Ollanta Humala no tendrá tiempo para acostumbrarse al Gobierno para empezar a gobernar. Aunque el antropólogo Javier Torres Seoane, Subdirector de la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER),esperaba del presidente electo un mensaje más directo a los puneños en medio del último conflicto, dice que un buen momento para llegar a sus votantes que esperan un cambio rápido, será este 28 de julio. Dice que se debe empezar por escuchar a la población, y entre las muchas expectativas, y las reales posibilidades de acción, Humala deberá fijar una agenda clara para evitar más violencia.
-Se ha alcanzado cierta calma en Puno tras los acuerdos con el Gobierno. ¿Cómo ha visto el desenvolvimiento de este conflicto que ha dejado seis muertos?
Las diferentes provincias en protesta han conseguido lo que planteaban: Melgar y la zona sur, que se suspendan concesiones; en el caso de la zona Aymara, que se cancele el proyecto Santa Ana y, en Azángaro, que se reactive y se dé presupuesto para el tratamiento de la contaminación del río Ramis, producto de la minería informal. Y en Carabaya se ha conseguido que se informe de la cancelación de la concesión para el proyecto Inambari a la empresa Egasur. Siendo un gobierno de salida ha cedido en todo lo que podía.
-Pero, ¿se tiene que llegar a ese extremo, que tras protestas encendidas el gobierno termine cediendo con cancelaciones de proyectos mineros?
¿Se pueden dar concesiones en casos donde hubo irregularidades en los procedimientos, o sin consulta necesaria? Creo que no. La protesta puneña puso en evidencia que hubo una manera de entregar concesiones mineras, petroleras, que no ha sido en todos los casos regular, sino procesos con poca transparencia y mucha...
premura. En este Gobierno ha habido una actitud de sacar a toda costa las concesiones y los proyectos.
-Este es el Gobierno que más concesiones ha dado.
Así es. Ahí está la gente de Melgar, que vino a Lima, y aquí se enteró que hay 400 concesiones en su provincia. La gente no sabe lo que va a significar, se siente amenazada, y reacciona. El modelo, los procedimientos, han entrado en crisis. Hasta ahora, cuando la concesión se entrega, la empresa solo está obligada a publicar un aviso en el diario oficial. Muchas veces, las autoridades y personas se enteran de ella cuando llega un equipo de la empresa al lugar.
-¿El problema es solo de mala información?
Están los estudios de impacto ambiental. En Tía María se evidenció que muchos son de mala calidad, y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no los revisa con la exigencia debida. Si lo hubiera hecho, no hubiéramos tenido estos conflictos. Y está el problema de que el Minem no puede ser promotor y fiscalizador del sector. Y lo que muchas veces hizo el Gobierno fue otorgar la concesión y desentenderse del problema hasta que estalla una protesta.
-Entonces se hubiera evitado esto, sobre todo las muertes, si se hubiera aprobado la ley de consulta previa.
Si se hubiera aprobado esa ley, nos hubiéramos evitado varios conflictos y muertes, hubiera sido un gesto del gobierno frente a sectores de la población, que lo que están exigiendo es el cumplimiento de un derecho que se logró porque el Estado firmó el Convenio 169. La gente ha pedido lo mismo que pide la empresa privada: seguridad jurídica.
-Eso demuestra que el Gobierno no escuchó a la población.
No tuvo ningún interés ni disposición por escuchar reclamos y resolver conflictos. Se llegan a acuerdos, después de protestas y muertes, y estos se suscriben en actas. Ocho meses después, como no se cumple, volvemos a las protestas. Ha habido dejadez, negligencia, y se ha aplicado una política de ‘mecida’. Esto no solo genera más protestas, sino deslegitima a la autoridad, a los firmantes de actas que no se cumplen. En el caso de Ramis, en el 2007 se formó una comisión multisectorial. ¿Qué ha hecho? Nada.
-Entonces no hay un componente político detrás, un reclamo contra el nuevo gobierno, como dice Alan García.
En toda protesta social hay intereses políticos. Hay alcaldes, presidentes regionales, frentes de defensa, sectores que han perdido. Eso no debe extrañar; pero lo que es cierto es que hay una preocupación real, un malestar, y los actores políticos canalizan eso. No es que haya una conspiración, como dice el director de Perú.21, que hay un cerebro en un rincón del país maquinando estas protestas; no creo. No hay conspiración ni contra el actual gobierno ni contra el próximo, pero sí un mensaje al presidente entrante.
-¿Cuál es ese mensaje?
