Documento solo admite una deuda en el tema de corrupción. Independencia de poderes y libertad de prensa no se mencionan. No plantea una estrategia contra el narcoterrorismo ni se refiere a las FF.AA.
(Andina)
JUAN AURELIO ARÉVALO
Ni bien quedó segundo en la primera vuelta de 1990, Alberto Fujimori entró en cura de silencio. ¿El motivo? Se había comprometido a exponer su plan de gobierno y en realidad no tenía listo ni una línea. En total fueron 41 días de espera para conocer los lineamientos generales con pretextos de todo tipo, incluida una intoxicación por comer bacalao.
Hoy el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no permite este tipo de improvisación. Fuerza 2011 cumplió con presentar su programa, pero entregó un documento lleno de vacíos y generalidades. Si bien en los últimos días Keiko Fujimori ha buscado deslindar públicamente con los pasivos del gobierno de su padre, las omisiones de temas sensibles saltan a la vista.
El plan empieza defendiendo la Constitución de 1993 y a lo largo de su extensión vuelve al pasado, recordando los logros sociales y económicos del régimen fujimorista en la década de los noventa. De los daños causados, el único deslinde es con la corrupción.
NADA SOBRE LAS FF.AA.
Se sabe que el plan fujimorista de 58 páginas no le dedica ni un párrafo al tema de derechos humanos y que su líder Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. El vocero de Fuerza 2011, Rafael Rey, explicó que el respeto a este derecho y a todas las libertades políticas es algo innato y lógico, por lo tanto, no tenían que precisarse en el texto.
Sin embargo, sorprende que no mencionen en ninguna línea a las Fuerzas Armadas. Nada se dice sobre el sistema de remuneraciones ni qué hacer para recuperar la capacidad operativa que se vio afectada por la ‘chatarra’ comprada durante el régimen fujimorista. Vale recordar que tras la caída de Fujimori esta institución vio cómo casi todos sus altos mandos (incluido un jefe del Ejército) terminaron presos por corrupción en el penal para reos primarios (antes San Jorge).
SOLO SEGURIDAD CIUDADANA
Consultado sobre la omisión, Rey sostuvo que la ausencia de las FF.AA. sí es un error. Dijo que es deber del Estado proporcionar tanto a las FF.AA. como a la Policía Nacional los medios materiales necesarios, así como remuneraciones y pensiones adecuadas. “También proveerlos del equipamiento que requieren para el cumplimiento de su misión, así como el apoyo y los medios legales”, afirmó.
Pero tampoco se dice qué hacer con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la entidad que reemplazó al desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que en la época fujimorista sirvió como nido de espionaje, soborno, chantaje y otros delitos. Solo en el eje 12 del pilar 3 (página 39) referido a la seguridad ciudadana, se plantea crear un sistema de información cooperativo interinstitucional que genere datos en el ámbito local, regional y nacional para la prevención y control del crimen y la violencia.
Según el documento, “el principal problema de nuestra población” es la seguridad ciudadana y, por lo tanto, le dedican un capítulo con propuestas que van desde fomentar una cultura de paz, crear observatorios del crimen, hasta mejorar la formación y remuneración de los policías. Pero cómo afrontar la lucha contra los remanentes terroristas y el narcotráfico no aparece por ningún lado.
¿Y LAS LIBERTADES?
Aunque Keiko Fujimori ha manifestado públicamente que garantiza la democracia y que respeta la libertad de prensa (severamente afectada durante el régimen fujimorista con compras de líneas editoriales demostradas en los ‘vladivideos’), estos dos temas no han tenido cabida en su plan. El término ‘democracia’ solo figura en el título del plan de gobierno.
De la independencia de poderes tampoco una palabra. La única mención a las libertades se encuentra en el eje 1 del pilar 1 (página 11), en que se dice que incluirán en el currículo escolar contenidos para inculcar valores fundamentales como “la libertad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto por nuestra cultura y la protección del medio ambiente”.
Si bien el régimen fujimorista logró reinsertar al Perú en la comunidad económica mundial, al mismo tiempo nos aisló del sistema jurídico internacional al denunciar, por ejemplo, del Pacto de San José. Sobre las garantías jurídicas y la propuesta de Fujimori de instaurar la pena de muerte para los violadores de niños menores de 7 años, no se menciona nada.
Consultado sobre el programa, el analista Luis Benavente consideró que la corta extensión se debe a que los fujimoristas no quieren ser vulnerables en la discusión pública. “Sabemos sus puntos claves: economía de mercado intensiva, liberalismo, populismo en lo social y hasta clientelismo. Han omitido varios temas porque son conscientes de que generarían polémica y cuestionamientos”.
Para el constitucionalista Enrique Bernales, este ni siquiera es un plan de gobierno. “Son solo enunciados esquemáticos”. Asimismo, consideró que es un programa pensado en el pasado y que, si han omitido temas como los derechos fundamentales, probablemente es porque “no son relevantes para su concepción del poder”.
“Intolerancia frente a la corrupción”
En su programa, el fujimorismo anuncia que será “intolerante frente a la corrupción”. “Hemos señalado con insistencia y humildad que el fujimorismo tiene una deuda pendiente con el país, que piensa saldar. Pero no nos quedaremos en discursos encendidos ni poses mediáticas”, indican.
Efectivamente, tienen una deuda moral y económica. En abril del 2010 la procuraduría anticorrupción informó que durante el régimen de Alberto Fujimori “desaparecieron” seis mil millones de dólares de las arcas del Estado. Se privatizaron empresas públicas por un monto aproximado de siete mil millones de dólares, pero solo se encontraron 500 millones en el tesoro público.
Hoy proponen presentar un proyecto de ley que defina todos los posibles conflictos de interés, para impedir que empleados del sector público terminen representando intereses privados.
Del mismo modo plantean simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para así reducir los trámites y sus costos. Las entidades del Estado estarán interconectadas y la mayoría de trámites será por Internet. Asimismo, los puestos claves en la “capa de gerencia intermedia del Estado serán seleccionados competitivamente a través de Servir”. También establecerán un sistema de seguimiento de información patrimonial y financiera de los empleados públicos.
Consultado sobre el tema, Pedro Gamarra, procurador ad hoc para los casos de Fujimori y Montesinos, evitó opinar por ser un tema político, pero precisó que existe una gran deuda pendiente respecto a la corrupción y que trabajan para que todos los que delinquieron respondan ante la justicia y cumplan una pena.
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