Marcial Rubio afirmó que los comentarios del cardenal, en los que deja entrever que estaría buscando ayuda política, están fuera de lugar
(Fotos: Archivo El Comercio)
Luego de que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) decidiera respaldar los estatutos actuales que la rigen, tras recibir las recomendaciones del Vaticano para corregirlos, el cardenal Juan Luis Cipriani invocó al rector de esta casa de estudios, Marcial Rubio, a sentarse a conversar.
“Dr. Marcial Rubio, me acerco con respeto y humildad, vayamos por el camino de la decencia y la verdad. Es obligatorio que dialoguemos no con mentiras, sino sentados racionalmente”, dijo Cipriani ayer en su programa “Diálogo de fe” de RPP.
Sin embargo, la máxima autoridad universitaria dijo a El Comercio que tal intercambio sería posible solo si el representante de la Iglesia “manifiesta su buena voluntad” renunciando a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) referida a la herencia de José de la Riva-Agüero.
Rubio subrayó: “Si el cardenal renuncia a una sentencia como la del TC y, además, renuncia a que se inscriba esa sentencia en los bienes de la universidad, que no son de la herencia, estaría empezando a dar síntomas de que quiere hablar [...]. Mientras tanto, son sus actos lo que lo impiden”.
Sobre la adecuación de los estatutos, Rubio consideró que no podía decir nada al ser la Asamblea Universitaria la que decide. Vale recordar que fue la PUCP en el 2009 quien envió a Roma sus estatutos para la respectiva aprobación.
“Yo no tengo nada que conversar porque yo no los apruebo, sino la Asamblea Universitaria. No puedo ofrecer ni prometer nada sobre la asamblea”, explicó.
“PODER POLÍTICO”
Durante su intervención en la radio, Cipriani indicó también que...
las autoridades de la PUCP estarían usando el “poder político –porque el actual ministro de Justicia [Francisco Eguiguren] viene de sus canteras– para modificar un fallo judicial”.
Ante esto, Rubio consideró que el comentario del cardenal está fuera de lugar, porque ellos están buscando la anulación del fallo, pero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Nosotros somos gente decente. Estamos peleando con los medios limpios”.
El rector de la PUCP ratificó que los bienes no son eclesiásticos sino privados y que el cardenal “busca apoderarse de ellos”.
“El cardenal usa el tema de los estatutos y la herencia como le conviene, para apropiarse de los bienes de la universidad”, sostuvo.
Sobre esto, el cardenal Cipriani dijo: “Yo no creo que estemos hablando de millones, sino de acatar una transparencia que toda entidad tiene. Soy capaz de decirle a Roma que los bienes de la universidad vayan a donde quieran. Esto no se puede reducir a una discusión de dinero. Nadie quiere quitarles la universidad, ni la autonomía, ni su plata ni nada. Ellos han decidido ser católica y pontificia, y eso tiene consecuencias. Tienen que pensar con más calma lo que están diciendo”.
ORIGEN DEL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EL TESTAMENTO
José de la Riva Agüero hereda sus bienes a la Universidad Católica del Perú. Hizo un primer testamento en 1933 y un segundo en 1938. En 1957, la PUCP recurre al Poder Judicial para que determine cuál de los dos es el válido. El fallo fue que regía el de 1938, el cual establecía que la administración de los bienes es bajo una junta de administración, integrada por el rector y un representante designado por el arzobispo de Lima.
LA DEMANDA AL ARZOBISPADO
La Universidad Católica interpone una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra el arzobispo de Lima por haber pedido anular un acuerdo en el que se minimiza la participación del representante de la Iglesia en la universidad. La PUCP argumentó que constituía una vulneración de su derecho de propiedad y a la autonomía universitaria.
EL FALLO DEL PODER JUDICIAL
El Poder Judicial declaró improcedente la demanda de la Universidad Católica en primera y segunda instancia.
DEMANDA ANTE EL TC Y FALLO
La PUCP acude al Tribunal Constitucional y le pide pronunciarse sobre el testamento. El TC hace un análisis y en el 2010 ratifica el fallo del Poder Judicial de 1957 y ordena a la Universidad Católica cumplir con la voluntad de José de la Riva Agüero y hacer funcionar la junta administrativa. La sentencia hasta hoy no se cumple. La PUCP acudió a la Comisión Interamericana de DD.HH.
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