Tras el escándalo suscitado por la presentación de un informe del
máximo ente de control del Estado que pone en aprietos a varios altos
mandos militares y exministros apristas en la firma de un contrato poco
transparente con la empresa israelí Global CST, el contralor de la
República, Fuad Khoury, asistió a las comisiones de Fiscalización y de
Defensa del Congreso y reveló que existen más de 11 irregularidades
encontradas por...
su despacho, que beneficiaron a la compañía internacional y perjudicaron a las Fuerzas Armadas.
Durante cinco horas, el funcionario respondió el cuestionario de preguntas de 30 congresistas y detalló que durante el período 2009-2011 se habrían falsificado resoluciones y permitido el pago adelantado de las prestaciones sin verificar los servicios.
“Hemos venido al Congreso a resaltar la labor de la Contraloría respecto al caso que todos conocemos. La Fiscalía acaba de abrir una carpeta de investigación a todos los implicados y esperamos que la situación se esclarezca. Pido comprensión porque no podemos contar todas las informaciones que aún son materia de análisis”, señaló el Khoury, quien fue respaldado por la mayoría de legisladores.
FAENÓN APRISTA
Según el contralor, existe una serie de indicios que involucran a 17 militares y exfuncionarios con los delitos de colusión (acuerdo clandestino entre dos personas para un fin que afecta los intereses estatales) y falsedad genérica (declaraciones y documentos inverosímiles) en agravio del Estado, que se han detectado desde hace tres años.
El primer indicio indica que el 20 de octubre de 2009 se emitieron dos resoluciones Nº 683, una de las cuales tenía la aprobación de las bases para la contratación de los servicios de asistencia técnica de la empresa israelí en su artículo 2º, mientras que la siguiente se cerraba en su artículo 1º. Esta acción fragua los documentos originales, ya que hay un duplicado mal hecho y que no se registró en los archivos del Ministerio de Defensa.
El contrato por 9 millones 100 000 dólares suscrito con Global CST establece la forma de pago en cuatro cuotas, en función a los días transcurridos y no en función de los servicios realmente prestados. Es así que contraviene el artículo 180 de la Ley de Contrataciones del Estado, que en su cláusula 5 señala que, en primera instancia, la empresa debe realizar el servicio y luego se le paga.
Sin embargo, el pago se realizó a velocidad 23 días después de la firma del contrato y se canceló el 30% del total (2 millones 730 000 dólares a pesar de haber dado solo un reporte inicial del trabajo israelí en el Perú).
La tercera irregularidad que detectó la Contraloría es que en el contrato y las adendas firmadas entre las partes se estipula el pago de los 9 millones 100 000 dólares sin considerar en este monto el pago de los impuestos, lo que elevó la ganancia a 13 millones 359 000 dólares.
Esa diferencia fue asumida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que pagó, además, el impuesto a la renta por este servicio, equivalente al 30%, cuando correspondía en este caso solo un pago de 15%. Obviamente, para evitar contratiempos y auditorías.
Al no considerar este pago de impuestos, Global CST incumplió las normas de contratación y el Estado entregó –increíblemente– una carta fianza por un monto inferior al que era obligatorio.
MÁS IRREGULARIDADES
Este tipo de contratos exige la asistencia técnica del informe de auditores de prestigio que certifiquen la transparencia del proceso, la cual no se presentó. La empresa ni siquiera documentó su declaración jurada ante la SUNAT ni registró los ingresos que generó durante su estadía en nuestro país.
La quinta irregularidad señala que la empresa no participó en un proceso de selección con demás postores y la carta de garantía debió entregarse el 20 de octubre y no el 6 de noviembre de 2009, 17 días después de la suscripción del contrato, contraviniendo a las normas expresas del Ministerio de Defensa y la Ley de Contrataciones del Estado.
La carta fianza presentada por Global CST no garantizaba las actividades descritas en el contrato. Esta irregularidad fue aceptada por la oficina de control interno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a pesar de ser –léalo bien– “inejecutable”.
