Fiscal Juana Meza archivó caso que involucraba al ex director de Petro-Perú, en cobros indebidos por asesorar a compañías belga Suez Energy y canadiense Petrolífera a través de consultores en comunicación
(Foto: Archivo El Comercio)
ÓSCAR CASTILLA C
Unidad de Investigación
Entre octubre del 2009 y enero del 2010, El Comercio reveló las maniobras que utilizó el hoy enjuiciado por el Caso ‘Petroaudios’ y ex director de Petro-Perú César Gutiérrez para encubrir las consultorías indebidas que brindó a dos empresas del rubro gasífero y petrolero –la belga Suez Energy y la canadiense Petrolífera– cuando ocupó aquel cargo entre el 2006 y el 2008, y aun en el 2009 mientras estaba impedido por ley. Por estas asesorías, Gutiérrez cobró, a través de su ex pareja Marta Silva, importantes sumas de dinero a Rafael Hidalgo Pérez (de Consultora Futura) y Luis Sierralta Piñeiro (de Cisneros y Sierralta), consultores en comunicación de esas compañías.
Hecha la revelación, la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Juana Meza Peña, ordenó que la policía iniciara las pesquisas. La primera en declarar fue la ex pareja de Gutiérrez, Marta Silva, quien se acogió a la colaboración eficaz con el código N° 025B-2009 y entregó al Ministerio Público los correos electrónicos que probaban que Gutiérrez envió los reportes y las asesorías a los consultores Hidalgo o Sierralta o directamente a los directivos de Suez Energy y Petrolífera. También facilitó las facturas que ella usó para cobrar a los asesores, pero en nombre del ex director de Petro-Perú. Como se esperaba, la investigación acabó con un atestado que halló responsable a Gutiérrez, a Hidalgo, a Sierralta, a Jhonny Aliaga (colaborador del ex presidente de Petro-Perú) y a Silva por delitos de negociación incompatible y falsedad.
Hasta ahora este Diario había guardado la reserva del caso por pedido de la fiscal, quien advirtió que cualquier acto contrario perjudicaría las pesquisas y el trámite de la colaboración eficaz de Silva. Sin embargo, todo fue en vano, ya que la fiscal encarpetó el caso desde el año pasado y ni siquiera pareció haber revisado el expediente antes de archivar la indagación a fines de mayo, en plena coyuntura electoral, y con el argumento de que no existen pruebas. Pero sí las hay y aquí las presentamos.
CASO SUEZ ENERGY
La historia de Suez Energy empezó en el 2007, cuando el entonces analista económico Rafael Hidalgo fue contratado para planear “estrategias de comunicación” que facilitaran la concesión de la construcción de gasoductos desde Camisea hasta Ilo a través de la costa. Ahora se sabe que parte de la tarea la realizó su entrañable amigo y entonces presidente de Petro-Perú, tal como quedó plasmado en los correos que este último le envió a Hidalgo entre junio y agosto del 2008. En estos e-mails, Gutiérrez incluyó los reportes que ayudarían a Suez Energy: “Gasoducto al sur del 08-06-08”, “Gasoducto al sur, informe Junio 08/01”, “Análisis del estado de situación al 31-07-08. Gasoducto al sur”, “Gasoducto al sur, agosto-setiembre del 2008”.
Gutiérrez aceptó ante la fiscal Meza que envió los correos, pero evitó explicar el contenido de los archivos adjuntos. Solo dejó entrever que la comunicación con Hidalgo, entonces asesor de Suez Energy, se realizó por el “convenio de entendimiento” firmado entre la empresa belga y Petro-Perú para la construcción de gasoductos a Ilo. El ex funcionario estatal tampoco respondió por qué remitió los reportes citados con “diagnósticos, labores a desarrollar, objetivos y pedido de asignación por un monto de US$15 mil al mes durante medio año” [monto que debía cobrar Hidalgo a Suez Energy]. Además evadió contestar por qué en su condición de presidente de Petro-Perú escribió en uno de los reportes que el objetivo era: “Obtener la aceptación gubernamental de las fuerzas políticas y sociales del sur del país para el proyecto de Suez Energy”. Al final, la fiscal anticorrupción concluyó que nada de esto importaba, ya que los directivos de la empresa belga afirmaron, como se esperaba, que los reportes de Gutiérrez nunca llegaron a sus manos.
