Excelente comentario escrito en La Columna del Director del "Diario16" por| Juan Carlos Tafur
Son varios candidatos –no solo Ollanta Humala- los que han planteado elevar el impuesto a la renta a las empresas mineras como una manera de incrementar los ingresos fiscales.
En principio, nadie debería escandalizarse de la propuesta. Así como para las personas naturales hay escalas de pago diferentes, de acuerdo al nivel de ingresos de cada uno, lo mismo podría pensarse para las empresas, sin que ello suponga tirar por los suelos los evangelios liberales.
El problema no es, sin embargo, ideológico. Es un tema puramente pragmático. Ya de por sí, el Perú no es el país que menor carga impositiva le endosa a las empresas mineras. Y en un mundo donde los capitales de inversión priorizan su destino, elevar aún más dichos tributos hará menos atractivo al país. Ya el año pasado, por ejemplo, hemos apreciado una realidad que a todas luces perjudica al país. Los precios internacionales han roto todos los récords y, al mismo tiempo, la producción física ha caído.
Chile acaba de subir los impuestos a las actividades mineras. Los que están felices no son los chilenos, sino los países mineros que compiten contra Chile. Así funciona el mercado mundial de capitales.
Hoy por hoy, de las utilidades netas de las mineras, casi la mitad se va en impuestos. En la práctica es como si el Estado fuera propietario de la mitad de las acciones, sin correr el riesgo de que una eventual pérdida lo obligue a destinar recursos fiscales. Es el escenario perfecto.
En ese sentido, si la angustia es por disponer de más recursos fiscales para solventar sinfín de proyectos sociales o inversiones en infraestructura, lo más sensato no es cargarles la mano a las mineras, sino, por ejemplo, asegurarse que los centenares de millones de dólares que los gobiernos locales y regionales reciben por concepto de canon se gasten eficientemente. Al menos, que se gasten.
Ancash, por ejemplo, región que preside un humalista, gasta apenas un 10% del canon que recibe. Y no invierte ni en salud, ni en educación, ni en carreteras. Nada de nada. Antamina, por ejemplo, tiene más éxito en combatir la desnutrición infantil en esa región –merced a su programa de responsabilidad social (que lo aplica sin que el Estado la obligue a hacerlo)- que el propio gobierno regional.
Y así ocurre, casi sin excepción, en todas las regiones del país. Hay plata de sobra en sus arcas y clamo al cielo que termine guardada en los bancos porque sus autoridades no son capaces de contratar gerentes o consultoras que preparen proyectos bien estructurados. Más beneficio obtendrían los pobres del Perú si el gobierno entrante le ajustase las clavijas a los gobiernos regionales y municipales antes que, absurda y antitécnicamente, optase por el demagógico recurso de elevarle los impuestos, ya altos, que las mineras aportan al fisco.
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