Erick Iriarte señala que ambigüedades de Ley de Delitos Informáticos afectaría la labor del comunicador, que podría derivar en autocensura.
la intercepción telefónica. A continuación compartimos un informe de Rider Bendezú publicado hoy en el diario La República.
Esta parte de la legislación, la cual proviene del proyecto 2520/2012-PE, presentado por el Poder Ejecutivo; añade años de pena para las personas que cometan este delito en desmedro de la seguridad nacional.
“Lo único que se ha hecho es agravar la pena cuando la comunicación interceptada ilícitamente, chuponeada ilícitamente, se refiere a cuestiones que tienen que ver con la defensa nacional, con la soberanía del Estado”, señaló José Luis Medina, asesor del Ministerio de Justicia que participó en la elaboración de la propuesta.
En efecto, este artículo del dictamen añade dos párrafos al vigente, en materia de agravio de penas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no incluye la excepción de "interés público", tal como lo hizo con la observación a la recordada ley mordaza del congresista Javier Bedoya.
En enero del 2012, el presidente Ollanta Humala devolvió la ley al Congreso, tras señalar que no añadir la excepción de "interés público" generaría un problema para la libertad de expresión.
“No es solamente añadir años a la pena, la cosa es mucho más seria en este artículo. El vigente no tiene la excepción pero solo tiene dos párrafos y, jurisprudencialmente, se ha ido encontrando que la excepción es la manera. Este artículo requería la inclusión de la excepción de interés público, ¿por qué no lo hizo?”, indicó el abogado especializado en TIC, Erick Iriarte.
Sin embargo, Medina Frisancho consideró que el ejercicio de la prensa no está en discusión, porque esta ley solo contiene un agravante para aquellos que vayan en contra de la seguridad del Estado.
“No entiendo las críticas, nadie afecta la libertad de expresión con eso. ¿Alguien está autorizado para chuponear a un ministro? Acaso, ¿la prensa está autorizada para chuponear a un ministro y saber qué está haciendo? Chuponear es un delito y tiene que seguir siendo un delito”, afirmó.
El asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia aseguró que los medios de comunicación no serán sancionados con la difusión de contenidos obtenidos por la intercepción telefónica.
“No hay penas a la difusión, eso tiene que quedar clarísimo. Nadie ha planteado eso, nadie ha planteado castigar a la prensa. Lo único qué se ha hecho es agravar cuando la comunicación es sensible, cuando se refiere a cuestiones de seguridad nacional”, apuntó Medina.
Sobre este punto, Iriarte Ahon señaló que no se puede hablar de agravante cuando no existe una manera de conocer a qué se refiere el Ejecutivo con “información clasificada como secreta, reservada o confidencial”. Preguntó si será el juez quien se encargue de establecer las categorías.
“No hay una tabla de información secreta, reservada o confidencial de manera pública a la que podrían acceder los periodistas o cualquier persona de manera que se pueda saber que lo que se tiene en sus manos es secreto, reservado o confidencial. Hay un agravante, pero quién determina esto. ¿Lo va a determinar de manera clasista el Poder Judicial?”, manifestó el abogado.
Asimismo, consideró que estas ambigüedades o falta de claridad en la legislación originan que la labor del comunicador se vea afectada, llegando a un punto de autocensura, al no existir mayor información sobre qué es secreto, reservado o confidencial.
“Han añadido un par de párrafos que lo que hacen es hacerte una autocensura. La arbitrariedad y la no claridad terminan de afectar libertades. La prensa y la libertad de expresión pueden verse afectadas”, advirtió Iriarte.
Coincidencia con audio de Cateriano
Para Medina, es una coincidencia que esta propuesta se haya presentado días cercanos a la difusión del audio del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, recordado por el término de ‘luz verde’ que empleó para referirse a un permiso de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia.“El proyecto del Poder Ejecutivo se presentó días antes de lo que le pasó al ministro Cateriano, no hay nexo, fue coincidencia que luego pasara eso”, aseguró Medina.
En tanto, Iriarte comentó que no existen coincidencias, porque días después de este audio difundido, el Gobierno reconoció el interés de incrementar la pena a los que cometan este tipo de delitos.
“El Poder Ejecutivo señaló que la intercepción a la llamada de Cateriano y su divulgación atentaba contra la defensa nacional, ¿atenta porque lo dice? Se presta a la arbitrariedad la forma cómo lo han escrito”, sentenció.
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