Funcionarios cuestionados se reciclan en el Estado

Han pasado más de tres meses desde que se inició el gobierno del cambio, la inclusión social y la lucha frontal contra la corrupción, sin embargo todo indica que funcionarios cuestionados en gestiones anteriores, con gran habilidad camaleónica se vienen reciclando en diferentes instituciones del Estado.

Un caso emblemático es el de Oswaldo Plasencia Contreras, Director Ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), cuestionado por varios incidentes irregulares en la construcción del Tren Eléctrico y el incumplimiento del cronograma para su puesta en funcionamiento. Sin embargo, sigue al frente de esa institución, dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Pero no solo ha logrado continuar en la AATE, sino que convocó a otros funcionarios también con serios cuestionamientos, ampliamente difundidos por la prensa. Uno de ellos es Danilo Moyasevich Baca, ex jefe de la Oficina de Infraestructura del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quien fue incluido en la investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por supuesta sobrevaloración de las obras de remodelación del Estadio Nacional (La República-20/09).

De acuerdo con fuentes de la AATE, Moyasevich fue contratado por...
cuatro meses desde el 11 de julio del presente como consultor de Plascencia, mediante contrato de locación de servicios financiado con recursos de la cooperación internacional, por lo que no figura en la página web.

Otra funcionaria que aún continúa con Plasencia, pese a sus probados vínculos con los círculos más oscuros del Apra, es la abogada Lourdes Patricia Gonzales Castillo, Asesora Jurídica de la Dirección Ejecutiva de la AATE. Patricia Gonzales es una antigua militante aprista, esposa de Alberto Vértiz, hermano del general EP (r) Roberto Vértiz, uno de los personajes sorprendidos en el almuerzo del restaurante ‘Fiesta’ (junio 2007), junto al dirigente aprista Agustín Mantilla.

En esa reunión también se encontraba el abogado Javier Ríos Castillo, entonces postulante al Tribunal Constitucional, quien curiosamente está casado con Maritza González, hermana de Patricia Gonzales Castillo (Caretas, 21 junio 2007).

ENTRE COFOPRI Y SUNARP
Otra institución donde han recaído funcionarios reciclados es el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). El Director Ejecutivo, Ais Tarabay Yaya, quien viene de la gestión aprista y tendría la protección del congresista nacionalista Fredy Otárola (Diario16, 16/09) designó a Oswaldo Rubén Flores Benavides como nuevo Director de Administración, según resolución publicada el viernes pasado en el diario El Peruano.

Flores Benavides fue hasta hace pocas semanas Gerente General de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y era mano derecha del superintendente Álvaro Delgado Scheelje, removido de su cargo recientemente debido a graves imputaciones de la congresista de Gana Perú, Esther Saavedra, por cuyo pedido fue citado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.

La referida comisión pedirá facultades de Comisión Investigadora para evaluar irregularidades que superarían los 50 millones de soles, contratación de familiares de líderes apristas y pagos excesivos por publicidad, autorizados precisamente por Oswaldo Flores Benavides.

La prensa dio cuenta del recorrido público de Flores Benavides. Luego del escándalo de corrupción de Omar Quezada en la jefatura de Cofopri, Delgado Scheelje asumió el cargo y llevó a Flores como Director de la Oficina de Administración de Cofopri. (La República 18 Oct.).

Cuando en octubre del 2010 Delgado es designado al frente de Sunarp, convocó a Oswaldo Flores como gerente general. Increíblemente, tras el escándalo con Álvaro Delgado y su destitución, Flores Benavides regresó a su antiguo cargo en Cofopri, con el aval de Ais Tarabay.

Según fuentes de la institución, Tarabay Yaya también estaría direccionando los procesos de contratación de CAS de su oficina, haciendo ganar a su secretaria Frezia Gissella Espinoza Samaniego (labora como CAS desde 2007). Lo mismo sucede con Julissa Elizabeth Betancourt Pérez, ex secretaria de Omar Quezada y ahora segunda secretaria del Director Ejecutivo.

De acuerdo con la legislación vigente, estas servidoras no podrían participar en un proceso, pues las secretarias de la Dirección Ejecutiva tienen todas las ventajas para ganar un concurso público.

NUEVA “JOYA” EN EL PRONAA
Otro caso extraño es que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social haya contratado como asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) a la abogada Betty Albornoz Castro.

Albornoz Castro no es nueva en el Pronaa, pues luego de trabajar algunos años en la institución fue designada como Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, cargo de confianza del cual fue retirada en el año 2003.

Sin embargo, como no fue reincorporada en su cargo anterior, inició una demanda al Estado que perdió en todas las instancias, incluido el Tribunal Constitucional. No contenta con ello habría acudido a la Corte interamericana de Derechos Humanos.

Adicionalmente, según fuentes cercanas, sería vox populi que la ex pareja sentimental de Albornoz, Arnulfo Ramírez Garay, es el representante legal del sindicato de Trabajadores del Pronaa y quien sigue todos los procesos laborales en contra de la misma institución.

Es decir, el Ministerio de la Mujer contrata nuevamente a una persona que la ha querellado hasta en instancias internacionales. Cómo tomará el presidente Ollanta Humala la contratación de esta funcionaria, luego de que en la Cumbre Iberoamericana expresó su preocupación por personas y empresas que ponen en el “banquillo de los acusados” al Estado peruano.

Fuente: http://diario16.pe/noticia/11314-funcionarios-cuestionados-se-reciclan-en-el-estado