Cuatro diarios y dos canales de televisión, propiedad de un importante grupo económico, han desatado una campaña de desprestigio contra Pensión 65, colocando en la opinión pública la idea fuerza de que un gobierno de Gana Perú tomaría el dinero que los trabajadores tienen depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para poder financiar las pensiones de los ancianos que, si bien trabajaron en sus casas o en la informalidad o no pudieron completar sus aportes de jubilación, hoy se encuentran sin ningún tipo de ingreso. La intención es clara. Se busca generar pánico en la sociedad para que no quede otra que votar por Fujimori. Es un ataque político.
Es que la crítica no ha tocado el problema pensionario en el país, ni qué hacemos con el millón doscientos mil ancianos que viven en la pobreza, vendiendo caramelos, haciendo taxi o dependiendo de la caridad familiar.
El ángulo no ha sido cómo resolver esta problemática. Por el contrario, se ha buscado intencionalmente palabras, detalles o cualquier frase del Plan de Gobierno de Gana Perú con el fin de titular, de la manera más forzada, que Ollanta Humala va a meter la mano en las AFP.
El Plan
Los especialistas que trabajaron durante más de un año en la construcción del programa de gobierno de Gana Perú partieron del siguiente dato duro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en el Perú hay 1 millón 764 mil 700 adultos mayores de 65 años.
De este universo, solo 482 mil 143 reciben pensión de jubilación por parte de la Oficina Nacional Previsional (ONP), y 51 mil 924 por parte de las AFP. Es decir, aproximadamente 1 millón 230 mil 633 ancianos no cuentan con ningún tipo de pensión de vejez.
Este número es alarmante y se estrella en nuestra cara todos los días en las calles cuando los ancianos piden limosna o venden caramelos. Es el caso de Verenice, mujer de 68 años quien falleció de TBC a fines del 2010 y que todos los que pasaban entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche podían encontrar en el Óvalo Gutiérrez en Miraflores vendiendo caramelos de perita. Ella trabajó hasta el final de sus días, pero no resistió el último invierno en la calle.
Con esta información y en la lógica de la gran transformación, Gana Perú planteó reformar el sistema de pensiones proponiendo complementar el sistema público y el privado de tal suerte que nadie se quede sin pensión. Esto es que uno pueda aportar a un fondo de ahorro común, pero también a un fondo de ahorro individual.
Este lineamiento de política es fundamental para aquellos que ganan muy poco y aportan a las AFP por ejemplo. Un vigilante que gana 650 soles, y aporta a la AFP se va a jubilar con 200 soles aproximadamente. Eso no alcanza más que para vivir en la miseria.
Los que ganan bien son muy pocos e incluso ellos pueden ver mermada su jubilación en el sistema privado si
es que la inversión de su fondo sufrió algún embate de la crisis económica global como sucedió en el 2008 producto de la crisis financiera global.
Y ojo que los dueños de las AFP no pierden nunca, ellos cobran altas comisiones así el fondo pierda o gane. No se hacen responsables por el manejo que hacen del dinero de miles de trabajadores.
Y, además, no cumplen con el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú y que estipula que los trabajadores aportantes deben tener un asiento en el directorio de las AFP.
De otro lado, en Chile surgió un gran problema en el año 2004, cuando miles de personas no alcanzaban con sus aportes una pensión mínima en el sistema privado de pensiones y el Estado Chileno tuvo que salir a completar con fondos públicos las jubilaciones.
La subsidiariedad estatal que tanto pregona el modelo neoliberal no funcionó en el caso Chileno, y ese país también tiene un sistema de pensión no contributiva como Pensión 65.
Es que la seguridad social no es un negocio, es un derecho. Y por lo tanto, requiere de una política pública dirigida a satisfacerlo. La solidaridad es un elemento central de los sistemas de seguridad social, pues la socialización del riesgo es la que hace que las personas puedan afrontar las contingencias de la vida, siendo una de ellas la vejez. Así funciona en todo el mundo.
Sin embargo, mientras esta reforma pensionaria se discute en el Congreso Nacional y se miden allí las correlaciones de fuerzas necesarias para generar un sistema de pensiones dignas para todos los peruanos, y regular las comisiones y los abusos de las AFP que en el Perú se encuentran completamente ligadas al poder financiero y conforman un oligopolio, es fundamental atender a más de un millón de personas mayores de 65 años que no cuentan con ingresos.
