Asociación Nacional de Fonavistas, que agrupa a miles de aportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), rechazó las versiones sobre la desaparición de su dinero y en base a informes de la Contraloría indicó que existen más de 11 mil millones de soles para iniciar las devoluciones.
Esos fondos incluyen los préstamos otorgados a empresas de electricidad y saneamiento (4,210 millones), entidades financieras (329 millones), contribuciones reembolsables de empresas de saneamiento (2,294 millones), contribuciones reembolsables de las empresas eléctricas (1,690 millones de soles), entre otras cifras.
La asociación, que preside Andrés Alcántara, demandó ayer en una concentración en la Plaza San Martín el inicio de las devoluciones y reclamó al Ministerio de Economía el nombramiento del secretario técnico de la Comisión Ad Hoc, que tiene a su cargo la responsabilidad de los pagos.
Para evitar que se siga dilapidando los dineros que fueron entregados como créditos a empresas eléctricas de provincias, y que se ha reducido absurdamente a través de procesos de arbitraje que han reducido las partidas de 221 a 92 millones de soles, la asociación denunció penalmente a los funcionarios que consintieron esa situación.
La denuncia por delito contra la administración pública, peculado, está dirigida contra...
el jefe de la Oficina General de Administración (OGA) del MEF, Róger Alberto Siccha; su antecesora en el cargo, Clara Luz Salardi; el coordinador del Fonavi, Máximo Prado y los representantes de 17 empresas eléctricas de todo el país.
La Ley que ordenó la devolución de los dineros a los aportantes establece la intangibilidad de los fondos, por lo que no se debió someter la cobranza al sistema de arbitraje.
En la concentración de ayer, Jaime Chihuala, representante de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc, informó que los documentos de la Contraloría echan por los suelos las versiones que indicaban que los datos y las cuentas de los fonavistas habían desaparecido, pues señalan claramente a qué instituciones y organismos se entregaron en calidad de préstamo o para usos indebidos.
Refirió que el informe 212-97 de la Contraloría es claro al señalar que gran parte de los dineros se entregaron sin ningún tipo de control a empresas como Sedapal o Edelnor, así como al Fondo Mivivienda.
De acuerdo a la información, los primeros aportes del año 1979 suman apenas 4,798 intis, mientras en el año 1989 llegan a los 430 mil millones 971,261 intis. En 1990 la cifra alcanza los 19.3 millones de soles, cifra que se eleva en 1997 a los 1,429 millones de soles. El año 2000 todavía se registran aportes por 26 millones de soles y el 2007 alcanzan los 17 millones.
Los dirigentes fonavistas indicaron que esos recursos no se destinaron a la construcción de viviendas para los trabajadores, tal como lo establecía la Ley, sino que fueron utilizados para fines diversos por los gobiernos de turno. Incluso, señalaron, el exministro Javier Silva Ruete lo habría usado para el pago de la deuda externa.
Tal fue la irresponsabilidad en que incurrieron muchos exministros de Economía, que en el período 1987-1996 el Estado dejó de pagar los aportes de los trabajadores estatales y generó una deuda que se calculó en esa época en unos 384 millones de soles, cifra que a niveles actualizados a 1997 alcanzaría la suma de 1,384 millones de soles.
El mal manejo alcanzó a los diversos gobiernos de la época. Por ejemplo, el primer gobierno de Alan García entregó más de 53 mil millones de intis a las mutuales de vivienda, entre las que se encontraba Mutual Perú, presidida por Luis Nava, exsecretario de Palacio, que terminó en la cárcel por malos manejos.
Durante el fujimorato, los ministros de Economía, entre ellos Víctor Joy Way, entregaron dineros del Fonavi a bancos en aprietos, varios de los cuales colapsaron en la crisis financiera de 1998, como Nuevo Mundo, NBK y Comercio, sin que aquel régimen hiciera mucho por recuperar los aportes.
Efraín RúaRedacción
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/hay-con-que-pagar_104554.html
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