ONU impone nuevo castigo por caso de menor de 13 años embarazada que quedó discapacitada por no recibir atención médica a tiempo.
El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Cedaw) de la ONU condenó al Estado peruano por violar los derechos humanos de una adolescente que requería de un aborto terapéutico y determinó que el Estado debe establecer un mecanismo para el acceso efectivo a este procedimiento que es legal en el país.
La víctima, de iniciales L.C., había quedado embarazada a los 13 años luego de que fuera violada por un mototaxista de 40 años. Cuando se enteró de su estado, la menor intentó suicidarse: saltó desde un edificio y sobrevivió, pero los médicos que la atendieron se negaron a realizar la cirugía que necesitaba por su embarazo y quedó inválida de por vida.
“Una vez más, la ONU ha dejado claro que negar el acceso a servicios médicos esenciales, incluyendo el aborto legal, constituye una violación de los derechos humanos”, dijo Rossina Guerrero, directora de Promsex, que junto al Centro de Derechos Reproductivos presentaron el caso de L.C. ante el Comité Cedaw el 2009.
El comité le ordena al Estado indemnizar y brindar medidas de rehabilitación a la víctima, así como establecer mecanismos y el protocolo que garanticen el acceso efectivo al aborto terapéutico en el país. También exige revisar la legislación que criminaliza a las mujeres que interrumpen sus embarazos producto de una violación.
ANTECEDENTES
Este no es el primer caso en el Perú. El 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a favor de una joven de 17 años que fue obligada a dar a luz a un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (no tenía cerebro) y a alimentarlo por los cuatro días que sobrevivió, experiencia que la dejó con un grave cuadro de depresión.
A pesar de que esa fue la primera vez que las Naciones Unidas le demandó una reparación efectiva a un país por no practicar el aborto terapéutico, el Estado todavía no atiende esta decisión.
La víctima, de iniciales L.C., había quedado embarazada a los 13 años luego de que fuera violada por un mototaxista de 40 años. Cuando se enteró de su estado, la menor intentó suicidarse: saltó desde un edificio y sobrevivió, pero los médicos que la atendieron se negaron a realizar la cirugía que necesitaba por su embarazo y quedó inválida de por vida.
“Una vez más, la ONU ha dejado claro que negar el acceso a servicios médicos esenciales, incluyendo el aborto legal, constituye una violación de los derechos humanos”, dijo Rossina Guerrero, directora de Promsex, que junto al Centro de Derechos Reproductivos presentaron el caso de L.C. ante el Comité Cedaw el 2009.
El comité le ordena al Estado indemnizar y brindar medidas de rehabilitación a la víctima, así como establecer mecanismos y el protocolo que garanticen el acceso efectivo al aborto terapéutico en el país. También exige revisar la legislación que criminaliza a las mujeres que interrumpen sus embarazos producto de una violación.
ANTECEDENTES
Este no es el primer caso en el Perú. El 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a favor de una joven de 17 años que fue obligada a dar a luz a un feto con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina (no tenía cerebro) y a alimentarlo por los cuatro días que sobrevivió, experiencia que la dejó con un grave cuadro de depresión.
A pesar de que esa fue la primera vez que las Naciones Unidas le demandó una reparación efectiva a un país por no practicar el aborto terapéutico, el Estado todavía no atiende esta decisión.
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