La PCM reglamentó la ley que protege a los funcionarios que denuncien hechos irregulares cometidos en el sector público.
Ley se reglamentó tras casi un año de espera. (USI)
La norma, que será implementada por la Contraloría, precisa que el denunciante no podrá ser cesado, despedido o removido del cargo como consecuencia de la acusación que formule, salvo que sea por faltas o infracciones laborales, y establece que si el denunciante es copartícipe de los hechos denunciados, se le otorgará la reducción gradual de la sanción administrativa.
Asimismo, señala que si los hechos denunciados constituyen infracción prevista en la norma administrativa y esta es sancionada con multa, el denunciante obtendrá una recompensa hasta de un 50% de lo efectivamente cobrado por la institución afectada, para lo cual se tendrá en cuenta el impacto económico del hecho y la magnitud de los prejuicios, entre otros factores.
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