Esto no puede continuar. El reto para el Estado es grande y complejo, y rebasa la competencia del Ministerio de Cultura…
No podemos soslayar la grave denuncia formulada por los responsables del Proyecto Arqueológico de Caral, cuyos vestigios arqueológicos de más de 5.000 años están bajo la inminente amenaza de ser invadidos.
Esto, además, ha puesto de relieve la alta vulnerabilidad del patrimonio arqueológico ante las mafias organizadas que se dedican impunemente a la usurpación y el tráfico de tierras en el Perú, prácticas delictivas que en muchísimas ocasiones han terminado legalizadas gracias a la pasmosa permisividad del propio Estado.
En este caso, el Ministerio de Cultura ha reaccionado oportunamente ante la inminencia de una nueva invasión. Hace pocos meses la llamada Asociación la Era del Pando intentó usurpar una zona colindante y destruyó parte de un edificio monumental para construir un reservorio de agua.
¿Qué estamos haciendo como nación para proteger nuestro patrimonio arqueológico?
Subrayemos que las amenazas de invasiones no son un caso aislado ni exclusivo de Caral, pues el mismo peligro se cierne sobre la mayor parte de los restos arqueológicos del país. Las autoridades –tanto del Gobierno Central, como regionales y judiciales– deben estar siempre alertas ante este tipo de situaciones. El Perú, con vestigios arqueológicos, históricos y culturales, además de reservas naturales únicas que nos identifican en el ámbito mundial, no puede darse el lujo de descuidar la protección de esta riqueza.
¿Acaso no se recuerda lo ocurrido hace pocos meses con la invasión de la zona de amortiguamiento del complejo de Pachacámac, en Lima, que fue felizmente desalojada? ¿O lo ocurrido en Batangrande, en Lambayeque, o Chan Chan en La Libertad, que por muchos años estuvo tomada y fue depredada por usurpadores ilegales?
Además de esa amenaza hay otras que se ciernen sobre los restos culturales, que siguen a la espera de la acción de las autoridades, como lo ocurrido recientemente con la destrucción del cerro arqueológico La Virgen, en Huanchaco, que fue prácticamente demolido para usarse como material de construcción o la peligrosa acumulación de desmonte cerca de los restos de Chan Chan. Incluso, en Lima, complejos arqueológicos como Pachacámac y algunas huacas han sido amenazados por mafias de invasores o por irresponsables que los utilizan como botaderos o guaridas de indeseables.
Esto no puede continuar. El reto para el Estado es grande y complejo, y rebasa la competencia del Ministerio de Cultura. No solo debe involucrar los respectivos planes de gestión de las entidades involucradas en esa tarea –incluidos los gobiernos regionales y las municipalidades–, sino, además, la obligación de promover la participación de la empresa privada y hasta de las propias comunidades, también llamadas a preservar el legado que pertenece a todos los peruanos.
Esto, además, ha puesto de relieve la alta vulnerabilidad del patrimonio arqueológico ante las mafias organizadas que se dedican impunemente a la usurpación y el tráfico de tierras en el Perú, prácticas delictivas que en muchísimas ocasiones han terminado legalizadas gracias a la pasmosa permisividad del propio Estado.
En este caso, el Ministerio de Cultura ha reaccionado oportunamente ante la inminencia de una nueva invasión. Hace pocos meses la llamada Asociación la Era del Pando intentó usurpar una zona colindante y destruyó parte de un edificio monumental para construir un reservorio de agua.
¿Qué estamos haciendo como nación para proteger nuestro patrimonio arqueológico?
Subrayemos que las amenazas de invasiones no son un caso aislado ni exclusivo de Caral, pues el mismo peligro se cierne sobre la mayor parte de los restos arqueológicos del país. Las autoridades –tanto del Gobierno Central, como regionales y judiciales– deben estar siempre alertas ante este tipo de situaciones. El Perú, con vestigios arqueológicos, históricos y culturales, además de reservas naturales únicas que nos identifican en el ámbito mundial, no puede darse el lujo de descuidar la protección de esta riqueza.
¿Acaso no se recuerda lo ocurrido hace pocos meses con la invasión de la zona de amortiguamiento del complejo de Pachacámac, en Lima, que fue felizmente desalojada? ¿O lo ocurrido en Batangrande, en Lambayeque, o Chan Chan en La Libertad, que por muchos años estuvo tomada y fue depredada por usurpadores ilegales?
Además de esa amenaza hay otras que se ciernen sobre los restos culturales, que siguen a la espera de la acción de las autoridades, como lo ocurrido recientemente con la destrucción del cerro arqueológico La Virgen, en Huanchaco, que fue prácticamente demolido para usarse como material de construcción o la peligrosa acumulación de desmonte cerca de los restos de Chan Chan. Incluso, en Lima, complejos arqueológicos como Pachacámac y algunas huacas han sido amenazados por mafias de invasores o por irresponsables que los utilizan como botaderos o guaridas de indeseables.
Esto no puede continuar. El reto para el Estado es grande y complejo, y rebasa la competencia del Ministerio de Cultura. No solo debe involucrar los respectivos planes de gestión de las entidades involucradas en esa tarea –incluidos los gobiernos regionales y las municipalidades–, sino, además, la obligación de promover la participación de la empresa privada y hasta de las propias comunidades, también llamadas a preservar el legado que pertenece a todos los peruanos.
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