimitación marítima
entre ambos países.
Chiabra declaró a Velaverde que
el exdictador Augusto Pinochet (1973- 1990) habría conformado en 1975
una unidad de guerra bacteriológica en el Ejército de Chile, para
utilizar gas sarín y la ultravenenosa toxina botulínica ante un
posible ataque del Perú, que ya se veía venir entonces, y asesinar a
los opositores de su régimen.
Razón no le falta al general en retiro,
porque estas armas de destrucción masiva tienen la capacidad para
eliminar a cientos de miles de personas de un cocacho. Ya la ex
directora del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, Ingrid
Heitmann, reveló recientemente en una entrevista a la agencia DPA, que
en el 2008 descubrió en un subterráneo de ese organismo nada menos que
“dos cajas llenas de ampollas con toxina botulínica, suficientes para
matar a la mitad de Santiago”.
La señora Heitmann matizó que fue presa
de un miedo que casi la mata y lo único que atinó a hacer fue mandar a
incinerar silenciosamente las peligrosas ampollas, esta vez sin mucho
miedo, y sin informar al Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) sobre
tamaña decisión. “Me espanté. No pensé que pudieran ser importantes
para un proceso judicial”, le dijo al periodista Mauricio Weibel.
ASESINARON A EXPRESIDENTEEn Chile la revelación de Heitmann ha concitado la atención de los medios y de la justicia, porque se sospecha que el sanguinario Pinochet mandó matar con dicha toxina, en diciembre de 1981, al expresidente opositor Eduardo Frei Montalva, mientras este se sometía a una cirugía para extirparse una hernia, en la Clínica Santa María de Santiago.
En el 2009, el juez chileno Alejandro Madrid dictó una resolución judicial en la que establece que el fallecimiento de Frei Montalva “habría sido ocasionado por la introducción paulatina de sustancias tóxicas no convencionales” y ordenó la detención del exagente Raúl Lillo, de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet; del exchofer de Frei, Luis Becerra, y de los médicos Helmar Rosenberg, Sergio González, Patricio Silva y Pedro Valdivia. De más está decir que Pinochet “se salvó” de ser procesado como autor intelectual porque la señora muerte se le adelantó a la justicia.
Chiabra comenta que “en el Perú muchos analistas se escandalizan de que Siria ha empleado gas sarín para matar a su misma gente, pero no se han pronunciado ante una posible posesión de Chile de armas químicas. Cómo es posible que la ex directora del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, Ingrid Heitmann, haya destruido estas armas químicas sin dar cuenta a nadie y en un gobierno ‘democrático’ como el chileno”.
El ciudadano mapocho Guillermo Rodríguez, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno y sobreviviente de la terrorífica represión del régimen pinochetista, piensa lo mismo y ha anunciado públicamente en su país que denunciará a la ex directora del ISP por destruir esas venenosas ampollas, ya que él fue una de las tantas víctimas sometidas a un lento y sistemático envenenamiento por sustancias tóxicas. “Ella destruyó pruebas”, sostiene.
Rodríguez fue inoculado con botulín en la Cárcel Pública de Santiago y se salvó gracias a una campaña periodística para conseguir el antídoto en el extranjero. En 1981, en una operación dirigida presuntamente por el fallecido ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, fueron inoculados con la neurotoxina ocho presos políticos, dos de los cuales fallecieron.
LIQUIDARON A OPOSITORES
Según un reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile, Pinochet ordenó fabricar armas químicas en su país en el año 1975 para liquidar a los partidarios del expresidente Salvador Allende, que habían logrado escapar al exterior. El mismo Manuel Contreras, jefe de la DINA, le encargó el trabajito al norteamericano Michael Townley, ex agente de la CIA, en el tenebroso cuartel general de la policía secreta chilena.
El ‘gringo’ Townley también tenía la orden de asesinar con gas sarín al excanciller del exmandatario Salvador Allende, Orlando Letelier. El informe revela que “nunca se pudo establecer por qué el plan original de matar a Letelier arrojándole gas sarín en su almohada fue desechado. Se optó finalmente por la bomba que hizo estallar su auto en pleno corazón del barrio de las embajadas de Washington, el 26 de ese mismo septiembre”.
Chiabra considera que la Cancillería peruana debe pedir informes a su par de Chile por la sospecha de que todavía tiene armas químicas, que dicho sea de paso están prohibidas por el Protocolo de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas, el cual es un tratado internacional firmado en 1993.
“Cómo es posible que un país que el
próximo año va a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sea un país que tenga armas químicas. Cómo es posible
que un país de nuestra región considerada como pacífica y sin problemas
no explique cuál es la necesidad de tener armas químicas que pueden
emplearlas contra sus vecinos”, se pregunta Chiabra indignado.
