Los valiosos terrenos de playa entregados irregularmente por Cofopri a allegados del APRA, que supuestamente habían sido recuperados por ese organismo hace un año, en realidad siguen en manos de los beneficiados por ese escandaloso caso de corrupción.
Transcurrido un año del escándalo de las adjudicaciones de muy cotizados terrenos del Estado por Cofopri, como si fueran tierras eriazas, es decir a cambio de pagos mínimos, la fraudulenta operación ha quedado impune y de ninguna manera ha sido detenida, como sostuvieron tras descubrirse el caso, el director de ese organismo, Omar Quesada, conocido dirigente aprista, y miembros del gobierno.
Como se explica en este informe, en la maniobra hecha en las sombras para dejar los terrenos en sus adjudicatarios, elementos ligados al Partido Aprista, según se denunció entonces, tiene entre sus protagonistas claves a un personaje que fuentes de la propia Cofopri señalan como ligado a las más altas esferas del poder, el superintendente de Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje,
El citado funcionario se desempeñó durante 2007 y hasta el 2010 como superintendente Adjunto de los Registros Públicos y por dos meses, en el 2010, fue Director Ejecutivo de Cofopri. Y desde septiembre de 2010 hasta la actualidad es superintendente de los Registros Públicos, donde es objeto de severos cuestionamientos.
El escándaloFueron 150 mil metros cuadrados los que se adjudicaron irregularmente allegados apristas en una playa del
sur de Lima al precio de ganga de S/. 5,000, lo que motivó la caída del entonces director de Cofopri, Omar Quesada y que desencadenó una crisis interna en el seno del aprismo por la que pasó varios meses suspendido.
Cofopri aparentó tomar cartas en el asunto y declaró la nulidad de oficio de las adjudicaciones de los terrenos en el sur, aunque solo fue una maniobra propagandística ya que las nulidades se hicieron de manera inadecuada, razón por la cual han sido rechazadas por Registros Públicos, y no se han inscrito, es decir que no tienen validez y las adjudicaciones siguen vigentes.
La Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General, establece que solo la máxima entidad de las entidades públicas puede declarar la nulidad de oficio de las resoluciones de estas, hasta un año después de emitidas.
Las resoluciones de Cofopri 111-2010 y 112-2010, que anulan los terrenos irregularmente adjudicados en febrero de 2010, fueron firmadas por el entonces director interino de la entidad, David Ramos López, reemplazante de Quesada, un procedimiento totalmente ilegal, indican fuentes de la propia Cofopri, ya que la máxima instancia de Cofopri en materia de adjudicaciones no es el director, sino el Tribunal Administrativo de la Propiedad (órgano técnico, especializado, jurídico).
El superintendenteUnos meses después, Álvaro Delgado Scheelje fue designado director ejecutivo de Cofopri y, según nuestras fuentes, siguió anulando en forma ilegal otras adjudicaciones a favor de apristas, sin derivar nunca el expediente al Tribunal Administrativo de la Propiedad. Es decir que las anulaciones eran aparentes, aparentemente adrede, para mantener las adjudicaciones, aseguraron las fuentes.
Ha transcurrido un año desde el escándalo de la adjudicación de terrenos en el sur y la desviación del procedimiento, iniciada por el director Ramos López, y continuada por Delgado Scheelje, ha dado lugar a que ya no pueda anularse automáticamente las adjudicaciones, quedando únicamente la larguísima e impredecible vía judicial.
La actuación dirigida por el funcionario Álvaro Delgado, en contra de la ley, está tipificada como delito de abuso de autoridad según el artículo 376 del Código Penal, 1º párrafo: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.
Agencia de empleos de apristasEn diciembre de 2010, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley 4542, para modernizar el sistema de Registros Públicos, pero, según nuestras fuentes, en realidad pretende beneficiar y perpetuar en el cargo al superintendente de Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, un funcionario con serios cuestionamientos a su gestión.
Entre las novedades y aportes, el proyecto establece un plazo mínimo de cuatro años para el cargo de superintendente Nacional de los Registros Públicos, es decir que Delgado Scheelje pretende obtener “estabilidad laboral” ad portas de un nuevo gobierno a pesar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que los funcionarios de ese rango son de confianza y pueden ser cesados en cualquier momento.
El texto en manos del legislativo propone eliminar el Directorio de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos convirtiendo la figura del Superintendente como el único poder de la entidad.
Fuentes de la Sunarp afirman que este organismo se ha convertido en una virtual agencia de empleos para militantes del partido de gobierno, favorecidos en concursos convenientemente dirigidos.
Así, la estudiante de derecho Carmen Mendoza Yactayo, estudiante del noveno ciclo y practicante en la Sunarp, ganó un contrato temporal sobre abogados con amplia trayectoria profesional, indican los informantes.
Contacto en ParaguayPor otra parte, Delgado Scheelje ha sido consultor en materias registrales de la Dirección de Registros Públicos de Paraguay, desde 2007 hasta, por lo menos, 2009 como lo confirma la página web oficial del Poder Judicial de Paraguay (del que depende el Registro), que señala con fecha 24 de abril de 2008, lo siguiente: “Cabe mencionar que el taller se realiza dentro del marco del convenio de cooperación firmado en junio del año 2007 entre la Dirección de Registros Públicos dependiente del Poder Judicial y el Superintendente Adjunto de los Registros Públicos del Perú, doctor Álvaro Delgado Scheelje con el fin de capacitar a los funcionarios”.
Es decir, quien suscribe el convenio es el mismo funcionario que al mismo tiempo es contratado, lo que determina que sea, a todas luces, un convenio con nombre propio, donde el único beneficiado fue Delgado Scheelje.
Según expertos consultados, es ilegal que un funcionario pagado por el estado peruano, nombrado por Resolución Suprema del Presidente de la República en un cargo de confianza y clave para el desarrollo del país, lucre con sus pares Paraguayos. Y lo habría hecho, dicen las fuentes, viajando con pasajes pagados por el estado peruano, lo cual puede configurar el delito contra la administración pública.
soy de la ciudad de Ica estoy muy molesta indignada de ver como mi familia ha sido despojada de tierras heredadas por mis bisabuelos en manos de esos sucios funcionarios apristas a cargo de COFOPRI hoy en dia nos econtramos en un dilema grande porque ya no sabemos a donde acudir ya que estan metidos desde los funcionarios apristas un teniente gobernador aprista del distrito de los Aquijes de Ica jueces y todo nos han despojado de tierras de cultivo y de la mitad de la casa de mis bisabuelos apoyados estos sinverguenzas por el mismo alcalde de dicho distrito queremos recuperar a como dde lugar esas tierras no tanto por lo material que pueda costar si no por el legado familiar y molesta que gente que no tiene ningun lazo ni familiar ni nada quede impune de castigo APRISTAS CUANDO NO LADRONES HASTA LOS HUESOS y segun ellos aplica las enseñanzas de su maestro VICTOR RAUL bien dicen que cargo que ocupa un aprista moscas han de pararse sobre ellos porque solo son mierda
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