“Lo que decían la carta fianza y el contrato no correspondían. Hablaban en idiomas diferentes y no era pegado a la realidad”, señaló Khoury.
Resulta más extraño a ún que exista una carta fianza por US$ 227 000 cuando en realidad debió ser de US$ 150 000, siguiendo la lógica del contrato original.
EL COLMO
La principal irregularidad que encontró la Contraloría es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) suscribió un contrato con una empresa que no estaba inscrita ni documentada en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), siendo este requisito necesario así haya un acuerdo secreto y de interés nacional. Esto significa que la empresa no estaba habilitada para contratar con el gobierno aprista, flagrante delito que puede determinar una pronta salida de Global CST del país.
La empresa israelí argumenta que en esos momentos no tenía ningún funcionario en nuestro país, “información totalmente falsa”, según el contralor, porque un ciudadano peruano representó a la empresa desde el 14 de octubre de 2009.
En décimo lugar, se señala que el adendum (añadidos a un contrato) fue suscrito por el viceministro de Políticas para la Defensa del MINDEF. Sin embargo, no hay un acto administrativo donde el ministro a cargo de la cartera derive las facultades de fiscalización al viceministro. En pocas palabras, nunca fue autorizado.
Según la Contraloría, la Inspectoría General del MINDEF, a cargo del congresista fujimorista Carlos Tubino en esos momentos, “avaló el avance del contrato y señaló que se venía cumpliendo a cabalidad”, lo cual nunca fue ajustado a la realidad.
En la sesión congresal, algo nervioso, el mencionado parlamentario dijo desconocer este aval y mostró un documento donde se señala que nunca recibió el encargo del despacho ministerial para velar por el cumplimiento del contrato.
No eran especialistas en Capacitación
Fuad Khoury afirmó que el 70% del personal de la empresa israelí Global CST que ingresó al Perú para brindar capacitación a militares en el VRAEM eran traductores y asesores que no tenían los 20 o 30 años de experiencia que señalaba el contrato.
“De una lista de 113 instructores de Global, 77 eran traductores y 31 asesores. Cinco no ingresaron al país durante el período vigente del contrato, sino después. Eso nos lleva a tener dudas razonables de la participación, calificaciones, experiencia, número de instructores ofrecidos, personal fantasma, sin perjuicio de la desproporción entre el 70% de asesores y traductores frente al 30%”, refirió.
Cabe señalar que solo el 28% de los supuestos capacitadores tenía una edad mayor a 40 años, con lo que se sospecha de su experiencia laboral. Estos datos fueron recogidos gracias a la información de la Oficina de Migraciones.
Rey hablará mañana
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, señaló que mañana asistirá al Parlamento el exministro de Defensa Rafael Rey, quien dará su versión ante las irregularidades halladas.
Y el miércoles de la próxima semana se harán presentes en las comisiones de Fiscalización y de Defensa el excomandante general del Ejército Otto Guibovich y todos los militares involucrados que deberán revelar cuál fue la participación del exministro Hernán Garrido Lecca en la firma del contrato. También se espera la presencia de Ántero Flores Aráoz.
“Firma del contrato con Global CST fue una traición a la patria”
Durante la presentación del informe de la Contraloría General de la República en el Congreso, el parlamentario Daniel Abugattás calificó de “traición a la patria” la firma del contrato con la empresa israelí Global CST y pidió a los grupos políticos estar unidos para que este caso no quede impune.
“Hoy se presenta la única oportunidad de decir alto a la corrupción. Por la gravedad de estos hechos, deben ser catalogados como traición a la patria porque es lo más degradante que puede haber en nuestro país. Mientras nuestros compatriotas mueren en el campo de batalla, un grupo de bandidos se llena los bolsillos”, señaló.
El expresidente del Congreso felicitó al contralor por la investigación realizada y pidió a las comisiones de Fiscalización y de Defensa citar a representantes del Ministerio de Economía para que expliquen cómo han realizado el movimiento de la partida presupuestal sin la autorización del Parlamento.
