Cuando Alberto Fujimori aterrizó de improviso en el aeropuerto de Santiago desde Japón el 6 de noviembre de 2005, alteró una vez más el mapa de la política peruana. Hoy cumple condena en una cárcel limeña, desde donde se dice que dirige la campaña de su hija Keiko, quien disputa la carrera presidencial que lidera Alejandro Toledo. Tanto entonces como ahora la diplomacia estadounidense ha seguido minuto a minuto los avatares de la política peruana y sus vínculos con Chile, según consta en los cables filtrados por Wikileaks.
Toledo llevaba cuatro años gobernando el Perú cuando supo que Fujimori, su antecesor en la presidencia, había dejado su exilio en Japón y pisado suelo chileno. Cogió el teléfono y llamó a La Moneda. Quería exigirle directamente a Ricardo Lagos que lo enviaran de inmediato a Perú para ser juzgado por las causas de derechos humanos (DD.HH.) y corrupción que pesaban en su contra. Pero Lagos no le contestó. El ex mandatario chileno no tomó ninguno de sus llamados porque estaba molesto. Esa al menos fue la información que recibió el gobierno estadounidense en el cable Nº 44.640, de su embajada en Lima, que recogió la versión del diplomático chileno Fernando Velasco, y que luego confirmó el asesor del gobierno peruano Juan de la Puente en el cable Nº 45.227.
Lagos tenía razones para estar molesto. Solo días antes el gobierno peruano había promulgado la polémica Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, que demarcaba unilateralmente los límites marítimos entre ambos países. Se trataba del gesto más inamistoso en la relación bilateral en décadas, el que abrió un conflicto limítrofe que tiene a ambos países enfrentados hoy en la corte de La Haya. Al no contestarle el teléfono Lagos estaba mandando una fuerte señal diplomática a Toledo. Sí le respondió en cambio al canciller peruano Óscar Maúrtua, quien “presionó para que Fujimori sea inmediatamente expulsado a Perú”. Pero Lagos le dejó claro que esa no era una opción: el ‘Chino’, como se le conoce a Fujimori, se quedaría en el país y al día siguiente sería detenido, luego de que el mismo Maúrtua se lo solicitara a la Corte Suprema a través de la embajada de su país en Chile. Maúrtua dijo entonces que su gobierno enviaría una petición de extradición, aunque en ese tipo de solicitudes Perú no tenía un buen registro.
Las peticiones hechas por la administración de Toledo para extraditar desde Japón a Fujimori no habían tenido éxito y los medios peruanos solo habían criticado el proceso. Las probabilidades de que eso se repitiera eran altas. Según Velasco, con el ex mandatario peruano en Chile, el caso podría alargarse por mucho tiempo y no había garantía de que prosperara, “especialmente considerando la pobre calidad de las presentaciones que Chile ha recibido de Perú en otros casos de extradición”.
Se refería a dos peticiones fallidas por parte del gobierno peruano para extraditar desde Chile en 2002 al ex publicista de Fujimori, Daniel Borobio –quien después sería defraudado por el periodista Mauricio Israel–, y en 2004 al ex director del diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar, ambos solicitados por la justicia peruana por formar parte de la red de corrupción comandada por el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Perú y asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. El documento además indica que Fujimori parecía haber estudiado muy bien los riesgos de aterrizar en Chile.
El gobierno peruano estaba convencido de que su arribo a Chile estaba calculado y, de acuerdo a diversos cables filtrados por Wikileaks, creía que todo era una confabulación de los gobiernos chileno y japonés contra Perú.
EL ‘PLAN DE JUEGO’ DE FUJIMORI
Al mismo tiempo que una delegación del gobierno peruano constituida por...
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