Técnicos de Autoridad Nacional del Agua afirman que las tarifas que se pagan “no compensan el impacto”
(Archivo)
NELLY LUNA AMANCIO
“Tenemos una política de concesión de derechos mineros que se superpone a las cabeceras de cuenca en el país”, dice con preocupación Jorge Benites, ingeniero y director de Conservación y Planeamiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Y es que más del 60% de las fuentes de agua del país se encuentran delimitadas por los 48 mil denuncios mineros registrados.
Los recientes conflictos en Cajamarca y Apurímac revelan esa desconfianza de las comunidades ubicadas alrededor de los proyectos mineros respecto a la disponibilidad y calidad de agua. Dudan de los estudios de impacto ambiental (EIA), de la imparcialidad de las autoridades, del impacto económico real sobre las poblaciones, de la intensidad del daño a los ecosistemas.
Estos conflictos socioambientales tienen un mismo origen: la explotación minera en las cabeceras de cuenca, lugar donde se encuentran las fuentes de agua dulce que abastecen a las poblaciones de la costa y sierra del Perú. El proyecto Conga (minera Yanacocha) busca, por ejemplo, convertir una laguna de la cabecera de Cajamarca en un enorme tajo minero y otra en un lugar de acopio de desmonte.
Detrás de estas protestas se debate algo más que la viabilidad de un proyecto: el futuro de las fuentes de agua. Esta semana el presidente Ollanta Humala respaldó el proyecto Conga, pero aseguró, a su vez, que se garantizará la disponibilidad y calidad del agua. ¿Es posible esta convivencia?
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