EL DATO
Los encargados de las oficinas del Organismo de Control Interno del Ministerio de Defensa están enfrentando un proceso administrativo por no detectar ni fiscalizar las irregularidades del caso
JORGE CHÁVEZ MORALES
jchavez@diario16.com.pe
su despacho, que beneficiaron a la compañía internacional y perjudicaron a las Fuerzas Armadas.
Durante cinco horas, el funcionario respondió el cuestionario de preguntas de 30 congresistas y detalló que durante el período 2009-2011 se habrían falsificado resoluciones y permitido el pago adelantado de las prestaciones sin verificar los servicios.
“Hemos venido al Congreso a resaltar la labor de la Contraloría respecto al caso que todos conocemos. La Fiscalía acaba de abrir una carpeta de investigación a todos los implicados y esperamos que la situación se esclarezca. Pido comprensión porque no podemos contar todas las informaciones que aún son materia de análisis”, señaló el Khoury, quien fue respaldado por la mayoría de legisladores.
FAENÓN APRISTA
Según el contralor, existe una serie de indicios que involucran a 17 militares y exfuncionarios con los delitos de colusión (acuerdo clandestino entre dos personas para un fin que afecta los intereses estatales) y falsedad genérica (declaraciones y documentos inverosímiles) en agravio del Estado, que se han detectado desde hace tres años.
El primer indicio indica que el 20 de octubre de 2009 se emitieron dos resoluciones Nº 683, una de las cuales tenía la aprobación de las bases para la contratación de los servicios de asistencia técnica de la empresa israelí en su artículo 2º, mientras que la siguiente se cerraba en su artículo 1º. Esta acción fragua los documentos originales, ya que hay un duplicado mal hecho y que no se registró en los archivos del Ministerio de Defensa.
El contrato por 9 millones 100 000 dólares suscrito con Global CST establece la forma de pago en cuatro cuotas, en función a los días transcurridos y no en función de los servicios realmente prestados. Es así que contraviene el artículo 180 de la Ley de Contrataciones del Estado, que en su cláusula 5 señala que, en primera instancia, la empresa debe realizar el servicio y luego se le paga.
Sin embargo, el pago se realizó a velocidad 23 días después de la firma del contrato y se canceló el 30% del total (2 millones 730 000 dólares a pesar de haber dado solo un reporte inicial del trabajo israelí en el Perú).
La tercera irregularidad que detectó la Contraloría es que en el contrato y las adendas firmadas entre las partes se estipula el pago de los 9 millones 100 000 dólares sin considerar en este monto el pago de los impuestos, lo que elevó la ganancia a 13 millones 359 000 dólares.
Esa diferencia fue asumida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que pagó, además, el impuesto a la renta por este servicio, equivalente al 30%, cuando correspondía en este caso solo un pago de 15%. Obviamente, para evitar contratiempos y auditorías.
Al no considerar este pago de impuestos, Global CST incumplió las normas de contratación y el Estado entregó –increíblemente– una carta fianza por un monto inferior al que era obligatorio.
MÁS IRREGULARIDADES
Este tipo de contratos exige la asistencia técnica del informe de auditores de prestigio que certifiquen la transparencia del proceso, la cual no se presentó. La empresa ni siquiera documentó su declaración jurada ante la SUNAT ni registró los ingresos que generó durante su estadía en nuestro país.
La quinta irregularidad señala que la empresa no participó en un proceso de selección con demás postores y la carta de garantía debió entregarse el 20 de octubre y no el 6 de noviembre de 2009, 17 días después de la suscripción del contrato, contraviniendo a las normas expresas del Ministerio de Defensa y la Ley de Contrataciones del Estado.
La carta fianza presentada por Global CST no garantizaba las actividades descritas en el contrato. Esta irregularidad fue aceptada por la oficina de control interno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a pesar de ser –léalo bien– “inejecutable”.
“Lo que decían la carta fianza y el contrato no correspondían. Hablaban en idiomas diferentes y no era pegado a la realidad”, señaló Khoury.
Resulta más extraño a ún que exista una carta fianza por US$ 227 000 cuando en realidad debió ser de US$ 150 000, siguiendo la lógica del contrato original.