Humala, no solo en la campaña, sino hace años, ha tenido un discurso crítico al modelo económico, a la manera en que las empresas han operado, a la gestión del Presidente, y hay ciudadanos que han votado masivamente por él por esa posición crítica. La expectativa es que hayan cambios reales, en cómo se maneja, y la realidad demuestra que los cambios se tienen que dar. La pregunta es si Humala tendrá el liderazgo que se requiere.
-¿Y lo tendrá, cómo lo ve usted?
Espero que lo tenga. Creo que ha evitado pronunciarse frente al conflicto y solo ha exigido a García que haga su trabajo. Hubiera esperado un mensaje más claro a sus electores puneños, más firme. Chucuito votó en un 80% por él en segunda vuelta y es la que estaba paralizada más de 30 días. Debió decirles ‘estoy escuchando sus demandas, las voy a trabajar’, porque descontaminar el Ramis, ver problemas agropecuarios o el contrabando, los tendrá que afrontar.
-Hablamos de Puno a partir de protestas por problemas con proyectos de extracción, pero es una región de las más deprimidas. ¿Qué es Puno hoy?
Puno fue abandonada a su suerte hace tiempo. En Puno hay contrabando, una dinámica económica, y Juliaca es un emporio comercial. Pero esa dinámica no genera desarrollo y el Estado, que existe, ha tenido una actitud complaciente con el contrabando, con la minería informal, donde hay gente que se hace rica. Lo que ocurrió en el aeropuerto es lo que pasa cada vez que la Policía detiene un camión con contrabando. ¿Cómo responden? A balazos. Los defensores del neoliberalismo deberían vivir en Juliaca, porque es la utopía neoliberal: allí no hay Estado.
-¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno regional?
En el caso de Puno sí creo que los dos gobiernos regionales anteriores fueron muy incapaces. Vivieron en crisis permanentes con sus consejos, con serias denuncias de corrupción e intentos de vacancia. El actual gobierno recibió la región con una situación caótica, con proyectos, con gastos hechos, pero sin ejecución, con expedientes mal hechos. El presidente regional, Mauricio Rodríguez, no ha tenido el liderazgo para enfrentar esto con la rapidez requerida. Además, ha entrado con minoría en su consejo.
-¿Qué mensaje debería dar Humala al asumir el gobierno?
Tendrá que dar un mensaje claro a ese electorado que está esperando. Hay cosas centrales, como la ley de consulta previa, plantear que el Ministerio del Ambiente tenga más peso, recuperar el rol regulador en las concesiones. Sería un error pensar que todo el problema minero se reduce a las sobreganancias. La gente no solo espera más plata, sino garantías de que no se destruirá el medio ambiente. Humala debería decirles ‘miren, los vamos a escuchar, se acabó la doctrina del perro del hortelano, el país no es mi chacra’, porque así se ha manejado el país el gobierno de García.
Los conflictos que Ollanta deberá desactivar con urgencia
El antropólogo Torres Seoane también se refirió a algunos conflictos que están por estallar, si no se atienden adecuadamente y si no se da un mensaje claro al inicio del próximo gobierno.
“De la agenda que proponga Humala dependerá por dónde van los conflictos”, indicó, tras señalar que uno de los problemas más serios que afrontará será el del proyecto hidroeléctrico Inambari, que no goza de legitimidad porque la población, los gobiernos locales y regionales lo han rechazado.
El especialista consideró que haría bien el presidente entrante en decir que dicho proyecto no va, aunque ello le genere un problema en su alianza estratégica con Brasil. Para empezar, se debería revisar el acuerdo energético Perú-Brasil, y ver si realmente dicho proyecto conviene o no.
En Puno, en La Rinconada, también podría estallar el conflicto con los mineros informales (unos 40 mil) que podrían conseguir recursos mayores para sostener su protesta, tener una capacidad de movilización mucho mayor. “Creo que hay poderes, ahí sí, gente interesada en impedir que se formalice la pequeña y mediana minería”, indicó.
Otros conflictos latentes serán los relacionados con la minería formal en Piura y Cajamarca, donde hay varios reclamos. Además, está el tema cocalero, pues según el sociólogo existe una expectativa de cambio en la política de erradicación, pero muchas dudas de que Humala cambie radicalmente ello.
Conflictos de otra índole son los que podría tener con los gobiernos regionales por el reclamo de más recursos, descentralización fiscal y de mayor autonomía o participación en las decisiones en los proyectos de inversión o en las concesiones. “Es una tendencia que se nota”, remarcó.
LUIS GARCÍA ROJAS - lgarcia@diario16.com.pe
Fuente: http://diario16.pe/noticia/6786-javier-torres-seoane-humala-deberaa-decirle-a-los-puneanos-que-se-acabao-el-perro-del-hortelano-de-garcaia
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