Por: Gabriel Quispe Medina
Acerca del nuevo proyecto de ley de cine elaborado por el Ministerio de Cultura y representantes de la cinematografía peruana, uno de los puntos que más concitan interés y provocan apasionados pronósticos de ambos extremos de la discusión, es la famosa cuota de pantalla.
Se trata de un mecanismo básico que los Estados, al asumir el cine como expresión cultural de los pueblos y elemento importante en la formación de la identidad nacional, en vez de simple mercancía, incorporan en su política cultural para fortalecerlo frente a la hegemonía de una sola cinematografía, la norteamericana, en el sistema de exhibición y distribución que abarca casi todo el mundo. Consiste en la disponibilidad de un determinado porcentaje para la producción nacional en los medios de exhibición nacionales (cine, TV). Por ejemplo, y aunque muchos no lo sepan, en la radiodifusión de nuestro país (radio y TV) ya rige una cuota de programación del 30% del horario diario para la producción peruana (Ley 28278 de junio de 2004).
La semilla del concepto puede encontrarse en...
el ámbito del GATT, a fines de los años ‘40. Décadas después ha sido desarrollado por diversos países, entre ellos Francia, España, México, Argentina y Surcorea, uno de los “tigres asiáticos”, cuyo caso merece especial atención. Desde 1983 tenía reglamentada, sin cumplirse, una cuota de pantalla de 146 días –40% del año–, hasta que en 1995 un nuevo gobierno, junto con los cineastas organizados, decidió aplicarla cabalmente, cuando su cine prácticamente colapsaba y Hollywood se paseaba en su cartelera. Todo cambió en pocos años: llegaron multitudes, multicines, taquillazos, grandes festivales locales y premios internacionales, filmografías y empresas fortalecidas, aportes significativos a la economía. La Casa Blanca tuvo que presionar mucho en la negociación integral del TLC firmado en 2007, incluyendo la ayuda militar, para que la cuota bajara a la mitad, 73 días de acceso del cine surcoreano a las salas de su país. Pero el ritmo y la diversidad notables que logró esa cinematografía siguen vigentes. El proyecto peruano define la cuota como parte de la política cinematográfica y señala la posibilidad –no la obligatoriedad, igual que la legislación colombiana aprobada en 2004– de fijarla cada año hasta el 20% de la cobertura del circuito de exhibición, acorde con la reserva cultural incluida en el TLC suscrito con EEUU. Para determinar su porcentaje cada año, el Organismo Nacional del Audiovisual y la Cinematografía (PERUCINE), próximo a crearse, considerará el volumen de la producción nacional, los promedios de asistencia y la infraestructura de exhibición existente en el país. Además, la permanencia en la cartelera de una película peruana también estará supeditada al mínimo de mantenimiento, concepto que la propuesta de ley define como el promedio de asistencia en un tiempo determinado que debe alcanzarse para seguir exhibiéndose en las salas, sin correr el riesgo de ser expulsado por los blockbusters de Hollywood.
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