Otros faenones que deben investigarse

El Perú avanza. Pero parece que avanza a la loca y llenando los bolsillos de algunos, porque funcionarios del gobierno de Alan García estarían haciendo lo que quieren con el dinero destinado para la ejecución de obras. Grandes faenones que los empleados del Ejecutivo realizan sacándole la vuelta a Ley de Contrataciones del Estado y acogiéndose, sin justificación alguna, a la modalidad de exoneración. La llave mágica que les permite elegir a dedo a determinadas empresas para que ejecuten obras sin convocar a licitaciones y concursos transparentes, donde participen varios postores y exista una libre competencia. Entre los casos más saltantes figuran la reconstrucción de 100 colegios “emblemáticos” y la modernización del Estadio Nacional, obras que el presidente García las quería acabar como sea antes de que termine su mandato y así inflar su ego colosal.

Pero se tratan de millonarias contrataciones directas que realizan el gobierno central, regional y provincial bajo la modalidad de exoneración y que en el año 2009 alcanzaron los 2 mil 500 millones de soles. Un verdadero récord.

Según un informe de la Contraloría General de la República, esta cifra representa un incremento del 123%, en comparación del año anterior. Números alarmantes, si se toma en cuenta que en el año 2005 se gastó apenas 500 millones de soles.

Además, en el año 2009 se aprobaron 2,457 exoneraciones, lo que refleja un aumento del 70% en la relación al año anterior, donde se autorizaron 1,444 operaciones, así como el uso indiscriminado de la modalidad de exoneración.

“Esto significa que se está debilitando los controles en los procesos de compra. Es momento de delimitar y crear un proyecto de ley que nos permita a los peruanos estar más tranquilos”, señaló el titular de la Contraloría, Fuad Khoury.

VIVEZA Y VERGÜENZA
Lo más sorprendente es que las entidades públicas, en un número significativo, se acogieron a la modalidad de exoneración señalando como causal una situación de emergencia. Según la Ley de Contrataciones del Estado, la situación de emergencia solo puede ser invocada cuando se producen acontecimientos catastróficos, situaciones que representen grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional. Escenario que no se dio en nuestro país en el año 2009 y, por lo tanto, no ha sido justificado.

Sin embargo, el sector público aprobó en el año 2009, bajo este argumento, 924 exoneraciones por 1423 millones de soles. Esto representa un incremento de 350% en comparación al año 2008.

Lo más vergonzoso es que el propio gobierno de Alan García, sin razón alguna, se acogió a la situación de emergencia para la reconstrucción de 100 colegios emblemáticos. Así, a través del Decreto de Urgencia 004- 2009, el Ministerio del Interior, que estuvo a cargo del ex premier José Antonio Chang, aprobó 69 exoneraciones y realizó contratos a dedo por 314.08 millones de soles.

La Contraloría detectó, además, que para estos trabajos se otorgaron adelantos que excedían los montos máximos permitidos y en algunos casos sin considerar el cronograma establecido. En el caso particular de tres obras revisadas por dicho órgano de control, el monto ascendió a 4.8 millones de soles.

“No se cauteló adecuadamente los intereses del Estado, habiéndose detectado deficiencias en el cálculo de penalidades por incumplimiento contractual hasta por S/. 230 mil, en el caso de dos obras”, señala parte del informe del organismo de control.

Es decir, mientras 20 alumnos de un colegio de Huánuco reciben clases en un baño, una verdadera emergencia, otros se banquetean y la pasan bien con grandes contratos.

COLMO NACIONAL
Pero no es el único caso. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) también se acogió a una situación de emergencia para la remodelación del Estadio Nacional. Para ello aprobó 13 exoneraciones por un monto de 37.93 millones de soles.

Lo grave es que la entidad que encabeza Arturo Woodman otorgó la buena pro para realizar parte del proyecto sin contar con las bases ni el valor referencial de la obra aprobada. Además se comprobó que la obra de remodelación se inició sin contar con los expedientes técnicos definitivos.

Otro caso sorprendente lo originó la Municipalidad Distrital de San José, en Lambayeque. Dicho concejo aprobó exoneraciones por la causal de emergencia para realizar obras de saneamiento por 21.9 millones de soles. Sin embargo, concedió, en cada caso, plazos de por lo menos un año para la ejecución del contrato, desnaturalizando completamente el concepto de emergencia. Así no juega Perú.

Luis Endo - lendo@diario16.com.pe

Fuente: http://diario16.pe/noticia/4801-otros-faenones-que-deben-investigarse