Un Estado de derecho torcido

Dos medios lanzaron ayer una furibunda descarga verbal contra el dirigente aimara Walter Aduviri: El Comercio y el programa de Radio Capital que dirige Rosa María Palacios. Para hacerlo invocaban la ley y el Estado de derecho como si estuviéramos en un país donde el gobierno respeta ambas cosas.

El diario de la familia Miró Quesada afirmó que tres poderes del Estado habían sufrido chantaje de parte de Aduviri. El cotidiano omite que en el Perú de hoy no existe separación de poderes. En realidad hay un solo poder, que tiene su sede en Palacio.

Por eso, no es cierto que todos estemos obligados a acatar disposiciones judiciales. Depende. En el caso de Aduviri existía una orden de prisión, no una mera citación de comparecencia. La medida tenía una evidente motivación política. Acatarla significaba, aparte de una renuncia al legítimo derecho, y, lo quisiera o no Aduviri, arrojaba más leña al fuego en el conflicto.

La señora Palacios entonó una larga catilinaria que parecía inspirada por el editorial de El Comercio. Añadió ella un elemento: dijo que los dirigentes no representan a la totalidad de los puneños.

Ese argumento repite la falacia con que Alan García se opone a las reivindicaciones de los pueblos amazónicos: la selva es de todos los peruanos. Por lo tanto los dirigentes de esos pueblos no tienen derecho a reclamar nada. La mentira encubre el hecho de que García quiere entregar, ha entregado en parte, la selva, no a todos los peruanos, sino a grandes mineras, petroleras y madereras.

Siguiendo esa línea se puede aseverar que García no representa a todos los peruanos, y es, además, presidente de un partido en vías de extinción. Aunque, valga la aclaración, los dirigentes aimaras sí representan al pueblo de Puno y tienen su respaldo, en tanto que García y la cúpula que lo acompaña no representan hace tiempo a la mayoría.

Las elecciones recientes han confirmado un veredicto en contra del régimen, y en Puno esa opción ha sido abrumadoramente mayoritaria.

Pues bien: ese régimen, que está de salida, ha intentado en Puno una maniobra provocadora. La idea es acallar una justa preocupación por actividad minera que implica amenaza mortal contra el lago Titicaca y contra toda la economía agraria y ganadera de la altipampa. Es una justa demanda, de importancia local, nacional y americana, que intentan sofocar con represión y desinformación pagada.

La magnitud de la provocación contra el pueblo puneño y sus dirigentes se puede medir por este simple hecho: éstos habían llegado a Lima para dialogar con las autoridades del poder central. En lugar de la entrevista libre les ofrecieron la cárcel.

A poco más de un mes de cambio de gobierno, esa actitud no implica sólo torpeza y abuso. Se quiere quizá fomentar desorden, violencia, malestar.

Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columna-del-director/un-estado-de-derecho-torcido_88418.html