Ligia Ríos, de El Agustino, aceptó someterse a una “operación del vientre” después de ser continuamente hostigada por miembros del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Por no realizar ningún tipo de examen previo, los médicos no se dieron cuenta que estaba embarazada. Sangró durante 18 días y sufre, hasta ahora, de dolores abdominales. Victoria Vigo tenía 32 años cuando nació su tercer hijo, en un hospital público de Piura. Al despertarse, tras una cesárea, se enteró que habían ordenado su esterilización. Y cuando el médico del centro de salud de Izcuchaca, Anta, le recomendó a Sabina Huilca, de 21 años, realizarse una ligadura, se negó. Pero despertó el día siguiente, sedada, con los pies y las manos atadas, y con las trompas ligadas. Como Ríos, Vigo y Huilca, miles son las mujeres que fueron engañadas o forzadas a ser esterilizadas, sin brindarles la debida información, o sin su consentimiento previo.
¿Dueñas de su destino?
Fue bajo el discurso de promoción del derecho de las mujeres a la salud (“peruanas dueñas de su destino”) y de la disminución de la pobreza, que el gobierno de Alberto Fujimori aprobó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2006 (resolución ministerial 71.96-SA/DM). Éste incluyó, por primera vez, a la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) como método de planificación familiar y tuvo como logro “que el 100 por ciento de las pacientes con atención institucional de parto o aborto egresen iniciando algún método anticonceptivo seguro luego de haber tenido consejería individual”. Sin embargo, de la amplia gama de métodos anticonceptivos (píldoras, diafragmas, preservativos, etc.) disponibles, se privilegió la irreversible – y gratuita – AQV en desmedro de los otros.
“Se sabe que los otros métodos de control casi desaparecieron de los servicios de salud por decisión [de Alberto Fujimori], considerando que la ligadura de trompas representaba la opción más eficiente, en términos de costo/beneficio, para disminuir el ritmo del crecimiento demográfico”, señala Pilar Aguilar, abogada y psicoterapeuta.
La AQV debía, en teoría, aplicarse cumpliendo con la Ley N° 26530: “la adopción de los métodos se basa en el libre ejercicio de la voluntad personal, sin que medien estímulos o recompensas materiales". Pero la anticoncepción quirúrgica —que de carácter voluntario, libre e informado poco tuvo— se convirtió en un mecanismo de vulneración de los derechos de las mujeres, especialmente de las más pobres, campesinas, quechua-hablantes y/o con bajo nivel de instrucción.
A miles de mujeres se les sometió a la AQ“V” sin su consentimiento (a raíz de atención de partos o de un control sanitario, por ejemplo), amenazándolas, coaccionándolas, violentándolas, engañándolas (les dijeron que era reversible) y hasta obligándolas (muchas firmaron la autorización después de la operación, o sin entenderla porque solo se distribuía en castellano); todo ello en muy malas condiciones de higiene. Según el “Informe Final sobre la Aplicación de la AQV”, elaborado por la Sub-Comisión Investigadora del Congreso (2002), se comprobó la ausencia del Registro de Consentimiento Informado en muchas localidades y en otros casos se tienen indicios que éstos fueron destruidos por parte del personal de salud.
Decenas de campañas y “festivales de la ligadura de trompas” se realizaron en las zonas rurales y en los pueblos jóvenes limeños. Si no se ofrecía información sobre ningún otro método de anticoncepción, sí abundaban los bailes, juegos, conciertos y fuegos artificiales. Y en algunos lugares y momentos se proporcionaron alimentos —arroz, aceite, trigo, harina y azúcar por ejemplo— y se les prometió regalarles lentes o una dentadura postiza a las mujeres que aceptaran practicarse una ligadura.
