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Las cosas que uno medita mucho o quiere que sean 'perfectas', generalmente nunca se empiezan a hacer...
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"Cada mañana, miles de personas reanudan la búsqueda inútil y desesperada de un trabajo. Son los excluidos, una categoría nueva que nos habla tanto de la explosión demográfica como de la incapacidad de esta economía para la que lo único que no cuenta es lo humano". (Ernesto Sábato, Antes del fin)
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miércoles, 1 de junio de 2011

“Nosotros matamos menos” (pero mejor)

Fujimori dictó órdenes directas
 en la matanza de Castro Castro
 y luego pasó revista
 Alan García tiene en su haber 300 muertos en los penales en 1986 y Alberto Fujimori 51, en la operación Mudanza I, realizada en Castro Castro en 1992. Sólo que en este caso los tiros seleccionaron a los principales dirigentes.

Uno de los procesos que la Justicia peruana requirió hace poco ante la Chilena, para ampliar los casos de juzgamiento a Alberto Fujimori en el país, es el referido al asesinato de dirigentes e integrantes de Sendero Luminoso, internos en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, entre los días 6 y 10 de mayo de 1992, a un mes del golpe de Estado.

Este proceso es particularmente importante porque, a diferencia de los de La Cantuta, Barrios Altos y otros, ejecutados por el Grupo Colina, en los que el ex presidente trata de salvar su responsabilidad indicando no haber dictado las órdenes directas (se le condenó por “autoría mediata”, es decir porque los crímenes no podían haberse cometido si él no permitía la actuación de un pelotón de aniquilamiento selectivo), aquí la operación se dio dentro de un plan explícito de las más altas instancias del Estado.

El 6 de abril de 1992, apenas al día siguiente del llamado autogolpe, la dictadura recién instituida aprobó el decreto ley 25421, que declaraba en reorganización el Instituto Penitenciario INPE, entregando el control de los centros de reclusión al ministerio del Interior, que derivó en que la Policía se hiciera cargo del control externo e interno de estas instalaciones.

El 4 de mayo de 1992, Alberto Fujimori visitó obras en el penal “Santa Mónica” en Chorrillos donde se habían construido dos pabellones especiales para internas que serían trasladadas de Castro a Castro.

Asimismo, el presidente repitió varias veces la frase: “eliminar a los terroristas y su veneno”, que como otras que había lanzado anteriormente: Congreso corrupto, Palacio de la Injusticia, iban creando opinión en el sentido de sus intenciones.

Decidió la matanzaEran los días en que los golpistas tenían que demostrar que la “medida excepcional” (como ahora la llama la candidata Fujimori) servía para acabar con la subversión armada que produjo algunas de sus más feroces acciones después del 5 de abril: ataque a comisarías en Lima (Villa María, Villa el Salvador), camión bomba en Frecuencia Latina, Tarata, etc.

Por todo ello y siguiendo un razonamiento parecido al de Alan García cuando ordenó acabar con los presos senderistas en tres penales, y derrotó a los que ya tenía derrotados, provocando 300 muertes inútiles, Alberto Fujimori decidió golpear a las huestes de Abimael Guzmán donde no podía fallar, en la cárceles.

La diferencia en este caso es que ordenó que luego de vencer las resistencias las tropas eliminaran uno a uno a los principales dirigentes, para “enviar el mensaje”, dejando vivo únicamente a Osmán Morote, tal vez para matizar la intención o para tener algún interlocutor para futuras negociaciones.

En el caso Mudanza I, Fujimori estuvo detrás de cada una de las decisiones que llevó a la matanza, controló la actuación de los que realizaron las ejecuciones y luego recorrió el patio con los prisioneros rendidos, boca abajo, en una imagen precursora de lo que sería su paseo sobre los muertos después de la recuperación de la casa del embajador japonés, tras la crisis de los rehenes en 1997.

Obviamente que el presidente creía que el ánimo del pueblo fatigado e intimidado por la guerra estaba predispuesto a aceptar como válido el método brutal de asesinar rendidos y prisioneros si eran del bando que se considera enemigo. Pero la Justicia no se guía por corrientes de opinión temporales.

La acusaciónLa Corte Suprema de Justicia y el segundo Juzgado Penal supraprovincial a cargo del magistrado Oscar Antonio Pimentel Calle, recogiendo la denuncia fiscal de Mario Gonzales Díaz, que acusa a Alberto Fujimori Fujimori y otros por asesinato, dispuso el 29 de agosto del 2006, “abrir instrucción en la vía ordinaria contra Alberto Fujimori Fujimori, como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado en agravio de … (siguen 51 nombres, entre ellos Janet Talavera, directora del “Diario” senderista; Yovanka Pardavé, Tito Valle Travesaño, Elvia Zanabria, Deodato Juárez Cruzatt y otros dirigentes del Comité Central de la organización subversiva)… que existen suficientes elementos probatorios que lo vinculan con el ilícito penal…”

