Cruzando la raya

Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2347 de la revista ‘Caretas’.

Gustavo Gorriti, Foto: Christian Osés)

 

 

 

Lo que empezó semanas atrás como un tosco psicosocial se convirtió estos días en una amenaza a la independencia del Poder Judicial, cuando una resolución que recordó los tiempos del fujimorato removió de sus puestos a los magistrados que habían decretado la libertad condicional de varios detenidos.
Cuando el colegiado F de la Sala Penal Nacional detectó la patente carencia de pruebas de...
la acusación en el caso Movadef y falló en consecuencia, las críticas del Ejecutivo llevaron a que un lamentable presidente del Poder Judicial removiera punitivamente a los jueces.
En ese proceso el Gobierno desmereció los logros reales que ha tenido en la lucha contra senderistas insurrectos, en el Huallaga primero y en el VRAE ahora.
¿Qué monumental descriterio llevó a este Gobierno a contaminar esos logros con la persecución, incluyendo el uso de pruebas falsas, de la gente del Movadef y del Sendero de Abimael Guzmán, que lleva años reconociendo su derrota y proclamando, en hostil oposición a los del VRAE, su explícita renuncia a la insurrección armada y sugiriendo su disposición de rendirse formalmente?
La crisis empezó cuando el colegiado F de la Sala Penal Nacional compuesto por los jueces superiores Víctor Valladolid, Olga Inga y Ana Vásquez, determinó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el caso Movadef eran insuficientes y dispuso ordenar la libertad con comparecencia de ocho de los acusados principales.

"La medida provocó inicialmente algunas felicitaciones y hasta celebraciones. ¿Había llegado el método Urresti, levador de popularidades decaídas, al Poder Judicial?".