Reforma pensionariaPor ello, el Plan habla de la “implementación de un régimen de pensiones sustentado en dos sistemas. Un primer sistema público que garantiza pensiones de jubilación para todos y que contiene dos componentes: el contributivo obligatorio (base del sistema) y el segundo, no contributivo, que ofrece una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años sin importar su historia de afiliación a algún sistema de pensiones”.
La idea es que del aporte una parte vaya a un sistema de reparto y la otra, si el trabajador desea, a un sistema de ahorro individual. Esto sirve para los que más alto tienen el ingreso.
El resultado es que todos tengamos una pensión base, obtenida del sistema colectivo, pero los que más salario tienen puedan obtener mayor rentabilidad utilizando una AFP. Esto no significa aportar más, sino diversificar el aporte.
Uno puede discutir si esta es la mejor salida o no del problema de tener más de 1 millón de ancianos sin pensión, pero de ahí a que los medios de comunicación que se suponen imparciales lo utilicen como argumento de demolición es demasiado.
Lo único cierto es que el actual sistema de pensiones en el Perú no está funcionando. Y en todo este cambalache, las AFP están aprovechando para que el Ministro de Economía y Finanzas, el banquero Ismael Benavides, proponga una normativa para blindarlas y darles más beneficios.
Por ello, el Compromiso que Ollanta Humala suscribió en marzo del 2011, señala: “donde sí tenemos urgencia es en la deuda social con los adultos mayores. En los primeros cien días de mi gobierno estaré encaminando la implementación del programa Pensión 65, creando una jubilación universal y solidaria para aquellos trabajadores peruanos que no han cotizado para asegurar una vejez menos sufrida. Al igual que en otros países, como Brasil, Argentina o Bolivia, Pensión 65 permitirá un alivio a esta situación dramática. En nuestro gobierno esperamos que el beneficio ampare paulatinamente a todas las mujeres y hombres mayores de 65 años.”
Este documento es completamente coherente con su plan. Sin embargo, una de las ideas que los periodistas de los medios embarcados en la campaña contra Pensión 65 recalcan es que el candidato de Gana Perú no es coherente con su plan. Eso es falso. Los detalles pueden ser discutidos y las propuestas mejoradas.
Pensión 65Diversas organizaciones como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y gremios de adultos mayores como Red ANAMPER han venido promoviendo la aprobación de una pensión no contributiva como mecanismo de reducción de la pobreza, de la desigualdad y por la recuperación de la dignidad de los ancianos, señalando que además esto tendría un impacto favorable en la economía (movimiento económico y un retorno al erario a través de los impuestos al consumo).
Incluso, la bancada nacionalista ya ha presentado el proyecto de ley que da viabilidad jurídica a dicha propuesta (Proyecto de Ley 04213/2010 CR y actualmente se encuentra dictaminado favorablemente). El congresista nacionalista que ha encabezado este tema es José Urquizo y uno de los especialista impulsores Víctor Torres Lozada.
Si a cada adulto mayor que no recibe ningún tipo de pensión se le asigna 250 soles mensuales (el criterio es estar cerca de los 100 dólares), el dinero necesario para atender este derecho anualmente asciende a S/. 3´691,899,000.00 (Tres mil seiscientos noventa y un millones ochocientos noventa y nueve mil nuevos soles), es decir 0.8% del Producto Bruto Interno (PBI) aproximadamente.
Lógicamente faltaría calcular el costo administrativo, pero ello no variaría dramáticamente esta cifra. La entidad que se encargaría, tal cual funciona la estructura estatal hoy, sería la Oficina Nacional Previsional (ONP).
La fuente de financiamiento en el Presupuesto Público sería la de “recursos ordinarios”, o sea que la plata vendría de los impuestos. Sin embargo, se plantea discutir la posibilidad de que una porción provenga del ahorro colectivo en el régimen público de pensiones (sistema de reparto).
Eso es algo a discutir, pero de ahí se han agarrado los medios de comunicación aliados del gran capital, para engañar a la población diciendo que el gobierno nacionalista dispondría de los fondos que administran las AFP.
Nada más falso, pues ese dinero es parte del sistema privado de pensiones (sistema de capitalización individual). Es que parece que la segunda vuelta no fuera entre Fujimori y Humala, sino entre los medios de comunicación y Humala.
