La idea de que tras la demora de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en atender los justos trámites y reclamos de los jubilados, se oculta el malévolo afán de hacer tiempo para que sigan muriendo sin haber podido cobrar sus pensiones, no resulta descabellada si se tiene en cuenta que durante 21 años hombres y mujeres de más de 60 años exigen que se cumplan sentencias judiciales a su favor sin lograr su cometido.Durante esta larga espera fallecieron más de 50,000 de ellos, hombres y mujeres que trabajaron muchos años para lograr un pago respetable para tener una vejez digna y ayudar a sus familias, sin poder recibir lo que legal y humanamente les correspondía.
En lugar de reconocerles ese derecho, la ONP gasta millones en pagar abogados que defiendan lo indefendible, esto es el derecho de los jubilados a tener una pensión decorosa.
Una de las vÍctimas de la insensibilidad de la ONP fue el propio presidente de la Confederación de Trabajadores Jubilados del Perú (CTJP), Ubilde Suárez Cornejo. El anciano de 80 años dejó de existir en el preciso momento en que argumentaba ante el sexto juzgado civil de Lima, la justeza de su reclamo.
Según sus sucesores, los magistrados permanecieron impasibles ante el caído, creyendo que los quería impresionar y no le prestaron atención médica oportuna. Recién después de casi una hora permitieron la entrada de los bomberos pero ya era tarde.
Al día siguiente y los posteriores, y ante los informes de los medios de comunicación, tanto autoridades judiciales como congresistas declararon que era urgente hacer justicia con los jubilados, prometieron que así sería, pero esas palabras cayeron en el olvido.
Sentencias a favor“De nada valió el sacrificio de nuestro mártir de la jubilación; pese a que en los 21 años de este litigio hemos conseguido varias sentencias a nuestro favor del Poder Judicial y hasta del Tribunal Constitucional, pero seguimos en lo mismo y nuestros compañeros siguen muriendo sin conseguir justicia”, expresa, reflejando honda tristeza en su rostro moreno, Luis Pérez Zegarra, actual presidente de la CTJP.
El dirigente de 80 años y que durante tres décadas se desempeño como gobernador, subprefecto en diversos distritos y empleado en el Banco de Crédito, explica que en 1984 se dio la ley 23908 que en su artículo 84 legisló sobre el beneficio por costo de vida.
El dispositivo obligaba al Instituto Peruano de seguridad Social, entonces a cargo del sistema de pensiones, a dar una pensión acorde con la realidad. Este dispositivo se cumplió durante los primeros cuatro años del primer gobierno aprista, entre 1984 y 1988 pero después dejó de pagarse.
En 1989 la CTJP inicia un proceso judicial para que el Estado cumpla con la ley, en 1990 se declara fundada la acción de amparo que es confirmada por una instancia superior en 1991.
Ante apelaciones del entonces IPSS en 1992 la Corte Suprema confirma la sentencia. Se llega a determinar que cada jubilado cobre por devengados 7 mil 217 soles más 300 soles de actualización por costo de vida. El IPSS acepta la deuda e informa que en sus planillas figuran como jubilados cerca de 300 mil personas.
Crean la ONPEn 1992 el fujimorato crea la ONP y todos los activos y pasivos del IPSS pasan a este nuevo ente gubernamental. En una de sus primeras medidas trata de anular el proceso judicial de los jubilados pero, ante las decisiones judiciales en 1998 y en una actitud extraña y contraproducente, decide pagar la deuda a sólo dos personas, al presidente y al secretario de defensa de la CTJP. Los años que siguieron en un Poder Judicial dominado por el fujimontesinismo se archivaron los juicios de los jubilados.
Diez años después, en el 2002, en una sentencia aleccionadora, el Tribunal Constitucional da la razón a los jubilados y expresa en su dictamen que se trata de un interés colectivo y exige al Poder Judicial que cumpla las sentencias emanadas anteriormente pero, aunque libre ya del poder Fujimorista, la ONP sigue negándose a cumplir los mandatos supremos. Lo que repite en cuatro oportunidades más. En una ocasión y en forma que linda con la comicidad, señala que las notificaciones del Poder Judicial no llegaron a su domicilio pese a que tenían sellos de recibido.
