* A mediados de mayo, el Gobierno peruano decidió dar muerte, en la práctica, al patrimonio arqueológico del país. Vamos por partes.
El patrimonio cultural como escollo del neoliberalismo (ENTREVISTA)
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM que atenta contra el patrimonio cultural arqueológico al simplificar –mediante la aplicación del...
silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)– los procedimientos para que las empresas privadas y el Estado certifiquen que no existen sitios arqueológicos en zonas de operación de proyectos de inversión. Esta simplificación establece que el Ministerio de Cultura tiene 20 días para responder, con o sin datos de inventario, a los interesados en conocer si existen evidencias.
Con el marco legal actual aclarado, vale salvar algunas dudas.
1. ¿Qué organismos y leyes protegen al patrimonio arqueológico del Perú?
Es reconocido y declarado patrimonio de la Nación por el artículo 21 de la Constitución Política. Así también, desde 1946, Perú es uno de los 195 Estados miembros de la UNESCO (brazo cultural y científico de las Naciones Unidas) y firmante de otros protocolos internacionales, los cuales salvaguardan y apoyan la manutención del patrimonio cultural de la humanidad.
2. ¿Atenta directamente este decreto contra el patrimonio arqueológico?
Sí. Se pueden citar muchos factores, pero explicaremos los más elementales.
Apenas un porcentaje de la superficie del país –y por ende, solo una parte de los sitios arqueológicos– se encuentra registrado en el inventario de sitios del Ministerio de Cultura, y este no tiene los recursos operativos para certificar, en 20 días, la inexistencia de restos en donde no se tenga registro previo. Esta medida propiciará que todos los CIRA sean aprobados, sin algún rigor metodológico o administrativo. Y si uno de estos proyectos toca zonas no inventariadas, ya sabemos cuál sería el posible resultado, pues el Ministerio está obligado a responder, con o sin datos a la mano.
Las zonas de impacto de empresas extractivas, obras, etc., en muchos casos, se topan con evidencia arqueológica no registrada, sobre todo en zonas de sierra y selva. En estas, los proyectos de inventario pasados y presentes, como el Qhapaq Ñan, no se hacen presentes muchas veces debido a serias falencias, que en el gremio conocemos perfectamente. Los encargados de los trabajos de campo hasta el día de hoy no han llegado a cubrir la mayoría de la superficie del país, a pesar que desde hace unos años se ha destinado presupuesto para agilizar este inventario. La elemental formación de estos en las universidades no garantiza siempre que puedan cumplir un trabajo tan delicado con efectividad, al menos en sus primeros años ejerciendo, debido a que por lo general se contrata personal joven para este trabajo directo.
Un empresario no actúa por amor al patrimonio, sino por la maximización de sus beneficios. No es difícil predecir que lo que se viene es una avalancha de solicitudes de CIRA al Ministerio, sobre todo en zonas en donde los sitios arqueológicos constituyen un estorbo para empresas que buscan tender líneas, extender concesiones mineras, realizar obras, etc., generando así que este tenga que responderles en un lapso menor a un mes.
Incluso, las zonas inventariadas corren serios riesgos, debido a que la profesión del arqueólogo, en muchos casos, se ha desvirtuado totalmente. Existen consultoras de arqueología que no se dedican a la investigación y puesta en valor, sino a emitir informes de proyectos de evaluación en donde, en el menos nefasto de los casos, se fuerzan rescates en donde no deberían aplicarse. Juega en contra también la absurda prohibición del Ministerio, que permite usar al arqueólogo su firma en un solo proyecto a la vez. Así, las consultoras tejen círculos que únicamente están a la cacería de una suerte de arqueólogos-testaferros para satisfacer a las poderosas empresas, a veces obviando registros en donde en realidad existen restos. Buena parte de los arqueólogos juegan en contra del patrimonio, y los que estamos de espectadores desde las esferas académicas poco o nada podemos hacer. En algunos casos, las consultoras “amarra-firmas” juegan en pared con el gran capital.
3. ¿El Estado ha demostrado eficiencia en la protección, investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico?
