¿Sirve para algo el Congreso de la República?: razones para su desaparición

el libertario ron swanson, de la genial 
serie "parks and recreation", celebra 
cada vez que el elefante estatal se encoge.

Más allá del disolver

Los congresistas no hacen más que aprovecharse de un poder estatal y sus recursos (léase plata de la gente) para maximizar sus intereses privados (léase los de su bancada, o peor aún, los propios en la forma de asesores fantasmas y demás perlitas ya conocidas).

Richard André O'Diana Rocca

No, no “disolver” como proclamó aquella noche del 92 Alberto Fujimori. La propuesta que discutimos es una aún más radical y...
mucho menos cochinas que la interesada decisión del encarcelado ex Presidente. La propuesta consiste en cerrar la institución del Congreso, derogarla, eliminarla, desterrarla, sacarla del ordenamiento jurídico. Sí, es el segundo poder, es el poder de la gente, es el contrapeso del ejecutivo, es la casa de los “padres de la patria”. Es todo eso, pero también uno de los entes, en realidad el ente que por excelencia practica la burocracia, la chismosería y la tan productiva criollada peruana. La última muestra de ello fue el acalorado e inservible debate entre nacionalistas y apristas previo a la presentación por el voto de confianza del Premier César Villanueva el pasado martes.

Pero, ¿qué hace el Parlamento? O al menos ¿qué debería hacer? Vamos a consultar nuestro texto constitucional, la Carta Magna de 1993. Según el primer documento legal de la República, el Congreso de la República puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público (artículo 97º). Sin contar con la definición de interés público, tan etérea como maleable, nos preguntamos ¿no existe ya una institución estatal encargada de iniciar de oficio investigaciones ante actos sospechosos? Bingo, es el Ministerio Público, el cual tiene la labor constitucional de “promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho” (artículo 159º). Entonces si ya el Ministerio Público tiene la tarea de defender el volátil interés público del Perú, ¿por qué el Congreso debe también encargarse de esta función?

Además, el Congreso ha probado su total incapacidad para dirigir investigaciones de “interés público” con la debida diligencia. Muestra de ello son las ya famosas comisiones investigadoras a los ex Presidentes Alan García y Alejandro Toledo. Independientemente que ambos líderes políticos tiene un pasado y presente harto discutible y hasta oscuro, los espectáculos que ha brindado el Parlamento durante estas investigaciones han sido deplorables: congresistas de bancadas que se peleaban lanzando adjetivos socarrones, investigados y primeras damas que se paseaban con los lerdos “padres de la patria”, investigaciones que fallan a la hora de respetar el debido proceso y posibilitan recursos legales de los defendidos, sesiones interminables que no parecen llegar a ninguna conclusión, etc. Si el Ministerio Público ya está investigando hechos presuntamente delictivos conexos a los gobiernos de García y Toledo ¿por qué no dejar que sea la Fiscalía la que investigue directamente a los ex presidentes? ¿No son más competentes para ver estos temas los abogados de la fiscalía que los congresistas, los cuales no necesariamente son profesionales en derecho?

Si el Congreso se mete a investigar es para que las bancadas saquen réditos políticos. Mientras los Nacionalistas quieren sacar a García de carrera para el 2016, los apristas y fujimoristas quieren terminar de hundir a Toledo. Entonces si todo se reduce a cálculo político, podemos concluir que el Congreso de la República, ente estatal financiado con el dinero de todos nosotros, está siendo utilizado para beneficios privados: el beneficio de cada bancada es que sus acérrimos rivales políticos sean inhabilitados y eventualmente heridos de muerte en su devenir político.

Lo mismo puede aplicarse a las facultad del Congreso de interpelar a los Ministros (artículo 131º). Generalmente, los ministros acuden al Parlamento y hablan durante horas, los congresistas oficialistas lo defienden y los de la oposición atacan y lanzan peroratas sobre cómo las cosas están mal y el Ministro debe irse. Y muchas veces tiene razón, los Ministros son incapaces, pero en realidad lo que buscan los de oposición es lanzar mensajes políticos certeros a la parte oficialista. “No me aprobaste el indulto, te interpelo”, “no pusiste a tal tipo en tal Ministerio, interpelo al que nombraste”, “atacas las propuestas que mi partido promovió cuando gobernaba, interpelo a tu ministro”. Y para que comprobemos que no es una cuestión netamente peruana, basta recordar el “toma y daca” entre republicanos y demócratas que generó el famoso shutdown hace un par de meses en Estados Unidos. Dura y simple real politik.

¿Qué más hace el Congreso? El Congreso de la República elige autoridades importantes para el funcionamiento democrático del país, como lo son el Defensor del Pueblo, los miembros del Banco Central de Reserva y los magistrados del Tribunal Constitucional (101º). Esto trae a colación el tema de la tristemente célebre “repartija” de junio pasado en la elección de estos funcionarios. Recordando los hechos que sucedieron por esas fechas, la conclusión es que los intereses políticos condicionaron la elección de candidatos idóneos: en desmedro de profesionales competentes se prefirió la elección de partidarios o de gente cercana a los partidos políticos (incluso ex congresistas), como si fuera una mera cuestión de cupos. ¿No debería ser entonces otra la autoridad capaz de elegir a esta gente? O al menos por votación abierta, pero no este tipo de elección amañada y convenida.

Pero tal vez las funciones principales del Congreso son las atribuciones más “técnicas” (artículo 102º): dar leyes, aprobar tratados, aprobar el presupuesto general, ejercer el derecho de amnistía, autorizar al Presidente a salir del país, etc. La pregunta es: ¿son los congresistas los agentes competentes para realizar estas funciones? ¿No son las normas o dar amnistías una labor jurídica que podría controlar mejor un grupo de juristas notables? ¿No es el presupuesto de la República un tema espinoso que podría ser mejor manejado por economistas o contadores? Sólo basta preguntar cuántas normas ha aprobado el Congreso actual. Y de esas leyes, ¿cuántas son idóneas o acertadas? Por ello sería mejor que abogados de intachable y reconocida trayectoria se encarguen de justamente eso para lo que estudiaron: las leyes y el derecho.

El contraargumento es claro: la democracia indirecta, el poder de representación o ya la clásica frase de consuelo “tenemos el Congreso que hemos escogido”. Y es un argumento sólido, pero a la vez vacuo. Usted, amigo lector ¿se siente representado? Y no piense en aquellos congresistas que detesta, piense en aquellos dos por los que votó ¿siente que ellos los representa? Yo no. La elección del congresista es una forma de democracia indirecta, pero esa democracia se desintegra como un puñado de arena apenas el congresista o la congresista jura y se olvida de todo. De todo, menos de su bancada y de sus intereses personales. Ruda y áspera real politik.

Los congresistas no hacen más que aprovecharse de un poder estatal y sus recursos (léase plata de la gente) para maximizar sus intereses privados (léase los de su bancada, o peor aún, los propios en la forma de asesores fantasmas y demás perlitas ya conocidas). Eso está mal. O al final vemos cómo los congresistas se transforman en meros “padrinos” que hacen favores a los miembros de sus localidades o llenan sus agendas inventando conferencias infames con panelistas más que discutibles, como lo es el último affaire de Tilsa Lozano y las charlas sobre el VIH. Por eso debemos al menos quitarnos la máscara de la indignación y debatir seriamente ¿Es necesario el Congreso?
 

Fuente: http://lajauriadelhortelano.lamula.pe/2013/11/21/sirve-para-algo-el-congreso-de-la-republica-razones-para-su-desaparicion/richardodianarocca/