“A nadie le gusta pagar más impuestos, pero si es justo, es justo. Si hay que participar de las ganancias extraordinarias de un momento de coyuntura habría que hacerlo cuidando siempre que los destinos de los fondos sean para mejorar las condiciones de vida de la población”.
Es lo que acaba de declarar a La República el presidente saliente de Confiep, Ricardo Briceño (18/02/2011). La declaración es de la más alta importancia porque deja de lado posiciones inmovilistas que están en contra de que el Perú reciba una renta adecuada de las ganancias extraordinarias que hoy tienen las empresas mineras (y petroleras) debido a los altos precios internacionales.
Además de esta declaración, ha habido otras opiniones importantes esta semana. Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat, dijo en La Hora N (1) que las condiciones en que se firmaron los contratos –hace cerca de 15 años– son distintas a las de hoy, por lo cual es recomendable sentarse con las empresas para renegociar –en el buen sentido de la palabra– los contratos.
Dijo también que todas las empresas debían pagar regalías (no lo hacen las que tienen contratos de estabilidad tributaria), motivo por el cual no se han recaudado US$ 1,890 millones en los últimos 6 años. Es necesario, por eso, “uniformizar” la ley minera. En el mismo programa el economista Miguel Palomino del IPE dijo que estaba a favor de una regalía progresiva que tenga en cuenta la rentabilidad, como en Chile, donde esta se aplica progresivamente a la utilidad operativa (ingresos menos costos), a diferencia de la peruana, que se aplica sobre el total de ingresos (lo que, de un lado, puede causar problemas cuando los precios son bajos y, de otro, no permite un ingreso tributario más adecuado cuando los precios suben).
Todas estas opiniones nos acercan a los esquemas de tributación de las industrias extractivas que se discuten hoy en el mundo.
Esquematizando, la cosa va más o menos así: en las industrias extractivas, la regalía y el impuesto no deben ser una tasa fija.
Deben aplicarse en función de la rentabilidad de la empresa: a medida que el accionista obtiene el retorno esperado de su inversión, los ingresos tributarios suben. Es el caso de la mina Pueblo Viejo de Barrick en República Dominicana. Allí se ha acordado que cuando se recupere la inversión y Pueblo Viejo obtenga una tasa interna de retorno del 10%, Barrick pagará al Estado una Participación en la Utilidad Neta de 28.75%. De esta manera, la participación del Estado en los flujos netos del proyecto llegaría al 50% (“Pueblo Viejo, contrato nuevo”, 02/11/09, http://www.cristaldemira.com/).
Pareciera, por tanto, que poco a poco estos planteamientos van cobrando fuerza, como sucedió en Chile, donde las 10 más grandes empresas mineras (el Grupo de los 10) aceptaron adelantar el pago de regalías más altas. Muchas de esas empresas también están en el Perú y, por tanto, conocen bien el tema.
Saben que eso proporciona estabilidad en el largo plazo, porque “lo que es justo, es justo”. De lo que se trata, por tanto es de tener la voluntad política de avanzar en esa dirección, ya que ninguna empresa le va a tocar la puerta a la Sunat para decirle: “quiero pagar más impuestos”. Esa voluntad no la ha tenido el actual gobierno pero sí debe tenerla el nuevo gobierno que se elija en abril (volveremos sobre los programas de los partidos). El fondo de la cuestión, para el Estado y para todos los peruanos, es, de un lado, cómo hacer para que la minería contribuya al desarrollo sostenible y, de otro, cuáles son las políticas (económicas, sociales, de diversificación de la base productiva) que el Estado va a poner en marcha para lograr que los ingresos extraordinarios de los recursos naturales propios del siglo XIX financien el Perú del siglo XXI. ¿No es cierto?
Fuente: http://www.larepublica.pe/21-02-2011/si-es-justo-es-justo
Es lo que acaba de declarar a La República el presidente saliente de Confiep, Ricardo Briceño (18/02/2011). La declaración es de la más alta importancia porque deja de lado posiciones inmovilistas que están en contra de que el Perú reciba una renta adecuada de las ganancias extraordinarias que hoy tienen las empresas mineras (y petroleras) debido a los altos precios internacionales.
Además de esta declaración, ha habido otras opiniones importantes esta semana. Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat, dijo en La Hora N (1) que las condiciones en que se firmaron los contratos –hace cerca de 15 años– son distintas a las de hoy, por lo cual es recomendable sentarse con las empresas para renegociar –en el buen sentido de la palabra– los contratos.
Dijo también que todas las empresas debían pagar regalías (no lo hacen las que tienen contratos de estabilidad tributaria), motivo por el cual no se han recaudado US$ 1,890 millones en los últimos 6 años. Es necesario, por eso, “uniformizar” la ley minera. En el mismo programa el economista Miguel Palomino del IPE dijo que estaba a favor de una regalía progresiva que tenga en cuenta la rentabilidad, como en Chile, donde esta se aplica progresivamente a la utilidad operativa (ingresos menos costos), a diferencia de la peruana, que se aplica sobre el total de ingresos (lo que, de un lado, puede causar problemas cuando los precios son bajos y, de otro, no permite un ingreso tributario más adecuado cuando los precios suben).
Todas estas opiniones nos acercan a los esquemas de tributación de las industrias extractivas que se discuten hoy en el mundo.
Esquematizando, la cosa va más o menos así: en las industrias extractivas, la regalía y el impuesto no deben ser una tasa fija.
Deben aplicarse en función de la rentabilidad de la empresa: a medida que el accionista obtiene el retorno esperado de su inversión, los ingresos tributarios suben. Es el caso de la mina Pueblo Viejo de Barrick en República Dominicana. Allí se ha acordado que cuando se recupere la inversión y Pueblo Viejo obtenga una tasa interna de retorno del 10%, Barrick pagará al Estado una Participación en la Utilidad Neta de 28.75%. De esta manera, la participación del Estado en los flujos netos del proyecto llegaría al 50% (“Pueblo Viejo, contrato nuevo”, 02/11/09, http://www.cristaldemira.com/).
Pareciera, por tanto, que poco a poco estos planteamientos van cobrando fuerza, como sucedió en Chile, donde las 10 más grandes empresas mineras (el Grupo de los 10) aceptaron adelantar el pago de regalías más altas. Muchas de esas empresas también están en el Perú y, por tanto, conocen bien el tema.
Saben que eso proporciona estabilidad en el largo plazo, porque “lo que es justo, es justo”. De lo que se trata, por tanto es de tener la voluntad política de avanzar en esa dirección, ya que ninguna empresa le va a tocar la puerta a la Sunat para decirle: “quiero pagar más impuestos”. Esa voluntad no la ha tenido el actual gobierno pero sí debe tenerla el nuevo gobierno que se elija en abril (volveremos sobre los programas de los partidos). El fondo de la cuestión, para el Estado y para todos los peruanos, es, de un lado, cómo hacer para que la minería contribuya al desarrollo sostenible y, de otro, cuáles son las políticas (económicas, sociales, de diversificación de la base productiva) que el Estado va a poner en marcha para lograr que los ingresos extraordinarios de los recursos naturales propios del siglo XIX financien el Perú del siglo XXI. ¿No es cierto?
Fuente: http://www.larepublica.pe/21-02-2011/si-es-justo-es-justo
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