No. Nuestra legislación es blanda y difícilmente aplica cárcel efectiva cuando se encuentran personas culpables de algún atropello. El Estado es muchas veces uno de los principales enemigos del patrimonio. Una muestra reciente de esto fue permitir el Rally Dakar, y volver a autorizarlo para este 2015. Este “espectáculo” ya ha sido desterrado de países del primer mundo, debido a los cuantiosos daños que ocasiona a ecosistemas frágiles, paisajes y sitios arqueológicos. Desde siempre, hemos tenido un Estado ineficiente en este aspecto. Y, en cuanto a los proyectos de puesta en valor desde el mismo Ministerio, basta dar un vistazo a su página web para saber que estos son escasos, apenas una tenue muestra de algo que podría ser más grande. Las Unidades Ejecutoras –nivel descentralizado u operativo de entidades públicas, en este caso del Ministerio– son un avance, pero insuficiente aún.
4. ¿Cuáles son los antecedentes del Decreto 054?
Varios, pero se puede citar declaraciones, de hace pocos años, del entonces presidente García, cuando mencionó que algunos creen poder parar la inversión en determinados lugares argumentando que “por aquí pasó Pachacútec”, en una burda y enajenada alusión a la defensa del patrimonio y el trabajo de los arqueólogos que el lumpen-empresariado considera un estorbo. De más está citar la diarrea neoliberal vertida en el panfleto “El perro del hortelano”, en donde se reafirma. Humala solo ha colocado la cereza en la torta para dejar satisfecho al gran capital, ante el cual está de rodillas. El lobby empresarial viene cocinando esto desde hace varios años.
Cabe agregar que la negación a realizar la Consulta Previa a los pueblos afectados por actividades extractivas y otras acciones (medida contraria al Convenio 169 de la OIT), es parte de la misma ofensiva, al lado del Decreto 054 (se anunciaron casi al mismo tiempo). Las transnacionales se frotan las manos, listas para aplastar a los pueblos, sus ecosistemas generadores de vida y, por si fuera poco, el patrimonio cultural, en aras de una distorsionada concepción de “progreso”. Conga es el caso emblemático de un proyecto y un modelo que social y ecológicamente resulta inviable e insostenible en el tiempo, y sumemos a esto que no cuenta con CIRA para un sector de su zona de impacto. ¿Casualidades? Ya estoy grandecito. Estos decretos y otros más conforman un paquete que termina de vender por pedazos el país, como si de un cheese cake se tratara.
5. ¿Es remontable este resultado?
Difícil, depende de muchos factores. La presión internacional puede jugar a favor. ICOMOS –ente consultor de UNESCO para casos de sitios y monumentos históricos– ya alertó a este sobre el caso, y teniendo en cuenta que algunos sitios declarados patrimonio de la humanidad (como Machu Picchu) reciben apoyo directo de este, podrían verse afectados en caso la UNESCO tome algún tipo de medida. La UNESCO dirige gran cantidad de recursos en especialistas y tecnología hacia estos sitios. El ministro Peirano se expone a un papelón internacional, debido a que estos entes internacionales podrían pronunciarse y evidenciar que no tiene voluntad de velar por la protección del patrimonio.
Los sitios arqueológicos no pueden ser considerados estorbos, bajo la hegemonía del neoliberalismo. Estos son parte de nuestra historia e identidades, sobrepasando poses marketeras como la inefable Marca Perú, pues esta transforma un país, en el imaginario colectivo de la gente, en un simple producto a ser vendido, legitimando así el fundamentalismo del neoliberalismo más rancio. Todos los sitios arqueológicos son iguales ante la ley y convenciones internacionales. Muchos de ellos tienen un gran potencial como generador de actividades económicas alternativas y populares que ofrezcan empleos e ingresos sostenibles en zonas rurales y urbanas pobres, al aplicarse la opción conocida como “puesta en valor”. Ya tenemos varios casos alentadores en la costa norte y otras partes del país (Huacas del Sol y de la Luna, Complejo El Brujo, Caral, etc.), en donde no solo aporta el Estado sino también el sector privado de manera responsable y sostenible. Una alternativa a esta crisis debe ir de la mano con una nueva visión de desarrollo, en la que el entorno y el ser humano estén por encima del gran capital, y no al revés. También, es necesario que muchos científicos sociales salgan de sus burbujas, manteniéndose alejados de lo que ocurre en el mundo exterior, en un estado de auto aislamiento que solo juega a favor de los grandes poderes fácticos, transformándose ellos, directamente, en parte del problema. Trabajar sin la gente y pensar solo en el momento nos puede pasar la factura más pronto de lo que parece, pues una amenaza que puede destruir gran parte del patrimonio arqueológico del país se acerca a pasos agigantados.
