El racismo de Arizona también está en España

Europa ya aplica algunas de las polémicas medidas que ha prohibido la Justicia de EEUU

El fallo de la jueza Susan Bolton, en Phoenix (EEUU), el pasado miércoles desplumó de sus artículos más polémicos la nueva ley de inmigración de Arizona (EEUU). La justicia norteamericana considera que castigar como delito que un extranjero no tenga su documentación en regla se da de bruces con la Constitución. También el promover las deportaciones exprés de sin papeles a sus países (sin apenas tiempo para preparar un recurso), pedir la documentación a ciudadanos por su aspecto físico u obligar a sólo una parte de la población, a los extranjeros, a estar documentada en todo momento.

Sin embargo, en los últimos años, varios países europeos han incluido medidas similares en sus ordenamientos jurídicos. Italia y Francia, por ejemplo, han aprobado leyes que discriminan y persiguen abiertamente a los inmigrantes irregulares. No tener documentación en el país transalpino se castigó el año pasado con penas de cárcel, extensibles a aquellos ciudadanos que diesen cobijo a irregulares.
"Criminalizan al inmigrante sin que este haya hecho daño a nadie", critica el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, con sede en Bruselas. "El propósito de la detención es actuar como elemento disuasorio, enviar un mensaje a quienes quieren venir a Europa de que no son queridos aquí", añade. Arizona intentó seguir el ejemplo italiano y penar como delito la estancia irregular, pero la propuesta no pasó la criba de Bolton.

En España, vivir sin papeles no es delito, sino una falta administrativa. Pero las asociaciones de inmigrantes aseguran que, si lo fuese, las detenciones de inmigrantes serían más garantistas porque se les internaría en cárceles. Sus encierros se realizan en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), durante un máximo de 60 días. Estos centros son más opacos que las prisiones y los detenidos gozan de menos derechos que los reos.

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