Es el 22 de abril del 2008 que sucede la muerte en pleno juzgado de Suárez Cornejo. Frente a la desgracia, representantes del Poder Judicial culpan a la ONP de no atender las demandas de los jubilados, mientras aseguran que el problema será solucionado, pero nuevamente las palabras se las lleva el viento.
Es más, los magistrados Espinoza Córdova y Martínez Asurza se pronuncian contra la demanda de los jubilados, los que el pasado 21 de setiembre presentan una nueva acción de amparo contra la sexta sala civil y contra la ONP.
Pagan millonadaEl argumento que la ONP no tenía dinero para pagar la deuda a los jubilados cae por su propio peso. La propia Defensoría del Pueblo publicó días atrás que la institución administradora de pensiones gasta anualmente un promedio de 24 millones de soles en pagos a estudios de abogados, los que “argumentan” con cualquier absurdo el porqué los jubilados o los que tramitan jubilación no cumplen determinados requisitos.
La ONP contrata los estudios de abogados más caros de Lima, como Palacios, Muñiz, Norman, Laos Aguilar, Rivera Ore, etc. “prefieren gastar millones en abogados y no cumplir con nosotros”, dice Humberto Mesías, de 82 años, secretario de defensa de la CTJP y quien durante 45 años laboro en diversas fabricas de tejidos.
“En unas 15 oportunidades nos hemos reunido con los funcionarios de la ONP, entre ellos con el presidente Luis Chirinos, siempre nos ofrecen que darán solución a nuestra demanda que se ajusta a ley, pero nada. Nunca la ONP da la razón a los jubilados. Si eso pasa en Lima imagínese lo que pasará en el interior, particularmente con los que no tienen cómo solventar un juicio”, interviene el secretario de organización Fermín Sarango, de 75 años.
“La situación de la mayoría de jubilados es muy dura, de eso conocen los dirigentes y para ellos siguen empeñados en lograr justicia. Lo que ocurre es algo inaudito, 19 años en ejecución de sentencia que no se cumple”, precisó el asesor legal de la CTJP Martín Olivares Lazo.
Ya cercanos al final de sus vidas, los jubilados se han propuesto seguir en su lucha y no cejar en sus demandas para que compañeros como Evaristo Vipe, talareño de 104 años; Sánchez León, de 100 años, y Jacinta Masías, de 91 años, entre otros, puedan tener una vejez digna.
Denis Merino
Redacción
En lugar de reconocerles ese derecho, la ONP gasta millones en pagar abogados que defiendan lo indefendible, esto es el derecho de los jubilados a tener una pensión decorosa.
Una de las vÍctimas de la insensibilidad de la ONP fue el propio presidente de la Confederación de Trabajadores Jubilados del Perú (CTJP), Ubilde Suárez Cornejo. El anciano de 80 años dejó de existir en el preciso momento en que argumentaba ante el sexto juzgado civil de Lima, la justeza de su reclamo.
Según sus sucesores, los magistrados permanecieron impasibles ante el caído, creyendo que los quería impresionar y no le prestaron atención médica oportuna. Recién después de casi una hora permitieron la entrada de los bomberos pero ya era tarde.
Al día siguiente y los posteriores, y ante los informes de los medios de comunicación, tanto autoridades judiciales como congresistas declararon que era urgente hacer justicia con los jubilados, prometieron que así sería, pero esas palabras cayeron en el olvido.
Sentencias a favor“De nada valió el sacrificio de nuestro mártir de la jubilación; pese a que en los 21 años de este litigio hemos conseguido varias sentencias a nuestro favor del Poder Judicial y hasta del Tribunal Constitucional, pero seguimos en lo mismo y nuestros compañeros siguen muriendo sin conseguir justicia”, expresa, reflejando honda tristeza en su rostro moreno, Luis Pérez Zegarra, actual presidente de la CTJP.
El dirigente de 80 años y que durante tres décadas se desempeño como gobernador, subprefecto en diversos distritos y empleado en el Banco de Crédito, explica que en 1984 se dio la ley 23908 que en su artículo 84 legisló sobre el beneficio por costo de vida.
