La agenda laboral pendiente

En el tema laboral y de empleo, el nuevo gobierno heredará varios pendientes. Quizás el principal se vincule con la necesidad de introducir modificaciones al marco institucional heredado de la reforma laboral liberal de los noventa. Esta inclinó la balanza hacia el lado empleador restando capacidades de negociación al trabajador y de regulación al Estado. La convivencia social demanda equilibrar dicha balanza.

Ello no es “volver al pasado” sino mirar el futuro de manera inclusiva. Se necesita, en consecuencia, de iniciar el giro hacia unas relaciones laborales que concilien la “eficiencia económica” con la equidad. Para ello dos cosas: fortalecer las capacidades del Ministerio de Trabajo en su rol regulador y facilitar la reconstitución del tejido sindical que, hoy, apenas asciende al 5% de los asalariados privados.

El Ministerio de Trabajo es el órgano rector en materia laboral y de empleo. El fundamentalismo neoliberal, sin embargo, lo despojó de dichas atribuciones y le restó presupuesto. Con el Presidente Paniagua, se iniciaría la recomposición de sus funciones. La instalación del Consejo Nacional del Trabajo marcaría un hito al igual que la implementación de programas de empleo a grupos vulnerables y de apoyo a la microempresa.

Incorporar el principio de equidad en las relaciones laborales, supone fortalecer la capacidad fiscalizadora de dicho Ministerio. Ello no sólo implica aumentar el número de inspectores laborales sino de reforzar sus atribuciones y mejorar su status laboral. Supone, también, incorporar mecanismos de vigilancia social en las relaciones laborales, como publicitar un ranking de empresas en materia de prácticas laborales. El cumplimiento efectivo de la ley laboral resulta un tema sensible en razón de los compromisos laborales adquiridos por el estado peruano al suscribir los diversos TLC, particularmente con EEUU. Debiera, por ejemplo, constituirse una comisión autónoma de seguimiento a dichos acuerdos.

Otro aspecto de revisión y de reforma es el vinculado con los regímenes laborales especiales (el agrario, el de la exportación no tradicional, el de la micro y pequeña empresa). Por una razón de humanidad, la degradación de condiciones laborales no puede plantearse como un “incentivo” a la formalización o la atracción de inversiones en un determinado sector. Dicho recurso ha probado ser ineficaz y consolida, más bien, una práctica rentista.

Un derecho fundamental es el diálogo social y, por ello, el Estado y el sector empresarial, debieran facilitar la organización de los trabajadores. Recoger la voz de ellos en materia de mejoras en la productividad, en los procesos del trabajo son asuntos sustantivos que complementan la acción reivindicativa y de garante de los derechos laborales de los sindicatos.

Con más organización sindical y con efectiva regulación laboral se podrá restablecer el equilibrio en las relaciones laborales que añadirá sostenibilidad al crecimiento económico.

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas/la-agenda-laboral-pendiente_84840.html