CIDH: Debemos defender la libertad de expresión para preservar la democracia

Relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero. Se debe buscar otros mecanismos antes que el derecho penal para sancionar a los periodistas que actúan de mala fe. La penalización de la prensa debe evitarse.
César Romero C.
“Hay que suprimir las normas que penalizan los insultos o agravios a  los funcionarios públicos para fortalecer el debate público, el control de los actos de gobierno y la democracia”, así lo señaló la doctora Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante un seminario sobre la libertad de expresión organizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL).



El auditorio estuvo compuesto por periodistas, especialmente de radios y medios de comunicación de provincias, quienes relataron sus experiencias cuando investigaron a funcionarios públicos.
Frente a una información falsa o un periodista o medio irresponsable, la relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH aboga por la rectificación o por una reparación económica proporcional que se defina en un proceso civil, y rechaza la...
aplicación del derecho penal.
“Hay mil maneras de reparar un daño  y muchas maneras de sancionar a quien abusó de un derecho. Meter a la cárcel 18 meses a un periodista por hacer un comentario que a un funcionario público no le gusta es gravísimo en una sociedad democrática. No podemos subestimar lo que significa la cárcel; hay otras formas”, afirmó.
 Además, indicó que un funcionario público está en una categoría especial por el poder que ostenta y que debe  entender que cuando asume va a estar más sometido al escrutinio público que cualquier otra persona.
Opinión
“Los funcionarios deberían tener preocupaciones mayores que   cómo los ven los ciudadanos”, indicó Botero. Sobre este caso explicó que  la penalización del insulto es una herencia de la colonización, en la que se penalizaba este tipo de expresiones como una manera de asegurar la obediencia al representante del monarca. 
Botero explicó  que las “ opiniones pueden ser respetuosas o insultantes, pero el delito de opinión está proscrito desde hace 100 años, y el insulto, que si bien debe evitarse en un debate público, es una forma de opinión, una calificación que hace una persona de otra. Esto generó un amplio debate, pues muchos periodistas criticaron que en las radios de provincias son habituales los insultos a los funcionarios públicos y son parte de la información que se entrega al público.
Al respecto, la relatora subrayó  la dificultad que existe para establecer dónde empieza o termina un insulto, qué palabra puede ser considerada un insulto en determinado contexto.
Enfatizó también que se protege el derecho de las personas al insulto en defensa de un debate público fuerte y vigoroso sobre los actos de las autoridades públicas. “La opinión no supone la ocurrencia de un hecho, es un juicio de valor sobre un hecho.  En cambio, si yo digo que algo sucedió ya no se estoy opinando. Así sea dentro de una columna de opinión, estoy informando,  estamos diciendo que algo realmente pasó”.
Catalina Botero recomendó a los periodistas  ser cuidados al publicar una información sobre un acto de corrupción. Debe evitarse acusar y señalar claramente que se están presentando indicios de que se pudo haber cometido un acto ilícito.
Derecho penal o rectificación
“El buen periodismo es la mejor defensa de la libertad de expresión”, pues la mala prensa crea el contexto que  sirve de excusa para los que quieren someter la prensa al derecho penal.
Anotó que la legitimidad de los funcionarios surge no de evitar el insulto o las críticas, sino de la capacidad de responder y aclarar los cuestionamientos.
Botero afirma que “todo no debe resolverse con el derecho penal. Debe haber otras medidas correctivas, pues el derecho penal termina siendo usado por los gobiernos para perseguir a los opositores o a los que piensan distinto.
“El derecho penal no se puede aplicar a los periodistas. El derecho penal puede ser usado para terminar con la disidencia, con las radios menores o comunitarias. Por eso lo mejor es que todos los medios de comunicación tengan criterios éticos, defensa del lector, consejos de redacción, códigos de ética y autorregulación, dijo,  no va a aparecer de un día para otro”.
“Para que haya autorregulación hay que pelear, pero el Estado no se debe meter en la prensa, pues cuando el Estado se mete no es para bien, suele meterse para imponer una única manera de ver las cosas, no suele ser para castigar a los periodistas irresponsables, sino para castigar a los periodistas disidentes”.