Fue un fallo correcto, desarrollado con un análisis racional de hechos y argumentaciones que no es  frecuente en el Poder Judicial. Pero luego de las quejas del presidente Humala y otros miembros de su gabinete, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, decidió actuar en forma que hubiera resultado normal en los tiempos de Rodríguez Medrano, pero no ahora.
Mendoza, a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, removió a los tres jueces superiores: Valladolid, Inga y Vásquez, del colegiado F.
La medida provocó inicialmente algunas felicitaciones y hasta celebraciones. ¿Había llegado el método Urresti, levador de popularidades decaídas, al Poder Judicial? El presidente Humala saludó esa medida; lo hizo también el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, comprensiblemente presto a sumarse a cualquier coro que suene más fuerte que el corrido de la Centralita.
Pero los días siguientes revelaron que el aplauso fácil fue también aplauso corto.
Las protestas emergieron de izquierda, derecha y centro. El ex presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, criticó con áspera dureza a Mendoza: El Consejo del Poder Judicial, dijo, “es un órgano de gobierno, no de desgobierno, y no puede abocarse a calificar si una sentencia [la del colegiado F] fue o no correcta”. Mendoza, dijo Villa Stein, no está “en el lugar que le corresponde al presidente de la Corte Suprema, para dirigir al Poder Judicial y no para darle la espalda a los jueces”.
Desde IDL,[donde yo trabajo, en IDL-Reporteros], Ernesto de la Jara, entrevistado por La República, hizo duras declaraciones sobre la acción del presidente del PJ: “Lo grave es que el órgano de gobierno del Poder Judicial esté mintiendo abiertamente. En el sentido de que todo el mundo sabe que esa decisión responde a la sentencia que ha revocado la prisión preventiva (de los miembros del Movadef). Esto es gravísimo”. El peligro, añadió de la Jara es que “ahora muchos jueces y fiscales no se atreverán a resolver en forma independiente porque van a decir: el señor (Enrique) Mendoza y compañía me van a sancionar”.
La Asociación Nacional de Magistrados hizo un pronunciamiento cuyo punto central “RECHAZA la remoción de los Jueces Superiores del Colegiado F de la Sala Penal Nacional, acordada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órgano que dos días antes, con ocasión “Del Día del Juez”, los premió por demostrar solvencia moral y profesional en el desempeño de sus funciones;  y que sin embargo, ante la intromisión e interferencia del Procurador Público Julio Galindo, quien difamatoriamente califica a los dignos magistrados de “prosenderistas”[…] decide  removerlos del citado Colegiado; denigrándolos públicamente”.
A esas alturas, y antes también, Mendoza ya se había dado cuenta, según se ve, que en términos de costo-beneficio político se iba a la quiebra. Así que salió con la explicación de que la remoción de los tres jueces no tenía nada que ver con el fallo sino con un súbito espíritu de “renovación”.
Pocas coartadas han tenido una vida más corta. Mendoza resultó desmentido hasta por los aliados de ocasión.
Con su característica sutileza y profundidad, el procurador Julio Galindo hundió a Mendoza al alabarlo. La remoción que este ordenó, dijo: ”… se ha producido simplemente porque los magistrados han incumplido con evaluar las pruebas, no en su momento, sino de forma anticipada [sic]… Hay que felicitar al doctor (Enrique) Mendoza, presidente del Poder Judicial, por la actitud asumida. […] Qué vamos a hacer con unos vocales que haciendo abuso de la discrecionalidad y de la autonomía hacen lo que ellos quieren y no lo que la población desea”.
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, también felicitó a Mendoza por la remoción de los jueces. Esa, dijo ha sido “una acción de rectificación […] [las] resoluciones judiciales, pueden ser objeto […] de control por los órganos institucionales”.
Experiencia en remoción de funcionarios no le falta a Ramos Heredia, como lo saben bien los fiscales que investigaron en su momento al hoy encarcelado presidente de la región Ancash, César Álvarez.
En el nivel policial ha sido lastimoso ver a buenos investigadores negando, sin mencionarlas, sus propias investigaciones. Entiendo que en una organización vertical se obedece órdenes. ¿Pero presentar con pública vehemencia como verdad lo que se sabe es mentira? Una pena.
De la fiscalía, lo poco que se puede decir es que la acusación de Wendy Calero es tan endeble, que no dejó a los jueces del colegiado F otra alternativa que el fallo que dieron.
Al margen de lo que se discuta en el expediente, ¿el Movadef representa o no representa un peligro de seguridad nacional? Yo creo que no. ¿Está íntimamente vinculado con el Sendero de Guzmán? Por supuesto que sí. ¿Sus líderes obedecen a Guzmán? Sin duda.
¿Guzmán es ahora un peligro de seguridad nacional? No. Su organización se declara derrotada, no lleva a cabo ni organiza acciones armadas, ni planea hacerlas. Quiere rendirse en forma dignificada, aunque sabe que va a morir en prisión. ¿Le conviene o no al país que se produzca esa rendición formal (aunque tenga otro nombre)? Por supuesto que le conviene. ¿Ayudaría en la lucha contra el Sendero del VRAE? Claro que ayudaría.
¿Debe permitirse mientras tanto la participación del Movadef en campañas electorales y elecciones? No. No mientras no proclamen su lealtad perpetua al sistema democrático, rechacen para siempre el recurso a la violencia y pidan con la más profunda contrición, perdón al país por todo el mal que hicieron.
¿Cómo se logrará eso? Hablando, discutiendo y debatiendo. Si ellos se han alejado de la violencia y buscan un nuevo camino después de reconocer su derrota, ¿les vamos a escupir y encarcelar por la osadía de querer expresarse? No ha existido contrainsurgencia inteligente y victoriosa que no haya apelado a la negociación con el enemigo como medio de acortar el camino a la paz.
Y aquí, ahora, nosotros: ¿vamos a declararle la guerra al sentido común y adoptar en el proceso la mentira como método válido? Que lo haga Mendoza, si quiere, que lo haga Galindo, si le place, pero nosotros no aceptemos supercherías ni principios antidemocráticos como medios aceptables de acción.

Fuente: http://idl-reporteros.pe/2014/08/14/columna-de-reporteros-188/