El dispositivo obligaba al Instituto Peruano de seguridad Social, entonces a cargo del sistema de pensiones, a dar una pensión acorde con la realidad. Este dispositivo se cumplió durante los primeros cuatro años del primer gobierno aprista, entre 1984 y 1988 pero después dejó de pagarse.
En 1989 la CTJP inicia un proceso judicial para que el Estado cumpla con la ley, en 1990 se declara fundada la acción de amparo que es confirmada por una instancia superior en 1991.
Ante apelaciones del entonces IPSS en 1992 la Corte Suprema confirma la sentencia. Se llega a determinar que cada jubilado cobre por devengados 7 mil 217 soles más 300 soles de actualización por costo de vida. El IPSS acepta la deuda e informa que en sus planillas figuran como jubilados cerca de 300 mil personas.
Crean la ONPEn 1992 el fujimorato crea la ONP y todos los activos y pasivos del IPSS pasan a este nuevo ente gubernamental. En una de sus primeras medidas trata de anular el proceso judicial de los jubilados pero, ante las decisiones judiciales en 1998 y en una actitud extraña y contraproducente, decide pagar la deuda a sólo dos personas, al presidente y al secretario de defensa de la CTJP. Los años que siguieron en un Poder Judicial dominado por el fujimontesinismo se archivaron los juicios de los jubilados.
Diez años después, en el 2002, en una sentencia aleccionadora, el Tribunal Constitucional da la razón a los jubilados y expresa en su dictamen que se trata de un interés colectivo y exige al Poder Judicial que cumpla las sentencias emanadas anteriormente pero, aunque libre ya del poder Fujimorista, la ONP sigue negándose a cumplir los mandatos supremos. Lo que repite en cuatro oportunidades más. En una ocasión y en forma que linda con la comicidad, señala que las notificaciones del Poder Judicial no llegaron a su domicilio pese a que tenían sellos de recibido.
Es el 22 de abril del 2008 que sucede la muerte en pleno juzgado de Suárez Cornejo. Frente a la desgracia, representantes del Poder Judicial culpan a la ONP de no atender las demandas de los jubilados, mientras aseguran que el problema será solucionado, pero nuevamente las palabras se las lleva el viento.
Es más, los magistrados Espinoza Córdova y Martínez Asurza se pronuncian contra la demanda de los jubilados, los que el pasado 21 de setiembre presentan una nueva acción de amparo contra la sexta sala civil y contra la ONP.
Pagan millonadaEl argumento que la ONP no tenía dinero para pagar la deuda a los jubilados cae por su propio peso. La propia Defensoría del Pueblo publicó días atrás que la institución administradora de pensiones gasta anualmente un promedio de 24 millones de soles en pagos a estudios de abogados, los que “argumentan” con cualquier absurdo el porqué los jubilados o los que tramitan jubilación no cumplen determinados requisitos.
La ONP contrata los estudios de abogados más caros de Lima, como Palacios, Muñiz, Norman, Laos Aguilar, Rivera Ore, etc. “prefieren gastar millones en abogados y no cumplir con nosotros”, dice Humberto Mesías, de 82 años, secretario de defensa de la CTJP y quien durante 45 años laboro en diversas fabricas de tejidos.
“En unas 15 oportunidades nos hemos reunido con los funcionarios de la ONP, entre ellos con el presidente Luis Chirinos, siempre nos ofrecen que darán solución a nuestra demanda que se ajusta a ley, pero nada. Nunca la ONP da la razón a los jubilados. Si eso pasa en Lima imagínese lo que pasará en el interior, particularmente con los que no tienen cómo solventar un juicio”, interviene el secretario de organización Fermín Sarango, de 75 años.
“La situación de la mayoría de jubilados es muy dura, de eso conocen los dirigentes y para ellos siguen empeñados en lograr justicia. Lo que ocurre es algo inaudito, 19 años en ejecución de sentencia que no se cumple”, precisó el asesor legal de la CTJP Martín Olivares Lazo.
Ya cercanos al final de sus vidas, los jubilados se han propuesto seguir en su lucha y no cejar en sus demandas para que compañeros como Evaristo Vipe, talareño de 104 años; Sánchez León, de 100 años, y Jacinta Masías, de 91 años, entre otros, puedan tener una vejez digna.
Denis Merino
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