Instituciones del Estado deberán implementar esta herramienta de manera obligatoria, de acuerdo con un decreto publicado por el Ejecutivo.
Buscan más eficiencia en el Estado con el libro de reclamos. (USI)
De esta manera se hace extensivo al sector público este mecanismo previsto en el Código del Consumidor, que posibilita a los consumidores reclamar por los malos servicios o productos que reciban. La implementación de esta herramienta “tiene por finalidad establecer un mecanismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se les brinda”, dice el dispositivo.
La norma establece que ante un reclamo por un servicio del Estado, la entidad pública está obligada a dar respuesta al usuario, por medios físico o electrónicos, en un plazo máximo de 30 días hábiles, informándole, de ser el caso, acerca de las medidas adoptadas para evitar hechos similares. El sábado último concluyó el plazo para que el sector privado implemente dicho registro.
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