Interesante editorial escrito para http://espacio360.pe/ , en mérito a ello lo ponemos a su consideración:
Cada vez hay más evidencias de que este Congreso no
ha debido de imponerle a los peruanos un ‘bloque’ vergonzante de
candidatos al Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, cuyo
mayor ‘mérito’ es la pertenencia a un partido y el apoyo a...
una agenda que despierta justificada desconfianza. Como decimos en nuestra Acta Fundacional, tenemos un “compromiso con nuestro presente, y precisamente porque apuntamos a construir futuro es que nos damos la licencia para juzgar el presente”. Eso hacemos.
una agenda que despierta justificada desconfianza. Como decimos en nuestra Acta Fundacional, tenemos un “compromiso con nuestro presente, y precisamente porque apuntamos a construir futuro es que nos damos la licencia para juzgar el presente”. Eso hacemos.
Ayer se han hecho públicos audios que demuestran el
crudo negociado a que se sometió las candidaturas, en el que primó el
peso de cada bancada y no el consenso democrático que la nación demanda
para elegir a personalidades independientes, capaces y probas. Por un
mínimo de decencia política y de respeto a los ciudadanos, el Congreso
debió replantear los nombramientos y, por lo menos, someter a reflexivo
debate las candidaturas y postergar la elección. No lo ha hecho.
De ninguna manera es aceptable lo expresado por el presidente del Congreso, Víctor Isla, cuya teatral indignación contra quienes supuestamente filtraron el audio quisiéramos verla respecto del fondo del asunto: el escandaloso tira y afloja de las bancadas mayoritarias con temas tan trascendentales para el equilibrio democrático, la seguridad jurídica y la decencia. Imponer en bloque las candidaturas mencionadas ha sido un atentado contra la democracia y un portazo a los peruanos que en mayoría demandan una rectificación.
Efectivamente. Eso es lo que solicitan ya no solo nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa y representantes del empresariado y de entidades defensoras de derechos humanos, sino también colectivos de ciudadanos de a pie que tachan a los candidatos propuestos y exigen, a todo pulmón –las redes sociales se han incendiado con esta elección-, que se revise las listas de candidatos fuera de cualquier criterio partidista. La verdad es que, como ha denunciado la prensa independiente, el país no puede aceptar que se incluya en el TC y la Defensoría del Pueblo, que tienen la última palabra en cuestiones de interpretación constitucional y respeto de derechos fundamentales, a personajes de trayectoria cuestionable que raya, en algunos casos, en lo delictivo. ¿Con qué autoridad moral podrán pronunciarse el TC y la Defensoría del Pueblo si sus titulares tienen tal rabo de paja?
El Perú nos pide coherencia democrática. Nuestra responsabilidad, como medio de comunicación, según también remarca nuestra Acta Fundacional, “nos exige actuar con independencia, sin ataduras a grupos partidarios o de interés”, por lo que “con firmeza y optimismo nos abocamos a informar con rigor y celeridad, y a criticar con conocimiento y convicción democrática, poniendo el grano (o grado) de arena a que estamos obligados como peruanos de corazón”.
En momentos en que el actual Tribunal Constitucional remarca su independencia, al exhortar al Estado peruano a honrar la deuda agraria y le da un plazo de seis meses para que reglamente el procedimiento de pago, el país exige de sus poderes públicos pruebas de coherencia y compromiso con el interés nacional para no mediatizar y deslegitimar al TC y la Defensoría del Pueblo. Los congresistas, recordemos, por más que insistan en el sonsonete de que “no están sometidos a mandato imperativo”, son representantes de los ciudadanos y no pueden actuar de espaldas a ellos, so riesgo de provocar la protesta general y destruir el andamiaje democrático institucional que tanto nos ha costado reconstruir luego de la debacle de los 90.
Hoy los peruanos queremos saber, con nombre y apellido, qué congresistas votaron por la opción democrática y cuáles por la imposición vergonzosa. Estaremos muy atentos.
De ninguna manera es aceptable lo expresado por el presidente del Congreso, Víctor Isla, cuya teatral indignación contra quienes supuestamente filtraron el audio quisiéramos verla respecto del fondo del asunto: el escandaloso tira y afloja de las bancadas mayoritarias con temas tan trascendentales para el equilibrio democrático, la seguridad jurídica y la decencia. Imponer en bloque las candidaturas mencionadas ha sido un atentado contra la democracia y un portazo a los peruanos que en mayoría demandan una rectificación.
Efectivamente. Eso es lo que solicitan ya no solo nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa y representantes del empresariado y de entidades defensoras de derechos humanos, sino también colectivos de ciudadanos de a pie que tachan a los candidatos propuestos y exigen, a todo pulmón –las redes sociales se han incendiado con esta elección-, que se revise las listas de candidatos fuera de cualquier criterio partidista. La verdad es que, como ha denunciado la prensa independiente, el país no puede aceptar que se incluya en el TC y la Defensoría del Pueblo, que tienen la última palabra en cuestiones de interpretación constitucional y respeto de derechos fundamentales, a personajes de trayectoria cuestionable que raya, en algunos casos, en lo delictivo. ¿Con qué autoridad moral podrán pronunciarse el TC y la Defensoría del Pueblo si sus titulares tienen tal rabo de paja?
El Perú nos pide coherencia democrática. Nuestra responsabilidad, como medio de comunicación, según también remarca nuestra Acta Fundacional, “nos exige actuar con independencia, sin ataduras a grupos partidarios o de interés”, por lo que “con firmeza y optimismo nos abocamos a informar con rigor y celeridad, y a criticar con conocimiento y convicción democrática, poniendo el grano (o grado) de arena a que estamos obligados como peruanos de corazón”.
En momentos en que el actual Tribunal Constitucional remarca su independencia, al exhortar al Estado peruano a honrar la deuda agraria y le da un plazo de seis meses para que reglamente el procedimiento de pago, el país exige de sus poderes públicos pruebas de coherencia y compromiso con el interés nacional para no mediatizar y deslegitimar al TC y la Defensoría del Pueblo. Los congresistas, recordemos, por más que insistan en el sonsonete de que “no están sometidos a mandato imperativo”, son representantes de los ciudadanos y no pueden actuar de espaldas a ellos, so riesgo de provocar la protesta general y destruir el andamiaje democrático institucional que tanto nos ha costado reconstruir luego de la debacle de los 90.
Hoy los peruanos queremos saber, con nombre y apellido, qué congresistas votaron por la opción democrática y cuáles por la imposición vergonzosa. Estaremos muy atentos.
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