El hedor de la corrupción enrarece el aire que respiramos los peruanos, pese a que el gobierno que la ha practicado y/o permitido está a pocas semanas de terminar su mandato, sin que haga los esfuerzos necesarios por impedirla, al menos durante el tiempo que le queda de poder.
Los representantes del partido del presidente electo, apenas en sus primeros contactos del proceso de transferencia de la administración pública, han encontrado por doquier evidencias de corrupción, sobre todo en la modalidad de llenar el aparato estatal de militantes del partido de gobierno.
Ese hedor se ha acentuado por la aprobación en el Congreso de una ley que facilita la impunidad de elementos acusados de corrupción como los del caso “petroaudios”, al no sancionar la colusión si ésta no causa daño económico al Estado, lo que coincide asombrosamente con la afirmación del presidente actual, de que aquel vergonzoso episodio no fue más que un “escandalote” en el que, en definitiva, no hubo delito porque los empresarios favorecidos por la red aprista corrupta no lograron firmar contratos.
La aprobación de la norma originalmente propuesta por el Poder Judicial fue modificada por un congresista Fujimorista y aprobada asombrosamente por unanimidad, al parecer por la desidia de quienes, ingenuamente, creyeron que a estas alturas no habría contrabandos y no analizaron debidamente el texto.
Si bien la responsabilidad corresponde a quienes hicieron la Ley –y en el Palacio de Justicia se afirma que en el proyecto hubo influencia de Palacio de Gobierno- y a los cómplices o socios de la corrupción, también hay que señalar la irresponsable dejadez de quienes, habiendo luchado desde el inicio del gobierno contra la corrupción, no estuvieron vigilantes y se dejaron sorprender.
Nada justifica tal descuido, sobre todo por la experiencia de haber lidiado durante casi cinco años con políticos tradicionales habituados al engaño y el disfraz para hacer pasar las indecencias que construyen el blindaje de la impunidad.
Lo sucedido no se repara solo con la presentación de un proyecto para anular la ley aprobada, pues el daño ya estaría hecho, según destacados juristas, sino que amerita una autocrítica pública y, sobre todo, la decisión de evitar que hechos similares sucedan a partir del 28 de julio.
A partir de ese día, cuando muchos esperan que el país entre en una nueva etapa de su historia, quienes tengan la gran responsabilidad de ser la bancada del partido del nuevo gobierno deberán coadyuvar al cumplimiento de la obligación de honrar sus promesas y atender las grandes expectativas sociales, sobre todo de quienes apoyan al nuevo gobernante porque están convencidos de que luchará con denuedo y resolución contra los corruptos que afrenten a la Patria.
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/la-primera-palabra/salta-la-pus_88247.html
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