Según denunciaron varios médicos, entre otros el doctor. Héctor Chávez, se imponían “cuotas de esterilizaciones al personal sanitario”. Un “plus” monetario, que fluctuaba entre cinco y diez dólares, era proporcionado por cada esterilización efectuada. Ya no se trataban de “objetivos a alcanzar” sino de “metas numéricas” establecidas a escala nacional. Según la periodista Françoise Barthélemy, el ex presidente Alberto Fujimori era informado, mensualmente, “del número de intervenciones realizadas, fundamentalmente por los servicios de los sucesivos ministros de Salud, Eduardo Yong Motta (1994-1996), Marino Costa Bauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga[1] (1999-2000)”.
“Lo que se vendió como un programa destinado a poner los métodos más efectivos de control de la natalidad al alcance de amplios sectores de mujeres, se convirtió en una política de esterilizaciones al mejor estilo de los años 1960, como las aplicadas en India, Pakistán o Bangladesh bajo los dictados del Informe Kissinger, de modo que se pareció más a la eugenesia que a la planificación familiar”, señala Aguilar.
Acceso a la Justicia
El gobierno de Alejandro Toledo llegó a pedir disculpas públicas a las víctimas, (a través de su ministro de Salud, Fernando Carbone) reconociendo que bajo el plan de planificación familiar diseñado por Alberto Fujimori se realizaron 25 mil vasectomías y 300 mil AQ“V”, de las cuales la Defensoría del Pueblo documentó con base en denuncias más de 2 mil casos forzados (es imposible, sin embargo, saber con exactitud cuántas de esas operaciones fueron irregulares).
En 2003, el Estado peruano reconoció, mediante el Acuerdo de Solución Amistosa del caso Mamérita Mestanza Chávez vs. Perú, su responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mestanza, una campesina cajamarquina, falleció en 1998 tras someterse a una AQ“V” (se logró obtener su consentimiento, bajo coacción y amenazas)[2].
El Estado Peruano también se comprometió a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.
“Pero hasta la fecha no ha cumplido. Por el contrario, en el año 2009, el Ministerio Público archivó la investigación que afectaba más de dos mil víctimas. En ese momento, se señaló que los hechos denunciados no constituían delito de tortura y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado o estarían prescritos”, señala la abogada Rossy Salazar, de DEMUS. “Con esta resolución se desconoció que existió una política estatal que, mediante diferentes formas de coacción, cuotas y directivas al personal médico a nivel nacional, llevó a cabo un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento de las personas afectadas. En este sentido, la resolución deja de lado que los hechos denunciados configuran delito de lesa humanidad en la modalidad de esterilización forzada; lo que hace que sean imprescriptibles y que deban ser sancionados los responsables, tanto inmediatos como mediatos”, precisa.
En junio del 2010 DEMUS presentó una nueva petición contra el Estado peruano ante la CIDH. Los casos presentados, calificados de “emblemáticos”, son el de una mujer piurana que murió en 1997 y el de una mujer quechua hablante de la zona periférica del distrito de La Molina que fue amarrada y obligada a someterse a una AQ“V”.
Como todas y todos, las víctimas siguen esperando reparación y justicia. También siguen esperando el reproche que nunca se hizo oír, de parte de la entonces Primera Dama y ahora candidata presidencial, Keiko Fujimori. Como bien dijo el sociólogo e historiador Nelson Manrique: ¿Y si las esterilizadas hubieran sido sus hermanas o hijas? ¿Qué tal si Keiko o Sachi?”
[1] Aguinaga es médico personal del ex presidente Fujimori y miembro del entorno de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Ha sido reelegido congresista.
[2] Mestanza, campesina indígena cajamarquina y madre de siete hijos, fue objeto de acoso e intimidación desde 1996, por parte del Centro de Salud del distrito de La Encañada. El personal de salud amenazó, entre otras cosas, con denunciarla ante la policía, refiriendo que se había aprobado una ley que permitía multar y llevar a la cárcel a las personas que tuvieran más de cinco hijos. Sin ser informada sobre la irreversibilidad o los riesgos de la intervención, y luego de firmar un documento que no leyó, Mestanza accedió a una ligadura de trompas. Ésta se efectuó el 27 de marzo 1998, sin haberse efectuado previamente ningún examen médico.
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