EL COLMO
La principal irregularidad que encontró la Contraloría es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) suscribió un contrato con una empresa que no estaba inscrita ni documentada en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), siendo este requisito necesario así haya un acuerdo secreto y de interés nacional. Esto significa que la empresa no estaba habilitada para contratar con el gobierno aprista, flagrante delito que puede determinar una pronta salida de Global CST del país.
La empresa israelí argumenta que en esos momentos no tenía ningún funcionario en nuestro país, “información totalmente falsa”, según el contralor, porque un ciudadano peruano representó a la empresa desde el 14 de octubre de 2009.
En décimo lugar, se señala que el adendum (añadidos a un contrato) fue suscrito por el viceministro de Políticas para la Defensa del MINDEF. Sin embargo, no hay un acto administrativo donde el ministro a cargo de la cartera derive las facultades de fiscalización al viceministro. En pocas palabras, nunca fue autorizado.
Según la Contraloría, la Inspectoría General del MINDEF, a cargo del congresista fujimorista Carlos Tubino en esos momentos, “avaló el avance del contrato y señaló que se venía cumpliendo a cabalidad”, lo cual nunca fue ajustado a la realidad.
En la sesión congresal, algo nervioso, el mencionado parlamentario dijo desconocer este aval y mostró un documento donde se señala que nunca recibió el encargo del despacho ministerial para velar por el cumplimiento del contrato.
No eran especialistas en Capacitación
Fuad Khoury afirmó que el 70% del personal de la empresa israelí Global CST que ingresó al Perú para brindar capacitación a militares en el VRAEM eran traductores y asesores que no tenían los 20 o 30 años de experiencia que señalaba el contrato.
“De una lista de 113 instructores de Global, 77 eran traductores y 31 asesores. Cinco no ingresaron al país durante el período vigente del contrato, sino después. Eso nos lleva a tener dudas razonables de la participación, calificaciones, experiencia, número de instructores ofrecidos, personal fantasma, sin perjuicio de la desproporción entre el 70% de asesores y traductores frente al 30%”, refirió.
Cabe señalar que solo el 28% de los supuestos capacitadores tenía una edad mayor a 40 años, con lo que se sospecha de su experiencia laboral. Estos datos fueron recogidos gracias a la información de la Oficina de Migraciones.
Rey hablará mañana
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, señaló que mañana asistirá al Parlamento el exministro de Defensa Rafael Rey, quien dará su versión ante las irregularidades halladas.
Y el miércoles de la próxima semana se harán presentes en las comisiones de Fiscalización y de Defensa el excomandante general del Ejército Otto Guibovich y todos los militares involucrados que deberán revelar cuál fue la participación del exministro Hernán Garrido Lecca en la firma del contrato. También se espera la presencia de Ántero Flores Aráoz.
“Firma del contrato con Global CST fue una traición a la patria”
Durante la presentación del informe de la Contraloría General de la República en el Congreso, el parlamentario Daniel Abugattás calificó de “traición a la patria” la firma del contrato con la empresa israelí Global CST y pidió a los grupos políticos estar unidos para que este caso no quede impune.
“Hoy se presenta la única oportunidad de decir alto a la corrupción. Por la gravedad de estos hechos, deben ser catalogados como traición a la patria porque es lo más degradante que puede haber en nuestro país. Mientras nuestros compatriotas mueren en el campo de batalla, un grupo de bandidos se llena los bolsillos”, señaló.
El expresidente del Congreso felicitó al contralor por la investigación realizada y pidió a las comisiones de Fiscalización y de Defensa citar a representantes del Ministerio de Economía para que expliquen cómo han realizado el movimiento de la partida presupuestal sin la autorización del Parlamento.
EL DATO
Los encargados de las oficinas del Organismo de Control Interno del Ministerio de Defensa están enfrentando un proceso administrativo por no detectar ni fiscalizar las irregularidades del caso
JORGE CHÁVEZ MORALES
jchavez@diario16.com.pe
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