El expresidente Alan García recibió ayer duras críticas de juristas, parlamentarios y un conocido magistrado, por negarse a declarar como agraviado en el juicio oral del caso de espionaje telefónico, presuntamente realizado por la empresa Business Track (BTR), junto a reclamos de que sea obligado a comparecer, máxime si vuelve a negarse a hacerlo como testigo.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, al comentar las declaraciones del exmandatario en el sentido que está en su derecho de no acudir a declarar como agraviado, señaló que deberá hacer caso si la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel lo vuelve a requerir, esta vez como testigo.
“Yo, sinceramente, creía que había fijado una fecha para su declaración. Pero veo con sorpresa que no lo ha hecho y, si bien es cierto ha sido presidente de la República, no tiene ninguna corona para decidir (por sí mismo) a qué juicio asiste y a cuál no”, manifestó Rivera.
Añadió que si el exgobernante se sigue resistiendo, podría ser conducido a...
declarar al Tribunal de grado o fuerza, por la fuerza pública, bajo el principio de la igualdad ante la Ley”.
Tras recalcar que ningún ciudadano puede sustraerse al llamado de la justicia, Rivera recordó que incluso el presidente de la República que esté en ejercicio del poder tiene la obligación legal de asistir a un juzgado o a un tribunal, si es convocado por éste.
EXCUSASEl abogado de IDL no descartó la posibilidad que García esté desafiando a las autoridades judiciales con su rebeldía injustificada, toda vez que ha alegado diversas excusas, durante las dos citaciones anteriores, que no tienen nada que ver con su “argumentación” actual.
“Frente a eso, el Tribunal tendrá que tomar una decisión. Y será el fiscal o la parte que lo ha presentado u ofrecido la que haga la reclamación que corresponde. García no puede, bajo ninguna circunstancia, tomar esa actitud rebelde frente a un proceso jurisdiccional, porque eso significa que estaría desconociendo la autoridad del Poder Judicial”, advirtió.
Agregó que bajo la excusa pueril de querer evitar un supuesto “circo político”, el exjefe de Estado está evadiendo declarar en un juicio oral y público, sobre asuntos que probablemente lo involucran directamente. “Yo no creo que sea otra la razón”, apuntó.
En ese sentido, sostuvo que, al igual que otros casos, “García tiene temor a ser vinculado con Elías Ponce Feijóo y los otros operadores del chuponeo”.
FISCALÍA Por su parte, la abogada defensora de los derechos humanos, Gloria Cano, indicó que ante la reciente negativa pública de Alan García a declarar en el caso Business Track, la Fiscalía Penal podría obviar la espera de una tercera y última citación y pedir directamente al tribunal judicial que, bajo apercibimiento policial, conduzca al expresidente a exponer su testimonio ante dicho Colegiado.
“Yo espero que el Tribunal haga valer su autoridad y ordene el traslado del señor Alan García a la audiencia, bajo apercibimiento, porque se requiere su testimonio. Él no puede decidir a qué proceso va y cuál no”, puntualizó.
Cano refirió que en el transcurso del juicio por el caso BTR, han surgido requerimientos que lo obligan a aclarar sobre su posible relación en un hecho delictivo y, por lo tanto, la Sala debería comprobar si estas acciones, compartidas por otros testigos de la misma causa, tienen o no fundamento.
SIN POTESTAD El expresidente de la Corte Superior de Lima, Sergio Salas, explicó que en un proceso judicial, un testigo, como Alan García o cualquier otro ciudadano, no tiene el derecho o la potestad de evitar, a su libre determinación, comparecer ante un tribunal de Justicia.
Salas ratificó que si el Colegiado lo convoca a declarar, sea en calidad de testigo o agraviado, Alan García está obligado a ir a la audiencia que, en este caso, aborda el proceso judicial por espionaje telefónico que involucra a la empresa Business Track (BTR).
DEBE DEJARSE OÍRDe igual modo, el congresista Víctor Andrés García Belaunde calificó de “error” la postura renuente de García de desacatar el mandato de la justicia a declarar en el caso BTR, ya que “sería interesante” escuchar su voz en este asunto. “Es un tema judicial. Pero yo creo que sería útil para todos aclarar bien las cosas”, anotó.
De igual parecer fue el exministro del Interior, Remigio Hernani, a quien Alan García ignoró cuando, en forma inexplicable y sospechosa, entregó el manejo de las pesquisas policiales sobre las ilegales interceptaciones telefónicas realizadas por la compañía BTR a Miguel Hidalgo, entonces jefe de la Dirección AntiDrogas de la Policía (Dirandro), no autorizada para este tipo de investigaciones.
Hernani rememoró que Hidalgo se apropió ilegalmente de la investigación, por orden expresa del entonces presidente de la República, Alan García, quien además le dio instrucciones expresas de que no diese cuenta alguna de su trabajo al Ministerio del Interior, bajo su cargo, ni a su inmediato superior el director general de la Policía Nacional, Mauro Remicio.
“La que debió hacer la investigación, por su naturaleza, fue la Dirincri y bajo ningún punto la Dirandro, porque este organismo se dedica a ver todo lo relacionado con el tráfico de Drogas”, refirió.
EXPRESIDENTE ES UN ALTANERO
Gloria Cano (Abogada defensora DD.HH.) “(Alan García) es altanero. Se siente el todopoderoso que puede definir sobre todas la cosas, y ya nos ha demostrado su autoritarismo durante este tiempo”.
Sergio Salas (Expresidente Corte Superior de Lima) “Si (Alan García) no va, entonces incurre en desacato. Y el Tribunal podría ordenar la detención (del rebelde)”.
Víctor Andrés García Belaunde (Congresista)
“El Tribunal está en su derecho de precisar los alcances de su presentación. Y si es que el Tribunal considera que debe ir, ahí sí que no se podrá librar, de ninguna manera de asistir”.
Exministro del Interior Remigio Hernani Los hechos hablan por sí solos “A mí no me consta la conversación que haya tenido el expresidente Alan García con el general Miguel Hidalgo (sobre el caso BTR y los USB desaparecidos). Pero con los hechos y por lo que ha trascendido posteriormente, se nota que era jefe de la Dirandro y, después, lo hace Director General (de la Policía) y, tiempo después, lo eleva a Ministro del Interior. Se nota también que habría habido alguna mala intención, sino ¿cómo se explica que hayan desaparecido los USB de un caso que debe conocerse en todos sus extremos?”.
Javier Soto Redacción
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/2/cuestionan-a-garcia-por-desacato_94628.html
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