“Chile se considera una democracia en
camino a lograr el desarrollo en cuanto a economía, pero vemos que
existe una desigualdad social y no cumplen con las normas del Derecho
Internacional. No solo vendieron armas a Ecuador durante el conflicto
del Cenepa (1995), sino que ahora cuentan con armas químicas prohibidas
en el mundo”, Chiabra dixit.
PERUANOS ENVENENADOS
La catedrática Pons Muzzo afirmó a este
semanario que tiene informes que aseguran que en la época más dura de la
dictadura de Pinochet, agentes de la DINA envenenaron con gas sarín a
dos peruanos en Chile. “Ellos fueron secuestrados y murieron de la
forma más espantosa y nunca se supo sus nombres y dónde fueron
enterrados”, dice.
Ingrid Heitmann, ex directora del Instituto de Salud Pública de Chile.
“Yo no sé por qué hay temas que no se
ventilan mucho. Aquí hablar de Chile es un tema tabú por cuestiones
económicas, pero yo creo que hay que estar alertas. La Cancillería
debería pedir informes a Chile sobre las armas químicas ahora que el
fallo de La Haya es inminente. El tema salió a la luz por los mismos
medios chilenos y no por nosotros. Los peruanos debemos tener en claro
que Chile siempre ha guardado una carta bajo la manga”, se pregunta.
Recuerda con desconfianza “que los
antecedentes históricos de Chile no garantizan de que cumpla el fallo de
La Haya, al igual que Colombia”. “Chile no cumplió con el tratado de
Ancón (1883), porque no hubo un plebiscito en Tacna y la provincia de
Arica a los 10 años de ser firmado. Los chilenos expulsaron a los
peruanos que se resistían a renunciar a su nacionalidad, como ocurrió
con mi abuelo Bartolomé Pons Salleres”, recuerda.
Pons Muzzo menciona que su padre, el
reconocido historiador Gustavo Pons Muzzo, creció con un inmenso amor a
la patria, porque desde niño vivió la brutal “chilenización” impuesta
en Tacna, donde nació en 1916 y años después, en 1925, vivió en carne
propia el destierro con su familia. Asimismo,la catedrática censura que
el presidente Augusto Bernardino Leguía llegara en 1929 a un acuerdo
con el Gobierno de Chile para que Tacna sea devuelta mutilada al Perú, a
costa de entregar su provincia de Arica y parte de Tarata. “La frontera
del Perú con Chile es la frontera de Leguía. Con este acuerdo los
chilenos salieron ganando, porque se quedaron también con una parte de
Tacna. Este es un hecho que nadie menciona, porque se le tiene miedo a
Chile”.
Pons Muzzo expresa su oposición a que el
Perú se sumerja en una carrera armamentista, pero aclara que “todos los
países deben estar bien dotados para hacerse respetar”, en especial si
se tiene como vecino a Chile.
¿EL GRINGO QUE MATÓ A NERUDA?
En Chile, el juez Alejandro Madrid ya
investigó a Michael Townley, quien ha aceptado que fue un agente sicario
de la CIA y de la DINA. El chofer de Pablo Neruda, Manuel Araya, tal
vez no pueda “escribir los versos más tristes esta noche”, pero ha
identificado a Townley como uno de los falsos “médicos” que trataron al
poeta y Premio Nobel (1971), y lo acusó de envenenarlo en la Clínica
Santa María.
Ahora el angelito Townley se encuentra
cantando como pajarito porque ya fue condenado y liberado a cambio de
información. Está bajo el programa de protección especial de testigos y
vive bajo otro nombre en algún lugar de los Estados Unidos. Townley ha
confirmado que Chile fabricó gas sarín durante la dictadura para ser
usado en “una eventual guerra con el Perú”, pero luego fue utilizado
para asesinar a los opositores políticos del sangriento régimen, entre
quienes estaban exfuncionarios del derrocado Gobierno de Salvador
Allende y militantes de izquierda.
“En esa época Perú tenía una fuerza
militar muy poderosa y la idea del sarín era poder usarlo como una arma
defensiva en el norte de Chile (…) ese era el origen del proyecto”,
confirmó Townley en el interrogatorio al que fue sometido por el
magistrado Madrid.
Chiabra dice que “esto marca en primer
lugar la desconfianza hacia el vecino del sur por su comportamiento
histórico y tiene relación con el escenario que se espera después de
conocerse el fallo de La Haya”. Aquí en el Perú parece que las
lecciones de la historia han caído en saco roto y esperamos que a la
hora de los loros no tengamos que apelar a la famosa frase de
Chespirito: ¡Oh, y ahora quién podrá defendernos!”
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