El modus operandi del asalto al contrato municipal.
Lo que no debiera perderse de vista en medio de todo este jaleo armado con el fin de revocar a la alcaldesa Susana Villarán es que, como suele ocurrir con frecuencia en la política, el factor determinante pueda ser nada menos que...
el dinero.
Eso va quedando claro en todo este amago de debate sobre este intento de revocatoria que no llega a concretarse pues la verdad es que los revocadores andan escapándose de toda confrontación de ideas creyendo que, como los números de las encuestas aún les favorecen, no les conviene correr el riesgo de un traspié, por ejemplo, en el terreno en el que su defensa es más floja: el de la plata.
Dos artículos aparecidos esta semana ayudan a entender el tema. Uno es de Mirko Lauer (Y ahora, los comealcaldes), publicado el miércoles en este diario, en el que recuerda a las bandas dedicadas a vender procesos de revocatoria y vacancias municipales por todo el país dentro de un proceso que hoy ha llegado a Lima.
Agrega que el objetivo de estas bandas no es mejorar la gestión edil sino el acceso a contratos municipales que, apenas se produzca el relevo del alcalde, serán renegociados en favor de los amigos y promotores de las nuevas autoridades.
Algo de eso parece ocurrir en el caso del ex ministro aprista que le dice a una alcaldesa que está en la cuerda floja “vamos a dejar ese tema de los honorarios pendiente. Yo ya te puse el número, me lo pagarás cuando regreses a la alcaldía”, tras lo cual pasa a hablar de un contrato en ese municipio. ¿Modus operandi?
El otro artículo relevante es el del presidente de Confiep, Humberto Speziani (Lo que Lima necesita), también publicado el miércoles, en El Comercio, en el que resalta la cartera de inversiones presentadas en noviembre por el municipio de Lima para realizarse en la capital por cerca de US$4 mil millones en un contexto en el que las agencias evaluadoras de riesgo –como Moody’s– han elevado la calificación de la ciudad.
¿Son estos contratos el interés principal de los revocadores?
Speziani hace notar, con acierto, que, sin dejar de reconocer la constitucionalidad del mecanismo de la revocatoria, hacerlo por razones políticas –como en este caso– tendría un costo para la capital y para sus ciudadanos, tanto en las inversiones previstas como en la evaluación del riesgo crediticio de la ciudad, lo cual lo lleva a concluir que el intento de defenestrar a Villarán es absurdo.
Estos números contrastan con el escándalo de la revelación de los financistas de “Marco Turbio”, con donantes bamba que, incluso, estuvieron vinculados al SIN de Montesinos.
Pero, como suelen decir, ‘bisnes son bisnes’. Provecho, revocadores y su comparsa de aliados por el ‘Sí’.
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