Y sigue el expediente: “al tiempo de acontecidos los hechos el denunciado se encontraba ejerciendo sus funciones como presidente del gobierno de reconstrucción nacional y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, quién dispuso la proyección y ejecución de un plan destinado a victimar a elementos integrantes y cabecillas de la organización subversiva Sendero Luminoso recluidos en el Establecimiento Penal de Régimen Cerrado Especial Miguel Castro Castro en el marco de la estrategia integral de lucha contra el terrorismo… existiendo claros indicios que permiten inferir que en dicha operación se produjo el uso excesivo de la fuerza, así como de armas de fuego y explosivos, además de producirse ejecuciones arbitrarias, lo cual se advierte de los correspondientes protocolos de necropsia y dictámenes periciales de balística forense obrantes en autos, así como diversas declaraciones prestadas ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación…”.

Finaliza la resolución con una reflexión sobre la gravedad de los hechos, la resistencia del encausado a someterse a la justicia (estaba en trámite su repatriación) y le impone la medida de: “detención, ordenándose su inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional”.

Ese es el ex presidente que quiere volver a gobernarnos, directamente o a través de su hija, mientras tiene tremendos expedientes de gravísimos delitos aún por resolver, sin contar aquellos casos por los que ya fue condenado y que pretende también ponerlos a un lado.

Matamos mejorCuando escuchamos la reveladora confesión de Jorge Trelles, dirigente de primer nivel del Fujimorismo 2011, que decía orgulloso “nosotros matamos menos”, se nos planteó la pregunta de a qué se estaba refiriendo, si al registro de víctimas por períodos que, efectivamente, muestra que en los tramos 1980-1985, y 1985-1990, hubo más muertes totales que 1990-1993, lo que se debía al tipo de guerra (arrasamiento de zonas rurales y desconocimiento del enemigo), aparte de que el 92 cayó Guzmán y disminuyeron casi inmediatamente los enfrentamientos.

Pero esos datos se refieren a cifras totales que incluyen muertos en enfrentamientos y víctimas de la subversión. ¿Cuántos mató el Estado en cada gobierno excediéndose de su función de reprimir a los insurrectos y restablecer la paz?

Ahí sí las cifras son más discutibles, porque como se ve en el caso de los penales, García mató más, pero Fujimori apuntó mejor y eliminó a la dirigencia en una operación de aniquilamiento selectivo.

Al final el grupo Colina no era más que eso: una maquinaria de eliminación selectiva, que incluyó muertes como la de Pedro Huillca máximo dirigente de la CGTP, el periodista Pedro Yauri y muchos otros.

Otro dato clave, es que Fujimori desapareció más personas, cuyos cuerpos hasta hoy no aparecen, lo que de acuerdo a la ley es un delito que no termina y por el que será perseguido, por la ley internacional y su conciencia, hasta el día de su muerte.

Extractos de la denuncia judicial“Los internos Deodato Hugo Juárez Cruzatt, Marco Wilfredo Azaña Maza, Yobanka Elizabeth Pardavé Trujillo y Tito Valle Travesaño, mueren a las diecisiete horas con treinta minutos de la tarde aproximadamente, en la zona conocida como el “gallinero”, por impactos producidos por proyectil de arma de fuego cuando salían del pabellón Cuatro B al momento de la rendición, corroborado en la versión del interno César Manolo Gonzales Marcelo… El interno Isidoro Santiago Nunja García… manifiesta que a su salida encuentra apilado el cadáver de Wilfredo, asimismo señala que un Policía buscaba a su hermano Juan Bardales y le contestaron que los policías lo habían matado” (folio 22)

“La interna Elvia Nila Zanabria Pacheco, quién estaba con Osmán Morote Barrionuevo y otros internos cuando salieron del Pabellón Cuatro B al producirse la rendición, siendo heridos por proyectil de arma de fuego posteriormente LA PRIMERA nombrada apareció muerta. Según versión del interno Isidoro Santiago Nunja García… una tal Zanabria fue separada entre los heridos y después victimada… el interno José Antonio Aranda Company sale del Pabellón Cuatro B a las dieciocho horas aproximadamente, al parecer fue impactado por proyectil de arma de fuego en el glúteo y estaba tendido en la “tierra de nadie”, junto a Osmán Morote Barrionuevo, pero fue reconocido y separado del resto de los internos, posteriormente apareció muerto”.

La lección es que mientras García probablemente tomó una decisión brutal sin medir todas las consecuencias, Fujimori calculó cada paso de su propio genocidio.

Mientras los guardias republicanos que eliminaron a los presos de Lurigancho parecían haber cogido alguna forma de locura y alguna necesidad de embriagarse en sangre, los que ejecutaron a los internos e internas en el 92, lucen fríos, escogiendo a sus víctimas.

Mientras los marinos dan a veces la idea de creer que combatieron alguna batalla porque los presos capturaron un rifle y tenían explosivos, los de Castro Castro el 92, supieron siempre a quién venían a matar. Eso es lo que significa “matamos menos”, pero lo hicimos mejor.


Raúl Wiener
Redacción

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