Solo 50 Empresas Contaminantes han sido Identificadas

El Estado peruano solo conoce a menos de cincuenta empresas causantes de los PAM (Pasivos Ambientales Mineros). En el documento que INFOS consiguió en calidad de primicia, después de meses de búsqueda, se confirma que existen 6 mil 847 pasivos ambientales mineros registrados por el Ministerio del Ambiente. En el ítem ‘Responsable del Pasivo’, que identifica a la compañía que dejó los relaves, lo más común es que aparezca el término ‘No identificado’. Solo ha sido llenado medio centenar de veces.

En el restante número de casos no se sabe a quién reclamar ni se tiene un estudio de impacto ambiental en regla. La búsqueda de responsables es débil e infructuosa y se da por cierto que hay relaves originados hace más de cincuenta años cuyos causantes jamás van a ser señalados.

Pero conocer quién dejó los PAM no significa necesariamente que el problema esté resuelto. Una vez determinado el responsable, el MINEM le envía oficio conminatorio para que presente un plan de cierre, el cual usualmente es apelado ante el Consejo Nacional de Minería. Si la empresa pierde, se inicia un conflicto judicial mientras el pasivo ambiental sigue contaminando.

TODAS LAS TRABAS
La contaminación se produce principalmente por el drenaje ácido de la mina, a causa de la oxidación y lixiviación de materiales sulfurosos. Cada caso es distinto, y se requiere una adecuada caracterización de la roca de mina y de los materiales de desecho para un adecuado tratamiento de las aguas ácidas.

Actualmente se exigen...
planes de cierre al inicio mismo de la explotación, pero el proceso es largo y puede presentar complicaciones, una de ellas por una inadecuada evaluación del proceso de remediación. Las actividades para el cierre de instalaciones de desperdicios de minas consideran desde refacciones básicas para mejorar la derivación y escorrentía de las aguas superficiales hasta una nivelación completa, colocación de una cobertura y revegetación. Dependiendo de las condiciones geográficas y climáticas, las operaciones pueden terminar siendo más complejas.

Al final, en el lugar debe haber una tal estabilidad física y química que la salud humana y el medio ambiente no resulten perjudicados. La tierra debe poder servir de hábitat para la fauna silvestre o para un uso beneficioso en actividades tan diversas como pastoreo, recreación o nuevamente explotación minera.

Al explicar por qué el Perú dista mucho de tener una adecuada política de tratamiento de los PAM, la directora del FONAM (Fondo Nacional del Ambiente), Julia Justo, pone más énfasis en las debilidades del Estado que en la irresponsabilidad de las mineras.

Justo dijo para esta nota que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debería destinar mayores recursos humanos y presupuestales para evaluar los PAM, limitaciones que en buena medida explican la deficiente cobertura del inventario nacional de pasivos ambientales. Este año el MINEM ya no gastará un centavo más en inspeccionar PAM, pese a que la actualización de su inventario solo ha avanzado en un 20% de las cuencas mineras.

Justo añadió que el Estado tampoco hace valer su autoridad debidamente. Y no solo ante las mineras. —A veces, para que se remedie una relavera —explica Justo—, hay que atravesar una parcela de un vecino de la comunidad. A pesar de que vas a ayudar a todas las familias, el dueño del terreno exige que le den dinero o que le compren una casa en otro sitio, como si ese espacio se fuera a utilizar para extraer mineral en vez de remediar un daño ambiental y de salud pública. Con una mayor autoridad del Estado esta clase de trabas podría superarse.

Sin embargo, aunque es obvio que ha faltado voluntad política, otra parte del problema parece estar en la misma legislación.

EL ESTADO EN EL BANQUILLO
La ley peruana, dirigida a lograr que el causante del pasivo se haga cargo de la remediación, propicia un congelamiento del problema. Como los responsables no están individualizados, nadie se encarga de cerrar los relaves. El Estado, por su parte, siente que no es su obligación hacerlo, incluso cuando él es el culpable, como la contaminación de Centromin en Pasco, o en el caso de pasivos ‘históricos’, que datan de la época colonial.

De acuerdo con el reglamento de la ley de PAM, el Estado puede remediar áreas contaminadas por la minería cuando una empresa de su propiedad dejó, por lo menos, dos tercios de la basura industrial. ‘Excepcionalmente’ lo hará en función del interés público, lo que en la práctica funciona cuando ocurre una protesta muy fuerte.

En Cajamarca, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, el MINEM actuó directamente, ante la presión, con la idea de enjuiciar posteriormente a los responsables y lograr la devolución del monto gastado más los intereses de ley. Fue en la cuenca del Llaucano, donde había cinco depósitos de relaves en la zona de El Dorado, en antiguos yacimientos del estatal ex Banco Minero. Expuestos a erosión por el viento, lluvias y escorrentías, constituían una de las principales fuentes de contaminación de los lechos del río Hualgayoc-Arascorgue.

En el mismo departamento, y ante la fuerte presión de los pobladores, FONAM asumió la remediación de otros 119 pasivos en El Dorado y La Tahona. En cuanto a los pasivos dejados por el complejo estatal Centromin Perú, el Estado hizo que una de sus empresas, Activos Mineros, cerrara pasivos en Casapalca, Tablacacha, Morococha, La Oroya, Cerro de Pasco, Yauricocha y San Antonio de Poto, para lo que se estableció un fideicomiso de 21 millones de dólares.

En 2008, el MINEM informó que el Estado asumiría, excepcionalmente y en función del interés público, la remediación de diversos pasivos ambientales calificados de alto riesgo procedentes de la exfundición Tinyahuarco, en Pasco, así como la de residuos mineros coloniales en las riberas del ex río Sagra y San Juan, en la misma provincia. La decisión fue tomada en base a un informe técnico estatal sobre la gravedad de la contaminación del río San Juan y consiguientemente del lago Chinchaycocha. Sin embargo, la contaminación del Chinchaycocha es tan grave que está lejos de ser mitigada por esta medida ‘excepcional’.

El del Chinchaycocha es un buen ejemplo de cómo, tras una contaminación generada muchos años atrás, se entremezclan subsiguientes responsabilidades de varias compañías mineras y del propio Estado. El lago Chinchaycocha da origen al río Mantaro y es uno de los principales abastecedores de la cuenca del Amazonas. En una zona declarada Reserva Nacional acoge a miles de especies de aves acuáticas, además de ranas, cuyes silvestres, zorros y vizcachas que se adaptaron al clima gélido de la puna.

Las autoridades locales, hartas de soluciones intermedias, han demandado ante el Ministerio Público tanto a las empresas mineras concernidas con la contaminación como al propio Estado. La denuncia la hizo en octubre pasado el alcalde de la provincia de Junín, Luis Solórzano, contra las empresas mineras Doe Run, El Brocal, Aurex, Volcán, y contra los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, y de Agricultura.

La contaminación comenzó en 1929, cuando la Cerro de Pasco Cooper Corporation construyó la represa de Upamayo, inundando más de 26 hectáreas de pastos naturales en perjuicio de ocho comunidades, que demandaron una indemnización económica y que se detenga el desembalse. Después sobrevino la producción de relaves por las mineras, junto con la inacción estatal.

Este año el Ministerio del Ambiente reformuló un plan para el manejo ambiental del lago, pero aquí la credibilidad del Estado está por los suelos. Es una declaración de buenas intenciones. No le creemos dijo Ginés Barrios, consejero provincial de Junín.

JOSÉ MANUEL BALTA: De Infos-Ipys

Fuente: http://diario16.pe/noticia/11997-solo-50-empresas-contaminantes-han-sido-identificadas