- Hasta ahora se permitía cualquier candidatura si no había sentencia firme
- La normativa se aplicará a los procesos abiertos, pero no retroactivamente
Luis Tejero
Brasil se dispone a erradicar la corrupción de todos los rincones del poder. Bajo la presión de una iniciativa popular impulsada por 1,6 millones de firmas y 44 organizaciones sociales, los diputados y senadores no han tenido más remedio que aprobar un proyecto de ley que impedirá presentarse a las elecciones a los políticos condenados por escándalos.
Desde su propio encabezado queda clara la misión del texto: 'Proyecto Ficha Limpia'. En otras palabras, quien quiera ser presidente, gobernador, alcalde o legislador deberá desistir si lleva consigo el lastre de un expediente 'sucio'. Entiéndase por 'suciedad' un amplio abanico de delitos, desde la compra de votos o el abuso de autoridad hasta el tráfico de estupefacientes o los crímenes contra el medio ambiente.
A diferencia de la normativa actual, que permitía cualquier candidatura siempre que no hubiera una condena definitiva, la nueva legislación vetará a los políticos que hayan sido sentenciados por más de juez, incluso aunque tengan posibilidad de recurrir ante instancias superiores.
El esbozo inicial del proyecto popular preveía que tampoco pudieran presentarse los condenados en primera o única instancia, pero los miembros del Congreso se rebelaron hace meses contra esa idea por considerar que podía desatar una cascada de denuncias cruzadas entre adversarios políticos para obstaculizar sus respectivas aspiraciones electorales.
Sólo futuras condenas
Además de ese cambio, el texto final aprobado la noche del miércoles en el Senado contiene otra alteración significativa respecto a lo que pedían cientos de miles de ciudadanos. A última hora, los legisladores matizaron el veto a "los que hayan sido condenados" para limitarlo a "los que fueran condenados".
Es decir, la normativa no impedirá concurrir a los comicios a quienes ya acumulen fallos anteriores en su contra, sino que sólo podrá aplicarse a los juicios que concluyan una vez que el jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, estampe su firma en los próximos días.
"No se puede usar una nueva ley retroactivamente para perjudicar a nadie", se justificó el senador opositor Demóstenes Torres. "Los casos con sentencia definitiva no se verán afectados, eso siempre ha estado claro, pero todos los procesos en marcha sí serán abarcados".
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