Por si fuera poco, la fiscal creyó la sorprendente versión de Hidalgo sobre las facturas y pagos a la ex pareja de Gutiérrez por las asesorías que este último realizaba. Esta fue su coartada: “Yo le pagué a Silva por edición de publicaciones. Este era un negocio nuevo y fue realizado por la señora… para ello se consiguió la colaboración de [un personaje vinculado al sector editorial] y de Sergio Carrasco [quienes crearon una serie de publicaciones]”.
Sin embargo, la versión de Hidalgo fue negada ante la fiscalía por los mismos creadores de las publicaciones y por los representantes de las empresas que costearon los libros: Verónica Becerra, ex jefa de comunicaciones de Yanacocha; Carlos Ugas, gerente de Cementos Lima; y los directivos de Backus. La misma Silva dijo que, tras las primeras revelaciones de El Comercio en enero del 2010, Rafael Hidalgo le entregó las publicaciones y le rogó que dijera en la fiscalía que ella fue pagada por la “edición de las publicaciones” y no por las asesorías. La fiscal también olvidó estas manifestaciones y concluyó que un contrato firmado entre Silva e Hidalgo justificaba los pagos por los reportes de Gutiérrez.
CASO PETROLÍFERA S.A.
La fiscal además validó la versión de Gutiérrez cuando este negó haber realizado una asesoría a la empresa Petrolífera a inicios del 2009. El director de Petro-Perú estaba impedido de hacerlo, ya que por ley ningún funcionario público puede involucrarse en temas vinculados al sector del Estado que dejó hasta que transcurra un año. Aun así Gutiérrez escribió el informe “Ejecución del análisis económico de la producción temprana de los lotes 106 y 107 de Petrolífera” y cobró a esta compañía, con facturas de Marta Silva y por intermedio de la consultora Cisneros & Sierralta.
El gerente de Petrolífera, Carlos Monges Reyes, fue claro en la fiscalía: “Cuando Petrolífera decide realizar el estudio [citado], yo me contacto con Gutiérrez. Le hablo de nuestro interés y él me dice que este estudio podría ser realizado por la consultora Cisneros & Sierralta de la que él formaba parte como asociado. Luego Gutiérrez, quien coordinaba todo, me envía un correo electrónico con la propuesta técnica que ascendía a US$7.500. Yo respondo pidiendo un descuento y este me indica que podría ser US$6.000, propuesta que acepto”.
Al verse descubierto, el consultor Sierralta encubrió al ex director de Petro-Perú y dijo que Marta Silva fue el nexo con Petrolífera y que el ex colaborador de Gutiérrez, Jhonny Aliaga, hizo la asesoría. Este último así lo confirmó en su declaración. Sin embargo, Monges Reyes no hizo referencia a ninguno de ellos en su manifestación. Peor aun, la versión de Gutiérrez se acabó de caer al revelarse los correos que este intercambió con Monges. El más revelador dice: “Estimado Carlos: De acuerdo a lo conversado te envío el informe sobre los pozos 106 y 107 [publicado en esta página]. Saludos, César Gutiérrez”. Por todos estos indicios, la Policía Anticorrupción acusó al ex director de Petro-Perú y al resto de involucrados. Para la fiscal Meza esto fue insuficiente y archivó la investigación.
EL DATO
Apelación
La Procuraduría Anticorrupción, a cargo de Julio Roca, podría apelar la decisión de la fiscal Juana Meza, quien no denunció a los implicados.
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