Claudio César Olaya
Arqueólogo
Twitter: @claudioarkeo
El Gobierno aprobó el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM que atenta contra el patrimonio cultural arqueológico al simplificar –mediante la aplicación del...
silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)– los procedimientos para que las empresas privadas y el Estado certifiquen que no existen sitios arqueológicos en zonas de operación de proyectos de inversión. Esta simplificación establece que el Ministerio de Cultura tiene 20 días para responder, con o sin datos de inventario, a los interesados en conocer si existen evidencias.
Con el marco legal actual aclarado, vale salvar algunas dudas.
1. ¿Qué organismos y leyes protegen al patrimonio arqueológico del Perú?
Es reconocido y declarado patrimonio de la Nación por el artículo 21 de la Constitución Política. Así también, desde 1946, Perú es uno de los 195 Estados miembros de la UNESCO (brazo cultural y científico de las Naciones Unidas) y firmante de otros protocolos internacionales, los cuales salvaguardan y apoyan la manutención del patrimonio cultural de la humanidad.
2. ¿Atenta directamente este decreto contra el patrimonio arqueológico?
Sí. Se pueden citar muchos factores, pero explicaremos los más elementales.
Apenas un porcentaje de la superficie del país –y por ende, solo una parte de los sitios arqueológicos– se encuentra registrado en el inventario de sitios del Ministerio de Cultura, y este no tiene los recursos operativos para certificar, en 20 días, la inexistencia de restos en donde no se tenga registro previo. Esta medida propiciará que todos los CIRA sean aprobados, sin algún rigor metodológico o administrativo. Y si uno de estos proyectos toca zonas no inventariadas, ya sabemos cuál sería el posible resultado, pues el Ministerio está obligado a responder, con o sin datos a la mano.
Las zonas de impacto de empresas extractivas, obras, etc., en muchos casos, se topan con evidencia arqueológica no registrada, sobre todo en zonas de sierra y selva. En estas, los proyectos de inventario pasados y presentes, como el Qhapaq Ñan, no se hacen presentes muchas veces debido a serias falencias, que en el gremio conocemos perfectamente. Los encargados de los trabajos de campo hasta el día de hoy no han llegado a cubrir la mayoría de la superficie del país, a pesar que desde hace unos años se ha destinado presupuesto para agilizar este inventario. La elemental formación de estos en las universidades no garantiza siempre que puedan cumplir un trabajo tan delicado con efectividad, al menos en sus primeros años ejerciendo, debido a que por lo general se contrata personal joven para este trabajo directo.
Un empresario no actúa por amor al patrimonio, sino por la maximización de sus beneficios. No es difícil predecir que lo que se viene es una avalancha de solicitudes de CIRA al Ministerio, sobre todo en zonas en donde los sitios arqueológicos constituyen un estorbo para empresas que buscan tender líneas, extender concesiones mineras, realizar obras, etc., generando así que este tenga que responderles en un lapso menor a un mes.
Incluso, las zonas inventariadas corren serios riesgos, debido a que la profesión del arqueólogo, en muchos casos, se ha desvirtuado totalmente. Existen consultoras de arqueología que no se dedican a la investigación y puesta en valor, sino a emitir informes de proyectos de evaluación en donde, en el menos nefasto de los casos, se fuerzan rescates en donde no deberían aplicarse. Juega en contra también la absurda prohibición del Ministerio, que permite usar al arqueólogo su firma en un solo proyecto a la vez. Así, las consultoras tejen círculos que únicamente están a la cacería de una suerte de arqueólogos-testaferros para satisfacer a las poderosas empresas, a veces obviando registros en donde en realidad existen restos. Buena parte de los arqueólogos juegan en contra del patrimonio, y los que estamos de espectadores desde las esferas académicas poco o nada podemos hacer. En algunos casos, las consultoras “amarra-firmas” juegan en pared con el gran capital.
3. ¿El Estado ha demostrado eficiencia en la protección, investigación y puesta en valor del patrimonio arqueológico?
