Tomado de:
Los Blogs de semanaeconómica.com
En América Latina se comete anualmente el 27% de los homicidios del mundo a pesar de que en ella vive sólo el 9% de la población mundial. 10 de los 20 países con mayores tasas de homicidios en el planeta son latinoamericanos. El Perú, afortunadamente, no destaca en este terrible ranking de la muerte, cuyos primeros lugares mundiales los ocupan Honduras y El Salvador, mientras que el campeón sudamericano es Venezuela. Aunque las cifras varían según las fuentes y los años, las estadísticas de la ONU para el 2010 señalan que las tasas de homicidios por 100,000 habitantes fueron de 86 en Honduras, 66 en El Salvador, 49 en Venezuela y sólo 5 en el Perú.
La seguridad ciudadana se ha convertido así en...
el principal problema de América Latina según lo recoge el Latinobarómetro. El minucioso informe[i] presentado por Marta Lagos, su fundadora y directora, revela que la delincuencia y la violencia constituyen la principal preocupación de la opinión pública en 12 de los 18 países estudiados, incluido el Perú. La seguridad es claramente el problema de la década en la región, como lo fue antes el desempleo y mucho antes la inflación.
Si bien el Perú registra una baja tasa de homicidios, el Latinobarómetro revela que la incidencia de delitos comunes en el Perú es de las más altas de la región. El 40% de los entrevistados declara que él o algún pariente han sido asaltados, agredidos o han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. El Perú ocupa el segundo lugar, después de México, en este lamentable ranking de la violencia general. Para simplificar podríamos decir que en el Perú se asalta a más gente, pero se mata a menos.
Otro indicador preocupante es que el Perú aparece en un lugar destacado en el crecimiento de las pandillas. El 34% de los peruanos considera que en su barrio se presentan frecuentemente peleas entre pandillas, muy por encima del promedio regional: 24%. Del mismo modo, el Perú destaca, lamentablemente, por su escaso respeto a la ley. En promedio, el 31% de los latinoamericanos considera que los ciudadanos de su país cumplen las leyes, pero este promedio esconde grandes contrastes entre países con una conducta cívica muy avanzada, como Uruguay, donde el 54% cumple con la ley y países donde “la informalidad” y el comportamiento al margen de la ley son socialmente más aceptados. El caso más extremo es el Perú, donde sólo el 12% estima que sus conciudadanos cumplen las leyes.
Por último, resulta alarmante la reducida consciencia del riesgo que representa el narcotráfico. Mientras el 13% de los latinoamericanos lo califica como el delito organizado más frecuente, sólo el 3% de los peruanos lo percibe así. El problema es que el narcotráfico sigue avanzando subrepticiamente, y para cuando la sociedad y el Estado tomen consciencia de su magnitud será mucho más difícil enfrentarlo.
El presidente Ollanta Humala fue elegido con la promesa de promover el crecimiento económico con inclusión social y está muy bien que atienda a esos dos grandes objetivos, pero debe recordar que buena parte del electorado votó por él por considerar que era el más calificado para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana, un campo donde los gobiernos anteriores fracasaron rotundamente. La tarea es compleja y probablemente requiera el esfuerzo de toda una generación, pero el gobierno de Humala tiene la obligación de darle la prioridad necesaria para recuperar el terreno perdido. Hay experiencia internacional valiosa, como la de Colombia, que podría ser útil recabar. Los primeros nueve meses de gestión han sido muy decepcionantes en el campo de la seguridad, pero todavía está a tiempo el Presidente de enmendar el rumbo. El bienestar colectivo y muchas vidas humanas dependen de que tenga éxito.
[i] El informe http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf fue presentado en la sede de Ipsos APOYO en Lima el 9 de mayo del 2012.
el principal problema de América Latina según lo recoge el Latinobarómetro. El minucioso informe[i] presentado por Marta Lagos, su fundadora y directora, revela que la delincuencia y la violencia constituyen la principal preocupación de la opinión pública en 12 de los 18 países estudiados, incluido el Perú. La seguridad es claramente el problema de la década en la región, como lo fue antes el desempleo y mucho antes la inflación.
Si bien el Perú registra una baja tasa de homicidios, el Latinobarómetro revela que la incidencia de delitos comunes en el Perú es de las más altas de la región. El 40% de los entrevistados declara que él o algún pariente han sido asaltados, agredidos o han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses. El Perú ocupa el segundo lugar, después de México, en este lamentable ranking de la violencia general. Para simplificar podríamos decir que en el Perú se asalta a más gente, pero se mata a menos.
Otro indicador preocupante es que el Perú aparece en un lugar destacado en el crecimiento de las pandillas. El 34% de los peruanos considera que en su barrio se presentan frecuentemente peleas entre pandillas, muy por encima del promedio regional: 24%. Del mismo modo, el Perú destaca, lamentablemente, por su escaso respeto a la ley. En promedio, el 31% de los latinoamericanos considera que los ciudadanos de su país cumplen las leyes, pero este promedio esconde grandes contrastes entre países con una conducta cívica muy avanzada, como Uruguay, donde el 54% cumple con la ley y países donde “la informalidad” y el comportamiento al margen de la ley son socialmente más aceptados. El caso más extremo es el Perú, donde sólo el 12% estima que sus conciudadanos cumplen las leyes.
Por último, resulta alarmante la reducida consciencia del riesgo que representa el narcotráfico. Mientras el 13% de los latinoamericanos lo califica como el delito organizado más frecuente, sólo el 3% de los peruanos lo percibe así. El problema es que el narcotráfico sigue avanzando subrepticiamente, y para cuando la sociedad y el Estado tomen consciencia de su magnitud será mucho más difícil enfrentarlo.
El presidente Ollanta Humala fue elegido con la promesa de promover el crecimiento económico con inclusión social y está muy bien que atienda a esos dos grandes objetivos, pero debe recordar que buena parte del electorado votó por él por considerar que era el más calificado para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana, un campo donde los gobiernos anteriores fracasaron rotundamente. La tarea es compleja y probablemente requiera el esfuerzo de toda una generación, pero el gobierno de Humala tiene la obligación de darle la prioridad necesaria para recuperar el terreno perdido. Hay experiencia internacional valiosa, como la de Colombia, que podría ser útil recabar. Los primeros nueve meses de gestión han sido muy decepcionantes en el campo de la seguridad, pero todavía está a tiempo el Presidente de enmendar el rumbo. El bienestar colectivo y muchas vidas humanas dependen de que tenga éxito.
[i] El informe http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_La_seguridad_ciudadana.pdf fue presentado en la sede de Ipsos APOYO en Lima el 9 de mayo del 2012.
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