En este sentido, se considera que el Estado sí puede tener otras normas, dentro del derecho civil, que se pueden aplicar a un periodista que genera una información de mala fe y garantizar, además, a la persona ofendida una reparación equitativa, pero para eso la ley debe ser clara; y la reparación económica, proporcional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea que en el proceso judicial civil se establezca que efectivamente hubo malicia   del periodista en ofrecer una información falsa, pues también puede haber sido sorprendido o no haber tenido acceso a toda la información.
Lo importante, subrayó Botero, es defender el debate público y el derecho de la ciudadanía a recibir información, a estar enterada de lo que está sucediendo en su comunidad. Otro aspecto relacionado con la defensa de la libertad de expresión es garantizar la independencia judicial.
Botero recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido diversas sentencias que protegen la libertad de expresión y marcan las pautas en busca de la despenalización de los delitos cometidos por medio de la prensa.
En este contexto, destacó que la CIDH solo tiene una relatoría permanente y es la dedicada a la libertad de expresión, porque es más difícil desaparecer a una persona   cuando hay prensa libre.
“Donde uno empieza a ver que se comienza a silenciar a la disidencia y a los medios críticos, hay que poner una alerta, porque son los primeros síntomas de un régimen autoritario”.
“En este momento la Comisión está viendo un caso en el que se condenó a un periodista que publicó en los diarios de Alemania. La prensa había informado que determinado funcionario público –un diplomático– estaba siendo involucrado en un escándalo de corrupción”.
La jurisprudencia que establece la Comisión y la Corte Interamericana debe ser tomada en cuenta por los Estados y se puede utilizar en los tribunales internos como jurisprudencia a tenerse en cuenta al resolver.
“El periodista solo puede probar la existencia de esas informaciones, pero no los hechos referidos. Es importante destacar que un periodista no puede ser la fiscalía para tener la prueba plena de que un funcionario público está involucrado en un acto de corrupción, porque eso solo limita el debate”.
Sistema interamericano  En la reunión, la doctora Botero explicó el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos para la defensa de los derechos fundamentales, como el de libertad de expresión, pero que se activa luego de que se ha agotado la jurisdicción interna, lo que puede tomar muchos años.
Los Estados se sometieron al control de un tribunal internacional, pero pusieron como condición para ello que solo podrá intervenir cuando ya no exista  forma de reparación dentro del sistema judicial interno.
Como parte del trabajo de la relatoría se informa anualmente sobre la situación de la prensa en la región. Uno de los temas de actual preocupación es el manejo de la publicidad estatal para el control o coacción de medios críticos a los gobiernos.
Catalina Botero mostró su preocupación por la situación del periodista Paul Garay, preso hace cinco meses por criticar a un fiscal de Pucallpa y los recientes asesinatos de comunicadores que se han producido en nuestro país en los últimos meses y que hasta ahora se encuentran sin ser resueltos.
Pelear para acceder a la información
El periodista de Costa Rica Mauricio Herrera habló sobre la importancia de la ley de acceso a la información pública para el trabajo del periodista y sobre cómo superar las trabas puestas por los funcionarios públicos para entregar información de sus actividades.
”Es necesario ser terco, tener actitud de pelea en las solicitudes de información pública. La primera vez se pueden demorar en entregártela, pero has sentando las bases para que la próxima vez lo hagan más rápido”, indicó Herrera.
Herrera enfatizó que también es importante que luego de acceder a una información sensible  y amplia solo se utilice lo que se solicitó y se guarde reserva otros hechos que pueden afectar el honor de las personas.
El periodista Gustavo Gorriti hizo un amplio relato de la propiedad de los medios de comunicación del país y su relación con el poder en los últimos 20 años. Recordó la estatización durante la dictadura militar de los años 70 y luego el control  de Vladimiro Montesinos, a través de pagos millonarios a los propietarios de algunos medios de comunicación.

Fuente: http://www.larepublica.pe/24-09-2011/cidh-debemos-defender-la-libertad-de-expresion-para-preservar-la-democracia