No. Nuestra legislación es blanda y difícilmente aplica cárcel efectiva cuando se encuentran personas culpables de algún atropello. El Estado es muchas veces uno de los principales enemigos del patrimonio. Una muestra reciente de esto fue permitir el Rally Dakar, y volver a autorizarlo para este 2015. Este “espectáculo” ya ha sido desterrado de países del primer mundo, debido a los cuantiosos daños que ocasiona a ecosistemas frágiles, paisajes y sitios arqueológicos. Desde siempre, hemos tenido un Estado ineficiente en este aspecto. Y, en cuanto a los proyectos de puesta en valor desde el mismo Ministerio, basta dar un vistazo a su página web para saber que estos son escasos, apenas una tenue muestra de algo que podría ser más grande. Las Unidades Ejecutoras –nivel descentralizado u operativo de entidades públicas, en este caso del Ministerio– son un avance, pero insuficiente aún.
4. ¿Cuáles son los antecedentes del Decreto 054?
Varios, pero se puede citar declaraciones, de hace pocos años, del entonces presidente García, cuando mencionó que algunos creen poder parar la inversión en determinados lugares argumentando que “por aquí pasó Pachacútec”, en una burda y enajenada alusión a la defensa del patrimonio y el trabajo de los arqueólogos que el lumpen-empresariado considera un estorbo. De más está citar la diarrea neoliberal vertida en el panfleto “El perro del hortelano”, en donde se reafirma. Humala solo ha colocado la cereza en la torta para dejar satisfecho al gran capital, ante el cual está de rodillas. El lobby empresarial viene cocinando esto desde hace varios años.
Cabe agregar que la negación a realizar la Consulta Previa a los pueblos afectados por actividades extractivas y otras acciones (medida contraria al Convenio 169 de la OIT), es parte de la misma ofensiva, al lado del Decreto 054 (se anunciaron casi al mismo tiempo). Las transnacionales se frotan las manos, listas para aplastar a los pueblos, sus ecosistemas generadores de vida y, por si fuera poco, el patrimonio cultural, en aras de una distorsionada concepción de “progreso”. Conga es el caso emblemático de un proyecto y un modelo que social y ecológicamente resulta inviable e insostenible en el tiempo, y sumemos a esto que no cuenta con CIRA para un sector de su zona de impacto. ¿Casualidades? Ya estoy grandecito. Estos decretos y otros más conforman un paquete que termina de vender por pedazos el país, como si de un cheese cake se tratara.
5. ¿Es remontable este resultado?
Difícil, depende de muchos factores. La presión internacional puede jugar a favor. ICOMOS –ente consultor de UNESCO para casos de sitios y monumentos históricos– ya alertó a este sobre el caso, y teniendo en cuenta que algunos sitios declarados patrimonio de la humanidad (como Machu Picchu) reciben apoyo directo de este, podrían verse afectados en caso la UNESCO tome algún tipo de medida. La UNESCO dirige gran cantidad de recursos en especialistas y tecnología hacia estos sitios. El ministro Peirano se expone a un papelón internacional, debido a que estos entes internacionales podrían pronunciarse y evidenciar que no tiene voluntad de velar por la protección del patrimonio.
Los sitios arqueológicos no pueden ser considerados estorbos, bajo la hegemonía del neoliberalismo. Estos son parte de nuestra historia e identidades, sobrepasando poses marketeras como la inefable Marca Perú, pues esta transforma un país, en el imaginario colectivo de la gente, en un simple producto a ser vendido, legitimando así el fundamentalismo del neoliberalismo más rancio. Todos los sitios arqueológicos son iguales ante la ley y convenciones internacionales. Muchos de ellos tienen un gran potencial como generador de actividades económicas alternativas y populares que ofrezcan empleos e ingresos sostenibles en zonas rurales y urbanas pobres, al aplicarse la opción conocida como “puesta en valor”. Ya tenemos varios casos alentadores en la costa norte y otras partes del país (Huacas del Sol y de la Luna, Complejo El Brujo, Caral, etc.), en donde no solo aporta el Estado sino también el sector privado de manera responsable y sostenible. Una alternativa a esta crisis debe ir de la mano con una nueva visión de desarrollo, en la que el entorno y el ser humano estén por encima del gran capital, y no al revés. También, es necesario que muchos científicos sociales salgan de sus burbujas, manteniéndose alejados de lo que ocurre en el mundo exterior, en un estado de auto aislamiento que solo juega a favor de los grandes poderes fácticos, transformándose ellos, directamente, en parte del problema. Trabajar sin la gente y pensar solo en el momento nos puede pasar la factura más pronto de lo que parece, pues una amenaza que puede destruir gran parte del patrimonio arqueológico del país se acerca a pasos agigantados.
Claudio César Olaya
Arqueólogo
Twitter: @claudioarkeo
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.