Adelanta legislador electo Javier Diez Canseco, quien dijo que norma tiene el objetivo de favorecer a implicados en caso Petroaudios. Ministra Fernández defiende la ley. Gamarra le responde.
El congresista electo de Gana Perú Javier Diez Canseco adelantó que si la Ley 29703, conocida también como “ley pro corrupción”, no es retirada, será derogada durante la gestión de Gana Perú, como una de las primeras tareas jurídicas del gobierno de Ollanta Humala, y denunció que la norma pretende dejar impunes a apristas implicados en caso de los “Petroaudios”.
Diez Canseco hizo la advertencia al comentar la promulgación de ley que sanciona penalmente actos de corrupción de funcionarios solo cuando se haya producido un daño económico contra el Estado, criticada por destacados juristas, por el fiscal de la Nación, José Peláez, y hasta el “zar anticorrupción” del gobierno, Genaro Matute.
“Esto tiene que ser planteado de inmediato. En caso contrario es una primera tarea del gobierno que entra pedir la derogatoria en el nuevo Congreso. Este es un tema central para darle curso a un proceso de moralización que el país reclama a gritos”, afirmó.
Dijo que la Ley 29703 o “ley pro corrupción” es dolosa, tiene nombre propio y busca garantizar la impunidad de Rómulo León, Alberto Químper y del legislador Jorge del Castillo, este último investigado en el Ministerio Público por supuestas gestiones a favor de la Petrolera Monterrico.
El presidente Alan García ha dicho en varias oportunidades que el caso “Petroaudios” no pasó de ser un “escandalote” y que, en definitiva, no hubo daño al Estado.
“Es una norma que tiene nombre propio y busca garantizar la impunidad de Rómulo León, Alberto Químper y Jorge del Castillo con nitidez. Es clarísimo que tiene una intención dolosa, debe ser revocada y anulada de ser posible para que no tenga ningún impacto y en todo caso derogada”, remarcó Diez Canseco.
Gamarra responde a premier El exprocurador Ronald Gamarra señaló que el gobierno está tratando de lavarse las manos respecto a la aprobación de la ley pro impunidad 29703, que busca blindar a los funcionarios públicos con investigación por delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y de colusión; ya que solicitar reuniones para analizar la norma, tal como lo ha manifestado la premier Rosario Fernández, solo indica que el Ejecutivo busca librarse de responsabilidad.
“Están tratando de lavarse las manos. Si bien la modificación fue presentada por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo pudo haber presentado su punto de vista ante la Comisión de Justicia del Congreso; además, conociendo la decisión de esta comisión pudo expresarse a favor o en contra del dictamen. Por último, el presidente García pudo observar la ley ya aprobada en el Congreso. Cosa que no ha hecho. Ahora quiere entrevistarse con juristas o funcionarios de la lucha contra la corrupción está bien, pero es demasiado tarde”, sostuvo a LA PRIMERA.
Fernández aseguró que esta semana se reunirá con el coordinador de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, Genaro Matute, “para tener una reunión explicativa” con especialistas en la materia, “porque me parece que hay errores en su explicación”.
Fernández alegó que la también llamada “ley pro impunidad” no contempla el retiro de la inhabilitación de funcionarios, como dicen algunos juristas, ya que aún se estaría aplicando el artículo 426, que establece la norma contra la administración pública, tiene como pena conjunta la inhabilitación de funcionarios que cometieron actos de corrupción y no contempla la disminución del tiempo de inhabilitación.
“Eso pertenece a las normas generales del (Código Penal), y aunque no se diga en el artículo, se aplica”, acotó.
Gamarra explicó que es cierto que la cuestionada ley 29703 no descarta la aplicación de la inhabilitación, pero “lo que no explica la ministra es que sí se disminuye el tiempo de su aplicación a solo 3 años como máximo, pues antes era mayor y llegaba hasta 5 ó 6 años”.
La voz del gobierno La presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, descartó que la norma que modifica seis artículos del Código Penal busque impedir la sanción de delitos de corrupción y favorecer a funcionarios del gobierno. Explicó que el objetivo de esa norma fue básicamente la de aumentar las penas para los casos de los delitos contra la administración pública. “Lo que se puede verificar, si se compara el texto anterior de estos artículos con el texto aprobado por la 29703, es que hay un incremento de las penas”, subrayó Fernández.
Fuente: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=88170
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