Pensión 65 está en la lógica de la solidaridad que debe estar en la base de todo sistema de seguridad social. Además, ello genera paz social.
ProgresividadSin duda, se requiere de modificaciones en el cobro de impuestos, para que paguen más quienes más ganan, y que paguen quienes no lo hacen, para poder desarrollar en toda su magnitud el programa Pensión 65, que seguramente será ubicado como programa estratégico dentro de lo que se conoce como Presupuesto por Resultados (PpR).
Es decir, se requiere hacer una reforma tributaria que recién rendiría a cabalidad sus frutos desde el 2013. En lo que queda del 2011 se haría la reforma, el 1 de enero del 2012 se empezaría a ejecutar y en el 2013 veríamos mejorada la recaudación. Sin embargo, por el lado de controlar la evasión y la elusión tributaria hay bastante pan por rebanar y recursos con qué contar.
Por ello, lo ideal es atender en el 2012, a 500 mil ancianos sin pensión, priorizando a los mayores de 75 con un fondo de 1700 millones de soles. En el 2013, subiría el fondo a 3 mil millones de soles para poder atender a los mayores de 70.
Y finalmente desde el 2014 llegar a la totalidad de adultos mayores mayores de 65 años con un fondo de más 3 mil 600 millones de soles anuales. Estos cálculos se han hecho en el marco del Grupo Nacional de Presupuesto Público, colectivo de gremios y organizaciones de la sociedad civil que desde hace dos años vienen proponiendo la pensión no contributiva en los presupuestos alternativos que ha presentado al Congreso Nacional a instancia de la Red ANAMPER.
Los Fujimori y las pensionesLa Constitución de 1979 en relación al tema de las pensiones de jubilación decía:
• Artículo 20. Las pensiones de los trabajadores públicos y privados que cesan temporal o definitivamente en el trabajo son reajustadas periódicamente teniendo en cuenta el costo de vida y las posibilidades de la economía nacional, de acuerdo a ley.
El Decreto Ley 25418 del 5 de abril de 1992, que establece la dictadura de Alberto Fujimori, bajo la forma de un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”, determina:
• Artículo 8. Déjese en suspenso los artículos de la Constitución Política y las normas legales que se opongan al presente decreto ley.
El 12 de diciembre de 1992, aún bajo la dictadura directa (sin Congreso y con instituciones intervenidas) se dicta el Decreto Ley 25967, que modifica el goce de pensiones de jubilación que administra el Instituto Peruano de seguridad Social (hoy desaparecido), y que ordena:
• Artículo 3. La pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de seguridad Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no podrá ser mayor de seiscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 600.00). Esta pensión máxima mensual podrá ser modificada por Decreto Supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del Instituto Peruano de seguridad Social.
Entre el artículo 20 de la Constitución de 1979, y el DL 25967, en plena dictadura, hay una contradicción insalvable: mientras el primero reconoce las pensiones como una remuneración de retiro que debe actualizarse a través del tiempo; el segundo, introduce el criterio de que estos pagos son una “carga” para el Estado y que deben ser congelados a través de un tope máximo, para que se vayan separando del salario promedio de los que están ocupados.
El Fujimorismo colocó en el paquete de los que tenía que derrotar a los pensionistas. En 1993, la nueva Constitución votada por el CCD, incluye la siguiente definición sobre el tema pensionario:
• Artículo 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.
Este artículo hace que pensiones y seguridad social sean temas independientes que se contratan por las personas de acuerdo a su capacidad económica. Los Seguros y pensiones privadas, son opciones de servicios y ahorro, pagados a instituciones que son requeridas cuando hace falta, y diluyen su condición de derecho.
¿Quiénes fueron los promotores de estos cambios que afecta a cientos de miles de adultos mayores hoy en día? Pongamos sobre el papel algunos nombres: Alberto Fujimori, presidente de la república y padre de Keiko Fujimori, actual candidata presidencial; y Jaime Yoshiyama Tanaka, ministro del gobierno golpista del 5 de abril, presidente del CCD que votó la Constitución de 1993 y actual candidato a vicepresidente de la lista de Fuerza 2011.
Extracto del documento “Los candidatos y las pensiones” de Raúl Wiener.
Carlos Bedoya
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