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Imagen: Internet
Se trata de dos bandas en Lima, en diferente frecuencia, y una banda fuera de Lima. No es todo el negocio de móviles, y ciertamente no es el negocio completo de Telefónica en el Perú.
La renovación ha venido acompañada de....
una serie de nuevas obligaciones de servicio que configuran una nueva política pública de telecomunicaciones. Estas son de alguna manera formas de dorar la píldora ante la opinión pública, que se asumía iba a reaccionar mal ante cualquier continuidad de Telefónica, empresa que ha hecho mal muchas cosas y que sin duda, no ha logrado revertir la percepción de ser un asco de empresa, por atención, por precios y por calidad de servicio.
Como en muchos otros casos, es discutible esto, y podríamos entretenernos un buen rato determinando exactamente por qué esta renovación es ilegal y entreguista, como la define un congresista. Pero ese no es el punto de fondo.
Hay en realidad dos cuestiones que no se pueden ignorar. En 1994, en 1998 y en 2002, el Estado Peruano tuvo oportunidades para crear condiciones para un mercado competitivo en telecomunicaciones, y las desperdició.
En el primer caso, al privatizar en paquete, lo que logró fue un buen precio pero demasiada concentración en el operador ganador, Telefónica. En 1998, cuando se cortó el plazo de competencia restringida que favorecía a Telefónica un año antes, y en los términos que Telefónica buscaba, con lo que se impidió el ingreso de capitales en el momento más expansivo de la industria desde su transformación por privatizaciones en la década de 1980.
El 2003, por mal manejo del ministro de la época y presión del público, se implementó una serie de planes tarifarios baratos que impidieron la competencia en telefonía fija, justo cuando era previsible que en el mediano plazo iba a ser imposible dinamizar un sector que perdía importancia.
Apenas cuando Telefónica adquirió las bandas de Bell South en 2004, se logró poner condiciones estrictas para favorecer a los consumidores ante la posibilidad que Telefónica aprovechara su incremento de presencia comercial.
Ahora, el gobierno demoró mucho tiempo la decisión frente a una situación que se conocía hacía rato: los contratos de concesión, firmados a 20 años, vencieron el 2011, con lo que se estuvo negociando por casi dos años algo que debió haber estado resuelto el 2010, y que Telefónica solicitó fuese resuelto en ese momento.
Esta demora ha traido a su vez falta de inversiones, porque las inversiones se definen en los contratos y porque las obligaciones de servicio son más difíciles de hacer cumplir cuando un operador no sabe si continuará o no en el mercado. Pueden sonar a excusas, pero la demora del Estado Peruano es parte importante del problema.
Hay efectivamente un problema de tributación, sobre el cual asumo, pero no afirmo porque no tengo la información completa, que no se puede usar como palanca en la negociación por los términos de los contratos originales y los acuerdos comerciales que el Perú tiene con las partes. Es decir, la resolución de ese conflicto sigue un camino que no puede afectar la negociación comercial regular entre las partes.
El resultado, aunque falta revisar a fondo lo que se ha acordado, no pinta bien, por las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, responsable político de la negociación.
Se ha acordado (cito a Jorge Bossio en La Mula):
1. Tarifa social para telefonía móvil para un millón de beneficiarios de los programas sociales y servidores públicos que trabajan en áreas rurales.
2. Ampliar la cobertura en 409 capitales de distrito, con lo que se alcanzaría el 100% de las capitales distritales con cobertura móvil.
3. Acceso gratuito a Internet satelital en entidades públicas de localidades rurales.
4. Acceso a 37 distritos fronterizos, ampliando la cobertura hasta el 100% de los distritos fronterizos.
5. Acceso gratuito a Internet de banda ancha a entidades estatales en aquellas capitales de provincia dónde actualmente hay fibra óptica de telefónica y en el futuro cuando haya fibra óptica como parte del proyecto de red dorsal.
6. Participación en el proyecto de comunicaciones para conectar la selva peruana.
7. Transporte de imágenes de cámaras de videovigilancia.
Todas estas medidas son interesantes, pero tienen un gran defecto: son útiles para el Estado Peruano, no para los consumidores de telecomunicaciones.
Al crear una tarifa social para los beneficiarios de programas sociales, se expanden estos pero se contrae el mercado, puesto que ahora los ciudadanos que se suscriban al servicio más barato son básicamente clientes cautivos del operador dominante en el Perú. Las entidades estatales, que ya podían estar pagando por su servicio incluso a operadores locales, ahora serán clientes cautivos de Telefónica. Y así sucesivamente.
En vez de valorizar el contrato y entregar el monto que tendría que pagar Telefónica a un fondo como el FITEL, que lleva servicios a donde no se pueden pagar, o crear un mecanismo para subvencionar el servicio comercial en zonas en las que falta expansión, o en general promocionar mejores servicios para todos los peruanos, el gobierno ha convertido a Telefónica en un aliado estratégico de sus programas sociales.
Sin duda un grupo de peruanos tendrá, potencialmente, muchos beneficios, pero el mercado de telecomunicaciones seguirá siendo abastecido por menos operadores con menos incentivos para ser competitivos y menos interés en ser innovadores, ahora que tienen más clientes cortesía del Estado Peruano.
Es posible que habiendo asumido como inevitable que cualquier resolución favorable a Telefónica iba a ser mal recibida por la población, se haya optado por reforzar el carácter “social” del contrato. Sin embargo esta no es ni la mejor forma de ofrecer estos servicios, ni le hace ningún favor a todos los peruanos que no están entre los beneficiados potenciales o actuales de los programas sociales.
En otras palabras, se discrimina “positivamente” con el costo de acotar la expansión del mercado de telecomunicaciones, de regularlo mejor y de posibilitar más oportunidades tanto en la oferta como la demanda.
Hay que esperar para ver si hay una valorización monetaria efectiva, y no solo contable que pone como aporte de Telefónica lo que le da al Estado para sus programas sociales. También hay que esperar a ver si nuevas condiciones de servicio hacen más fácil el control por parte de Osiptel e Indecopi de la calidad y amplitud de los servicios de Telefónica, para aquietar la demanda de mejoría en ese campo.
Hay que ver también si alguna cuestión sobre tarifas aparece en el horizonte. La crítica de Carlos Huamán es demoledora y merece una buena lectura, especialmente porque enfatiza los aspectos más técnicos del acuerdo y sus defectos de fondo.
Lo cierto es que, incluso si se acepta que era muy difícil no renovar las concesiones, dada la realidad del mercado de telecomunicaciones tanto local como internacional, la manera como se ha decidido hacerlo es poco acertada.
Ojalá el debate vaya por ahí, y ojalá que los peruanos podamos discutir sobre lo que necesitamos en telecomunicaciones más allá de prejuicios y miradas cortoplacistas de cualquier tipo, para evitar que algo como esto sea visto como la única o la mejor forma de negociar concesiones. Porque no lo es.
(Disclosure: no trabajo, ni he trabajado para Telefónica ni para ningún otro operador de telecomunicaciones. Soy consultor de Fundación Telefónica en temas de educación y TIC, pero no tengo contacto con temas regulatorios, de mercado o incluso, estrictamente hablando, de telecomunicaciones, que son manejados por la empresa y no por la Fundación. Mi contacto con la empresa es mínimo y de carácter informativo. La opinión aquí expresada es mía).
Eduardo Villanueva Mansilla
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